En el tramo final de su camino hacia la segunda vuelta presidencial, el candidato Iván Cepeda se enfrenta a un escenario jurídico complejo. Mientras las encuestas sugieren una suerte asegurada para el aspirante de izquierda, el despacho de la magistrada Maritza Martínez, integrante del Consejo Nacional Electoral (CNE), avanza en una indagación que podría complicar significativamente su situación legal. El núcleo del problema radica en una serie de presuntas irregularidades en la financiación de su campaña durante la consulta del Pacto Histórico realizada el pasado 26 de octubre de 2025, proceso mediante el cual Cepeda se consolidó como el candidato presidencial de su sector.
La controversia salió a la luz luego de que Juan Martín Bravo, exconcejal de Cali, radicara una queja formal ante el CNE. En dicho documento, Bravo denunció una posible financiación irregular y la violación de los topes de campaña. Tras un análisis del expediente, se detectaron inconsistencias graves en el reporte de contribuciones y donaciones de particulares que Cepeda presentó ante el Fondo Nacional de Financiación Política. Específicamente, en la plataforma Cuentas Claras aparece registrada la empresa Samat Publicidad S.A.S. como una entidad que donó la suma de 609.399.000 pesos. A este monto se le suma un aporte adicional de 116.151.000 pesos realizado por Javier Antonio Pérez Páez, quien se desempeña como el representante legal de dicha compañía.
Sin embargo, la realidad financiera de la empresa pone en duda la veracidad de estos registros. Según el certificado de la Cámara de Comercio obtenido por SEMANA, la empresa de publicidad, con sede en Barranquilla, cuenta con un capital social de apenas 20 millones de pesos. Este dato genera interrogantes profundos sobre la capacidad real de una empresa de tal magnitud para donar más de 700 millones de pesos a una campaña electoral, así como el origen real de dichos fondos. Debido a estas discrepancias, el caso no solo es objeto de estudio del CNE, sino que también ha llamado la atención de la Fiscalía y la Dian.
Al ser contactado, Javier Antonio Pérez Páez desmintió categóricamente haber realizado donaciones a la campaña de Iván Cepeda. El empresario afirmó tajantemente: “No he donado, yo no aporté nada”. Aunque reconoció que la cédula que figura en el certificado es la suya, aseguró que no hizo aportes voluntarios. Según la explicación de Pérez Páez, la relación con la campaña fue estrictamente comercial. El empresario sostiene que vendió servicios de publicidad a través de un esquema de crédito, bajo el acuerdo de que el Polo Democrático le pagaría una vez recibiera los fondos correspondientes a la reposición de votos.
El representante legal de Samat Publicidad, cuya empresa se dedica a la impresión, publicidad, confecciones textiles y comercialización de materiales de construcción, sugirió que podría existir un error en el reporte de gastos de la campaña de Cepeda o una equivocación del CNE al publicar la información. Pérez Páez enfatizó que no posee el dinero necesario para realizar tales donaciones y que cuenta con las facturas correspondientes que fueron entregadas a la campaña. Asimismo, aclaró que su vínculo con el partido se dio a través de Antonio Peñalosa, secretario general del Polo Democrático, con quien ha trabajado durante más de diez años, aunque recalcó que no participa activamente en política.
Este testimonio abre una interrogante crítica: si el monto reportado corresponde a un pago por servicios y no a una donación, ¿por qué aparece registrado como tal en Cuentas Claras? Existe la sospecha de que se haya intentado disfrazar un gasto de campaña como una donación para reducir la cifra total de gastos reportados.
A pesar de la gravedad de los hechos, es improbable que el actual cuerpo de nueve magistrados del CNE emita un fallo inmediato, ya que solo les quedan tres meses de mandato y la decisión recaerá probablemente en los nuevos togados elegidos por el próximo Congreso. En el tribunal se estima que, desde el punto de vista estrictamente jurídico sobre los topes, podría no haber sanción, ya que Cepeda reportó gastos por 964 millones de pesos, cifra muy inferior al límite permitido de 3.040 millones. Además, los créditos por suministros de propaganda no se computan dentro del tope del 10 por ciento de aportes de particulares.
No obstante, la situación es crítica para Javier Pérez Páez. El empresario deberá responder ante la Dian y la Fiscalía para justificar cómo una empresa con un capital de 20 millones de pesos pudo otorgar un crédito de 725 millones de pesos, especialmente habiendo admitido que carece de liquidez económica para financiar anticipadamente a sus proveedores y empleados. La resolución final sobre la campaña de Cepeda se dará, según se prevé, después de la segunda vuelta presidencial.
