La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves 26 de marzo de 2026 la imposición de prisión perpetua a menores de 18 años acusados de homicidio, violación y terrorismo, en un contexto de endurecimiento de la legislación impulsado por el presidente Nayib Bukele en su “guerra” contra las pandillas, que cumple cuatro años. La reforma a la Ley Penal Juvenil introduce la pena de prisión perpetua como una medida excepcional para menores en conflicto con la ley penal, marcando un cambio significativo en el sistema de justicia juvenil del país.
La reforma establece la inaplicabilidad del procedimiento especial juvenil que existía para estos delitos graves, pero contempla revisiones periódicas de la pena perpetua para evaluar el nivel de rehabilitación y el riesgo que representa el individuo, con la posibilidad de acceder a un régimen de libertad controlada. Esta medida se aprobó a propuesta del presidente Bukele, quien ha defendido la necesidad de endurecer las penas para combatir la criminalidad y garantizar la seguridad ciudadana.
La decisión ha generado controversia y críticas por parte de organizaciones no gubernamentales (ONG) que acusan al gobierno de Bukele de cometer “crímenes de lesa humanidad” en su lucha contra la delincuencia. Estas organizaciones argumentan que la reforma viola los derechos humanos de los menores y contraviene las normas internacionales en materia de justicia juvenil.
El texto de la reforma precisa que la pena perpetua se aplicará únicamente a los homicidas, violadores y terroristas, entendiendo a estos últimos como miembros de pandillas. La aprobación de la reforma contó con el respaldo de 58 de los 60 diputados del Congreso unicameral, lo que demuestra el amplio apoyo que tiene la política de mano dura del presidente Bukele en la Asamblea Legislativa. La reforma entrará en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, celebró la aprobación de la reforma, asegurando que “le hemos dado a las familias salvadoreñas la tranquilidad de que ninguno de estos criminales volverá a ver la luz del sol”. Esta declaración refleja la percepción de la población, que se siente amenazada por la violencia de las pandillas y apoya las medidas drásticas adoptadas por el gobierno para combatirlas.
Sin embargo, la reforma también ha suscitado preocupación entre algunos sectores de la oposición y la sociedad civil. El diputado de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Francisco Lira, lamentó que “miles” de salvadoreños “sin vínculo de pandillas” sigan “esperando un juicio justo” y advirtió que “gente buena está pagando por algo que no hizo”. Esta crítica pone de manifiesto la preocupación por las posibles injusticias y errores judiciales que puedan ocurrir en el contexto del régimen de excepción que rige en el país.
Además de la reforma a la Ley Penal Juvenil, el Parlamento aprobó reformas al Código Penal que establecen que los juzgados de lo Criminal tendrán “competencia exclusiva” en los procesos contra adultos y menores de edad que cometan delitos sancionados con prisión perpetua. Estos mismos tribunales realizarán la “revisión obligatoria” de la pena perpetua y podrán otorgar un “régimen de libertad controlada” en el caso de delitos cometidos por menores de edad que hayan cumplido 25 años de prisión, y en el caso de adultos, cuando hayan purgado entre 30 y 40 años de prisión.
La legislación salvadoreña tenía como condena máxima 60 años, con mecanismos de reducción de sentencia por buena conducta o por trabajos para la comunidad. La aprobación de la prisión perpetua elimina estos mecanismos y endurece significativamente las penas para los delitos más graves.
En la misma sesión, el Parlamento prorrogó por 30 días más el régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial, justo cuando se cumplen cuatro años de su implementación. Este régimen de excepción ha sido fundamental para la “guerra” contra las pandillas del presidente Bukele, permitiendo la detención de 91.650 presuntos pandilleros, según fuentes oficiales. De estos, unos 8.000 fueron liberados por ser inocentes, aunque organizaciones de derechos humanos denuncian que muchos inocentes permanecen tras las rejas.
La política de mano dura del presidente Bukele ha logrado una reducción significativa de la violencia en El Salvador, pero también ha generado controversia y críticas por sus posibles violaciones a los derechos humanos. La aprobación de la prisión perpetua para menores de edad es un ejemplo de esta política, que busca combatir la criminalidad a cualquier costo, incluso a costa de las garantías fundamentales de los individuos. La comunidad internacional observa con preocupación la evolución de la situación en El Salvador y exige al gobierno que respete los derechos humanos y el debido proceso legal.
