El proceso judicial relacionado con el polémico desalojo en los terrenos del Fundo Oquendo, ubicado en el Callao, ha alcanzado una etapa decisiva con el inicio del juicio oral en la sala penal especial de la Corte Suprema. En este escenario, el Fiscal Supremo Jorge Bernal Cavero ha solicitado formalmente una condena de 16 años de prisión contra el ex juez superior Daniel Adriano Peirano Sánchez, quien se encuentra procesado por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión. El juicio está siendo presidido por el Juez Supremo José Neyra Flores.
Durante su intervención, el Fiscal Bernal Cavero calificó el caso Oquendo como un hecho paradigmático dentro de los juicios por corrupción que se llevan a cabo en el Callao. Según la tesis fiscal, este proceso es una demostración clara de cómo se instrumentalizó la función de la justicia para satisfacer intereses particulares. El Ministerio Público sostiene que existió un sistema donde se ofrecía estabilidad laboral a aquellos jueces que acataban las disposiciones directas del Presidente de la Corte, lo que llevó al Fiscal a afirmar que hubo una "mercantilización de la justicia penal en el Callao".
La acusación fiscal se fundamenta en la intervención irregular del entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao en un proceso de desalojo que involucraba predios propiedad de la familia Mujica Pinilla. De acuerdo con los hechos validados por la fiscalía, Peirano Sánchez reconoció haber recibido al representante legal de dicha familia. Posteriormente, el magistrado convocó a su despacho a la entonces jueza Julia Vivero Diez, a quien le indicó que debía "ver bien" el asunto y actuar con cuidado, argumentando la existencia de quejas previas.
El Ministerio Público ha acreditado que, previo a la ejecución del lanzamiento programado para mayo de 2012, la jueza Vivero fue retirada de su cargo. En su lugar, fue nombrada temporalmente la magistrada Kelly Ocampo Preciado, quien, siguiendo las indicaciones de Peirano, dejó sin efecto la medida de expulsión del predio. Estos elementos de convicción son los que ahora deben ser evaluados por la Corte Suprema para determinar la responsabilidad penal de los implicados.
Las investigaciones del Ministerio Público han permitido establecer que Peirano Sánchez no actuó solo, sino que participó en eventos delictivos destinados a direccionar decisiones judiciales en complicidad con las ex juezas Kelly Ocampo Preciado y Vilma Nuñez Roman. Para ambas magistradas, la Fiscalía ha solicitado una pena privativa de libertad de 09 años.
El alcance de la acusación se extiende también a los actores privados involucrados en la trama. El fiscal ha solicitado 08 años de cárcel para el abogado Victor Condorcahuana Roca, quien actuó como representante de los Mujica Pinilla. Asimismo, la misma pena de ocho años ha sido requerida para Marissa y Ramón Elias Mujica Pinilla, hermanos y litigantes por la posesión del predio. A todos los mencionados se les acusa de haber cometido el delito de cohecho activo específico.
La controversia legal por el Fundo Oquendo ha sido objeto de investigaciones durante varios años. En el año 2015, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) ya había propuesto la destitución de Peirano Sánchez debido a su actuación en este caso, señalando que el magistrado mantuvo reuniones con una persona que estaba siendo investigada por usurpación vinculada a los mismos terrenos.
En la fase final de las pesquisas, la Fiscalía de la Nación abrió una indagatoria contra el Juez Supremo y ex presidente del Poder Judicial, César San Martin Castro. Esta acción se derivó de la confesión del propio ex presidente de la Corte del Callao, quien afirmó que San Martin intervino para ejercer presiones sobre Peirano Sánchez.
Este caso vuelve a poner bajo el escrutinio público la actuación de diversos magistrados que participaron en las decisiones judiciales sobre el Fundo Oquendo, analizando las circunstancias en las que se adoptaron medidas procesales con el objetivo de favorecer a una de las partes en disputa. Finalmente, durante la audiencia de apertura del juicio oral, el Procurador Vicente Herrera Taype solicitó que se imponga una reparación civil de 300 mil soles, la cual deberá ser pagada de forma solidaria por los procesados a favor del Estado.
