En un escenario de creciente tensión política, los senadores Leonardo Roca y Branko Marinkovic, representantes del sector de Libre, han anunciado que impulsarán una revisión exhaustiva sobre el trabajo y el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que operan en Bolivia. Esta medida surge bajo la acusación de que dichas entidades estarían promoviendo conflictos sociales y buscando la desestabilización política del país. Paralelamente, un grupo de más de 70 organizaciones de la sociedad civil ha denunciado una escalada de estigmatización y amenazas contra su labor, exigiendo garantías inmediatas para el ejercicio de sus derechos fundamentales.
El senador de Alianza Libre, Leonardo Roca, ha sido uno de los críticos más vocales respecto al rol de estas organizaciones. Roca afirmó categóricamente que las movilizaciones indígenas y campesinas que se llevaron a cabo contra la Ley 1720 no fueron movimientos espontáneos surgidos de la base social, sino que fueron parte de una operación coordinada y financiada por organismos provenientes de Europa. Según el legislador, diversas ONG utilizaron recursos externos para influir en las comunidades indígenas, manipulando la información para generar descontento.
Roca detalló que, en su visión, se trató de una operación donde las ONG captaron dinero europeo y lo emplearon para engañar a las poblaciones indígenas, haciéndoles creer erróneamente que perderían sus tierras debido a la normativa vigente. Asimismo, el senador sostuvo que este conflicto fue diseñado en dos fases estratégicas: la primera orientada a lograr la abrogación de la norma y la segunda dirigida a forzar la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Para respaldar sus señalamientos, Roca mencionó específicamente a instituciones como CIPCA, Fundación Tierra, CEDIB, CEJIS y Fundación Solón, asegurando que estas entidades reciben millones de euros y que actuaron siguiendo un mismo libreto para desestabilizar el orden establecido.
En concordancia con esta postura, el empresario y político Branko Marinkovic, quien fue el impulsor de la aprobación de la Ley 1720, sostuvo que existe un volumen considerable de financiamiento externo destinado a desestabilizar al Gobierno boliviano. Marinkovic adelantó que solicitarán formalmente al Poder Ejecutivo que verifique las actividades y el origen de los fondos de estas organizaciones. Además, el político indicó que se impulsarán la creación de nuevas normas que tengan un enfoque más regionalizado y autonómico, con el objetivo de reemplazar la cuestionada Ley 1720.
Ante estas acusaciones, la sociedad civil organizada ha reaccionado con un pronunciamiento conjunto firmado por 71 organizaciones. En el documento, expresan una profunda preocupación por lo que califican como ataques sistemáticos contra su trabajo. Las entidades señalan que los discursos emitidos por autoridades y actores políticos tienen como único objetivo deslegitimar su rol histórico en la defensa de los derechos humanos, la promoción de la transparencia y el fortalecimiento del sistema democrático en Bolivia.
El comunicado es enfático al rechazar la narrativa de que su labor sea lucrativa, señalando que el trabajo de la sociedad civil organizada no es un negocio, sino el ejercicio vivo de la ciudadanía. En este sentido, rechazan cualquier intento de criminalización o la imposición de restricciones legales que hayan sido impulsadas en diversos momentos dentro del país.
Las organizaciones demandan el cese inmediato de la estigmatización y solicitan garantías reales para el ejercicio de las libertades de asociación y expresión. Asimismo, instan a la apertura de un diálogo democrático sobre cualquier normativa que pretenda afectar el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil. Finalmente, el grupo de organizaciones alertó a la comunidad nacional e internacional sobre lo que consideran señales claras de un retroceso democrático en Bolivia, coincidiendo esto con la reciente abrogación de la Ley 1720 por parte del Legislativo y el presidente Rodrigo Paz el 13 de mayo de 2026, quien anunció la elaboración de una nueva normativa sobre la tierra basada en consensos.
