A 21 días de cumplirse seis años de la muerte de la subteniente Anyi Lorena Pérez Gómez, adscrita al Departamento de Policía de Sucre, el camino hacia la justicia sigue siendo incierto. Lo que comenzó como una investigación por la muerte violenta de una oficial de policía se ha transformado en un laberinto procesal donde la Fiscalía General de la Nación aún no ha logrado establecer con claridad cuál es el delito que debe investigarse, dejando a la familia de la víctima en un estado de total desprotección e indignación.
El caso, que tuvo lugar el 31 de mayo de 2020 en el barrio Santa Catalina de la ciudad de Sincelejo, ocurrió precisamente durante el inicio del confinamiento por la pandemia de la Covid-19. La subteniente Pérez Gómez ingresó sin signos vitales a la sala de urgencias del Hospital Universitario de Sincelejo (HUS) con una herida de bala que le causó la muerte. En la escena del crimen se encontraba su pareja sentimental, el suboficial de la Policía Yeison Orozco Orozco.
La gestión del ente investigador ha sido calificada como desidiosa por Salvador Gutiérrez Lombana, abogado de la familia y coronel retirado de la Policía. Según Gutiérrez, en estos seis años el proceso ha pasado por las manos de cuatro fiscales seccionales diferentes. Cada uno de estos funcionarios ha manejado tesis distintas sobre el caso, pero ninguno ha logrado avanzar significativamente en el proceso, lo que ha generado una sensación de impunidad.
En un principio, la entonces fiscal 23 Seccional, Soraya Díaz, calificó los hechos como un feminicidio. Posteriormente, el caso fue asumido por el fiscal Manuel Cordero Ibáñez, quien cambió la tipificación a homicidio y llevó a cabo diversas reconstrucciones de los hechos en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, la situación dio un giro drástico con la llegada de los fiscales Michel Gómez y Beysa Poala Martínez, quienes solicitaron la preclusión del proceso basándose en el argumento de la atipicidad.
El abogado de la familia sostiene que es absurdo solicitar la preclusión por atipicidad y afirma que dicha condición podría aplicarse más bien a los fiscales, debido a que no han realizado una investigación exhaustiva ni han valorado adecuadamente las pruebas existentes en el expediente.
Ante la solicitud de cierre del caso, el juez Tercero Penal del Circuito de Sincelejo, Juan Carlos Castilla Cruz, se opuso a la preclusión. Esta decisión fue respaldada tanto por la defensa de la familia Pérez Gómez como por la Procuraduría Judicial. No obstante, la fiscal Beysa Martínez y el abogado de Yeison Orozco Orozco apelaron dicha determinación, lo que trasladó el proceso a la Sala Primera Penal del Tribunal Superior de Justicia de Sincelejo. Actualmente, el expediente se encuentra en el despacho del magistrado Carlos Barreto, quien deberá analizar los hechos y definir si el proceso penal continúa o si se acepta la preclusión.
Durante las audiencias, la fiscal Beysa Martínez sostuvo que el delito de homicidio es atípico y argumentó que el día de los hechos la subteniente estaba consumiendo cerveza, dato que fue confirmado mediante una prueba de toxicología realizada en Bogotá. Asimismo, la fiscal hizo referencias al carácter fuerte de la joven oficial para intentar sustentar su tesis. Estas declaraciones fueron rechazadas por quienes conocieron a la subteniente, describiéndola como una mujer carismática, apreciada por la ciudadanía sincelejana y siempre caracterizada por su sonrisa.
Por su parte, la familia de la oficial, especialmente su madre y su hermana, han negado rotundamente que Anyi tuviera comportamientos suicidas, hipótesis que también ha sido planteada por la Fiscalía. Aunque reconocen que podía tener problemas de pareja, insisten en que ella era una mujer feliz.
Esta línea argumental de la Fiscalía fue duramente criticada por el procurador judicial Miguel Pérez, quien manifestó su desacuerdo con las expresiones de la fiscal al presentar a la fallecida como una mujer celosa. Según el procurador, la Fiscalía ha recurrido a estereotipos de género que revictimizan a la mujer en lugar de basarse en pruebas directas. Pérez afirmó que existen más elementos punibles que atípicos en el caso y solicitó a la segunda instancia mantener la decisión del juez de primera instancia para que el proceso avance.
Finalmente, el abogado Salvador Gutiérrez ratificó que ha habido una negligencia sistemática, señalando que la última fiscal ni siquiera se ha leído el proceso completo. Una de las críticas más severas recae sobre el hecho de que Yeison Orozco Orozco, esposo de la víctima y también miembro de la Policía, no ha sido imputado a pesar de haber estado presente en la escena, y ha tenido acceso anticipado a las pruebas del expediente a través de sus abogados.
