El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha reconocido la creciente incidencia de la “guerra sucia” en las actuales elecciones subnacionales, con un enfoque particular en las tácticas empleadas a través de las redes sociales. El presidente del TSE, Gustavo Ávila, reveló que la institución está colaborando estrechamente con la policía cibernética y organizaciones de verificación de datos como Chequea Bolivia y Bolivia Verifica para identificar y exponer a los responsables de la difusión de información falsa y ataques difamatorios. Si bien las sanciones para los infractores no incluirán inhabilitaciones, el TSE advierte que se aplicarán medidas correctivas para frenar estas prácticas antidemocráticas.
La declaración de Ávila se produce en la recta final de la campaña electoral, programada para el 22 de marzo, cuando los candidatos intensifican sus esfuerzos para captar el voto de los ciudadanos. El presidente del TSE admitió que la naturaleza subjetiva de la “guerra sucia” dificulta su persecución, ya que los actores políticos suelen ser cautelosos al recurrir a estas tácticas. Sin embargo, enfatizó que las redes sociales se han convertido en el principal campo de batalla para este tipo de acciones, con el uso de “granjas de trolls” y cuentas falsas para amplificar la difusión de mensajes negativos y desinformación.
“Es en las redes sociales, pero utilizan granjas de trolls, cuentas falsas, es muy difícil identificar. Comentarle que hemos tenido una reunión con la policía cibernética, nos está ayudando a investigar estos hechos. Además, Chequea Bolivia o Bolivia Verifica que son nuestros aliados, están realizando investigaciones también de qué organizaciones políticas están produciendo más ataques de guerra sucia y lo vamos a mostrar y lo vamos a exponer”, advirtió Ávila en una reciente conferencia de prensa.
La colaboración con la policía cibernética es crucial para rastrear el origen de los ataques y determinar la identidad de los responsables. Sin embargo, Ávila reconoció que la identificación de las cuentas falsas y las “granjas de trolls” es un desafío complejo, ya que estos actores suelen utilizar técnicas sofisticadas para ocultar su identidad y evadir la detección.
Por otro lado, la alianza con Chequea Bolivia y Bolivia Verifica permitirá al TSE verificar la veracidad de la información que circula en las redes sociales y desacreditar los mensajes falsos o engañosos. Estas organizaciones se encargarán de analizar el contenido de las publicaciones y determinar si se ajustan a los hechos reales, proporcionando información objetiva y transparente a los ciudadanos.
En cuanto a las sanciones para los infractores, Ávila aclaró que el TSE no tiene la facultad de inhabilitar a los candidatos por incurrir en prácticas de “guerra sucia”. La legislación vigente establece causales específicas para la inhabilitación, que no incluyen este tipo de acciones. Sin embargo, el TSE podrá aplicar otras medidas correctivas, como multas o la obligación de rectificar la información falsa difundida.
“Lo que pasa es que las inhabilitaciones ya están establecidas en la ley con ciertas causales. Y nosotros como autoridad jurisdiccional o jueces, como ustedes quieran llamarnos, tenemos que cumplir la ley y sólo podemos inhabilitar a candidatos por esas causales”, explicó Ávila.
La decisión del TSE de no inhabilitar a los candidatos por “guerra sucia” ha generado críticas por parte de algunos sectores de la sociedad, que consideran que esta medida es insuficiente para disuadir a los actores políticos de recurrir a estas prácticas. Sin embargo, Ávila defendió la postura del TSE, argumentando que la institución debe actuar dentro del marco legal vigente y que la inhabilitación de un candidato por este motivo podría ser considerada una medida desproporcionada.
En paralelo a los esfuerzos del TSE por combatir la “guerra sucia”, organizaciones de la sociedad civil están desplegando más de 2.000 veedores en todo el país para monitorear el proceso electoral y garantizar su transparencia. Estos observadores se encargarán de verificar el cumplimiento de las normas electorales, detectar posibles irregularidades y denunciar cualquier intento de manipulación o fraude.
La preocupación por la “guerra sucia” en las elecciones subnacionales se suma a otros desafíos que enfrenta el TSE, como la actualización del padrón electoral y la garantía de la seguridad de los sistemas de votación electrónica. El TSE ha anunciado que, una vez finalizadas las elecciones, se dedicará a la actualización del padrón electoral para garantizar que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de ejercer su derecho al voto en futuros comicios.
Además, el TSE está trabajando en la mejora de la seguridad de los sistemas de votación electrónica para prevenir posibles ataques cibernéticos o manipulaciones. La institución ha contratado a expertos en seguridad informática para realizar pruebas de vulnerabilidad y fortalecer las medidas de protección de los sistemas.
En otro orden de acontecimientos, la justicia ha dictado medidas cautelares contra varios funcionarios públicos y políticos acusados de delitos relacionados con la corrupción y el abuso de poder. En particular, se ha dispuesto que el concejal Medrano elimine videos en los que ataca al presidente del TSE, y se ha ratificado la detención preventiva de un capitalista de una empresa de seguridad involucrado en el caso de las “maletas”. Asimismo, se ha activado una alerta migratoria contra la exjefa de Aduana por el caso de los escáneres.
Estos casos demuestran el compromiso de la justicia con la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país. Sin embargo, algunos sectores de la sociedad han criticado la lentitud de los procesos judiciales y la falta de transparencia en las investigaciones.
En el ámbito económico, Paraguay ha aprobado la compra de carne boliviana en tres frigoríficos nacionales, lo que representa una oportunidad para fortalecer el comercio bilateral entre ambos países. Esta medida beneficiará a los productores de carne boliviana y contribuirá a la diversificación de las exportaciones del país.
En el ámbito social, un hombre ha sido sentenciado a 15 años de cárcel por suministrar un somnífero a su sobrino para abusar de él. Este caso ha generado indignación en la sociedad y ha puesto de manifiesto la necesidad de proteger a los niños y adolescentes de la violencia sexual.
Finalmente, se han revelado las cinco razones que evitaron la eliminación de las rentas vitalicias a los expresidentes, lo que ha generado controversia y críticas por parte de algunos sectores de la sociedad. La decisión de mantener las rentas vitalicias ha sido justificada por el gobierno argumentando que se trata de un derecho adquirido por los expresidentes y que su eliminación podría generar conflictos legales.
