La relación entre el Ejecutivo nacional y la Fiscalía General de la Nación ha entrado en una fase de abierta confrontación debido a la implementación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). El conflicto se originó a raíz de la intención del Gobierno de trasladar a integrantes de la estructura armada del Clan del Golfo a estas zonas a finales de junio, una medida que incluye la solicitud de suspender 29 órdenes de captura contra cabecillas del grupo para facilitar su ingreso a los sitios previstos para iniciar el próximo 25 de junio. Entre los beneficiarios de esta solicitud se encontraba alias Chiquito Malo, uno de los líderes más temidos de la organización y quien cuenta con una orden de extradición hacia los Estados Unidos.
Ante este requerimiento, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, emitió un documento contundente en el cual rechazó la suspensión automática e inmediata de las órdenes de captura. A través de una resolución, el despacho de la fiscalía advirtió que no se concederán beneficios generales, sino que se llevará a cabo una verificación individual y exhaustiva de cada una de las personas solicitadas. Este proceso incluirá la revisión de la identidad de los sujetos, su situación jurídica actual y la comprobación real de su pertenencia al grupo armado. La fiscal general enfatizó que dicha verificación no puede basarse únicamente en la información suministrada por los miembros del grupo criminal, sino que debe ser ejecutada por autoridades del Estado mediante mecanismos claros, trazables y verificables de identificación, movilidad y permanencia.
Más allá de la verificación de identidad, la Fiscalía condicionó cualquier avance en este proceso a la presentación de hechos verificables. Entre los requisitos exigidos por Camargo se encuentran la desarticulación de las estructuras armadas, la suspensión de conductas que vulneren el derecho internacional humanitario (DIH) o el derecho internacional de los derechos humanos (DIDH), la entrega de menores víctimas de reclutamiento forzado, la ubicación de personas desaparecidas, la entrega de armamento y la cesación total de las hostilidades contra la población civil, además del desminado en las zonas correspondientes. El documento deja claro que, actualmente, el Clan del Golfo no cumple con estos criterios. Asimismo, la fiscal general subrayó que la existencia de las ZUT no implica la suspensión de las investigaciones penales ni otorga una autorización general de movilidad para los integrantes del grupo.
A esta postura se sumó la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien alertó que la suspensión de las órdenes de captura podría generar incentivos perversos dentro del proceso. En respuesta a estas alertas, el presidente Gustavo Petro intervino a través de la red social X para advertir que la conducción de la política de paz es una facultad exclusiva del jefe de Estado. El mandatario defendió su capacidad constitucional para determinar cuándo un proceso de paz entra en una fase avanzada, aunque simultáneamente desautorizó a la Comisión de Paz por haber incluido en la lista a cabecillas con procesos de extradición sin haber consultado previamente con él.
El presidente Petro aclaró que no ha suspendido la extradición de alias Chiquito Malo y ordenó la reconstrucción inmediata del listado de aproximadamente 400 integrantes que serían trasladados a las ZUT en el sur de Córdoba, excluyendo a cualquier persona solicitada en extradición. Según el mandatario, el beneficio de evitar la extradición solo podrá evaluarse en etapas posteriores y estará estrictamente condicionado al cumplimiento integral de los acuerdos.
Sin embargo, la tensión aumentó cuando el alto comisionado para la paz, Otty Patiño, publicó un comunicado en el que sostuvo que la suspensión de las órdenes de captura no depende de la discrecionalidad de la Fiscalía. Patiño argumentó que dicha suspensión opera de manera automática por mandato de la Ley 2272 de 2022 durante el desplazamiento y la permanencia de los integrantes en las ZUT. El comisionado expresó su preocupación por la interpretación de la fiscal Camargo, sugiriendo que se está subordinando la aplicación de la ley a valoraciones adicionales no previstas por el legislador. Además, Patiño cuestionó la coherencia de la fiscal, recordándole que en enero pasado había reconocido que la suspensión de capturas operaba de pleno derecho.
Finalmente, el comisionado insistió en que corresponde únicamente al presidente evaluar el estado del proceso de paz, señalando que dicha condición ya fue reconocida mediante la creación oficial de tres ZUT para el Clan del Golfo desde diciembre de 2025. Patiño aseguró que sus actuaciones se han desarrollado en estricto cumplimiento de la Constitución y la ley, sin pretender sustituir las competencias de la Fiscalía ni interferir en la acción penal. Este pulso institucional evidencia una fractura en tres niveles: una Fiscalía que exige garantías y respeto a compromisos internacionales, un presidente que impulsa la paz pero pone límites a los extraditables, y un comisionado de paz que reclama la aplicación automática de la normativa legal vigente.
