La creciente morosidad en el pago de expensas en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires se ha convertido en una señal de alarma para los administradores de consorcios y un reflejo de la difícil situación económica que atraviesan las familias argentinas. Un reciente relevamiento de la plataforma ConsorcioAbierto revela que el 19% de las unidades funcionales se encuentran en deuda por los gastos de mantenimiento de sus edificios, un porcentaje que supera la morosidad “estructural” del 17% registrada en años anteriores.
Este incremento, aunque no abrupto, según Albano Laiuppa, director de ConsorcioAbierto, es un cambio que merece una atención particular. La falta de pago genera un efecto dominó dentro de los consorcios, donde los propietarios que cumplen con sus obligaciones terminan asumiendo temporalmente los costos de aquellos que se encuentran en mora, afectando la estabilidad financiera de la comunidad.
El costo de esta financiación interna no es gratuito. Durante el mes de enero, las tasas de interés promedio aplicadas por mora alcanzaron el 4,8% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 6,1% en la provincia de Buenos Aires. Estas cifras evidencian el encarecimiento de mantener un edificio en funcionamiento cuando una parte significativa de los propietarios no puede hacer frente a sus obligaciones.
La situación de las expensas no es un fenómeno aislado, sino que se enmarca en un contexto más amplio de creciente endeudamiento de los hogares argentinos. Los datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) muestran que la morosidad en los préstamos bancarios alcanzó un récord del 9,3% a nivel nacional, lo que indica una dificultad generalizada para cumplir con las obligaciones financieras.
Para entender por qué las expensas se han vuelto tan pesadas para el bolsillo de los argentinos, el informe de Octopus Proptech revela que apenas cuatro rubros concentran el 79% del valor total de las boletas mensuales. El componente más significativo sigue siendo el de los salarios de encargados y las cargas sociales, que representan el 32,02% del gasto total. Le siguen, en orden de importancia, el mantenimiento general del edificio, los abonos de servicios (ascensores, porteros eléctricos, etc.) y los servicios públicos (agua, luz, gas).
Los valores promedio de las expensas varían según el tipo de edificio, la ubicación y los servicios incluidos, pero todos los informes consultados coinciden en que la cifra ya representa una parte sustancial de un salario mínimo o una jubilación. Esto significa que muchas familias deben destinar una proporción considerable de sus ingresos a cubrir los gastos de mantenimiento de sus viviendas, lo que limita su capacidad para hacer frente a otras necesidades básicas.
La brecha entre los precios de las expensas y los ingresos familiares pone en alerta a los administradores de consorcios, quienes advierten que la gestión del presupuesto se vuelve cada vez más compleja en un contexto de gastos fijos que no dan tregua y una pérdida continua del poder adquisitivo de los hogares. La situación se agrava aún más por la inflación, que erosiona el valor de los ingresos y obliga a los consorcios a ajustar las expensas de forma periódica para cubrir el aumento de los costos.
Ante este panorama, los administradores de consorcios se enfrentan al desafío de encontrar soluciones creativas para reducir los gastos y mejorar la eficiencia en la gestión de los edificios. Algunas de las medidas que se están implementando incluyen la negociación con proveedores, la optimización del consumo de energía y agua, la búsqueda de alternativas más económicas para el mantenimiento y la implementación de tecnologías que permitan automatizar tareas y reducir costos.
Sin embargo, estas medidas no son suficientes para revertir la tendencia de aumento de las expensas, que se ve impulsada por factores macroeconómicos que escapan al control de los administradores de consorcios. La inflación, la devaluación del peso y la incertidumbre económica son factores que contribuyen a aumentar los costos de los servicios y materiales necesarios para el mantenimiento de los edificios.
La morosidad en el pago de expensas no solo afecta la estabilidad financiera de los consorcios, sino que también puede tener consecuencias negativas para la calidad de vida de los residentes. La falta de fondos puede obligar a los administradores a postergar o suspender obras de mantenimiento, lo que puede afectar la seguridad y el confort de los edificios. Además, la morosidad puede generar conflictos entre los propietarios y deteriorar el clima de convivencia en la comunidad.
En este contexto, es fundamental que los propietarios tomen conciencia de la importancia de cumplir con sus obligaciones de pago y que los administradores de consorcios adopten medidas transparentes y eficientes para gestionar los recursos y garantizar la sostenibilidad financiera de los edificios. La colaboración entre propietarios y administradores es clave para superar este desafío y mantener la calidad de vida en las comunidades de vecinos.
La situación actual exige una mirada integral que involucre a las autoridades gubernamentales, quienes deben implementar políticas que promuevan la estabilidad económica y protejan el poder adquisitivo de los ciudadanos. La creación de programas de asistencia para familias de bajos ingresos y la regulación de los precios de los servicios básicos son medidas que podrían contribuir a aliviar la carga financiera que pesan sobre los hogares argentinos y a reducir la morosidad en el pago de expensas.
