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El partido Comunes, nacido de las cenizas del Acuerdo de Paz de 2016, se enfrenta a la disolución tras no alcanzar el umbral electoral necesario para mantener su personería jurídica en las elecciones legislativas de este domingo. Los resultados del preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil confirman lo que muchos temían: la colectividad no logró obtener el 3% de la votación nacional requerido, marcando un punto de inflexión en la historia política reciente de Colombia y poniendo en tela de juicio el futuro de la participación política de los excombatientes.
La desaparición de Comunes representa el fin de una etapa de transición y un duro golpe para el proceso de paz. El partido surgió como una herramienta fundamental para la reincorporación de los exintegrantes de las FARC-EP a la vida civil y política, garantizándoles durante dos periodos legislativos diez curules en el Congreso – cinco en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes. Esta representación especial fue un componente clave del Acuerdo de Paz, diseñado para asegurar que las voces de quienes alguna vez tomaron las armas tuvieran un espacio en la construcción de una paz estable y duradera.
La candidata al Senado por Comunes, Sandra Ramírez, una de las figuras más visibles del partido y quien buscaba su reelección en alianza con Fuerza Ciudadana, no logró obtener los votos suficientes para asegurar la representación del partido en el Congreso. La coalición Fuerza Ciudadana, en su conjunto, alcanzó los 114.599 votos con el 99,33% de las mesas informadas, pero Ramírez solo recibió 10.474 votos, un resultado insuficiente para superar el umbral electoral y, por ende, para mantener la personería jurídica de Comunes.
Este desenlace plantea interrogantes sobre el futuro de los excombatientes en la política colombiana y sobre la sostenibilidad del proceso de paz. La pérdida de la personería jurídica implica que Comunes ya no podrá presentar candidatos en futuras elecciones, ni acceder a los recursos y beneficios que corresponden a los partidos políticos reconocidos. Esto podría dificultar aún más la reincorporación de los excombatientes a la vida civil y aumentar el riesgo de que algunos de ellos vuelvan a las armas.
Sin embargo, la jornada electoral no estuvo exenta de controversias. El partido Comunes, junto con la Coalición Fuerza Ciudadana, denunció una serie de irregularidades que, según aseguran, afectaron las garantías democráticas del proceso. En un comunicado conjunto, denunciaron “impedimentos para ingresar a los puestos de votación, suplantación de votantes, limitaciones para vigilar determinadas mesas o prohibición de realizar registros de las irregularidades reportadas durante la jornada”.
Las denuncias también incluyeron presuntas intervenciones indebidas en el proceso electoral, como “indicaciones a ciudadanos sobre por quién votar, incluso por autoridades administrativas y políticas, o presencia de estructuras externas a los puestos de votación que podrían influir en la decisión de los electores”. Estas acusaciones, según el partido, provienen de diversos territorios del país, incluyendo Bogotá, Caquetá, Cauca, Antioquia, Bolívar y Atlántico.
Comunes aseguró que continuará realizando seguimiento a la jornada electoral y advirtió que la persistencia de estas situaciones “configura un riesgo palpable para el desarrollo democrático de la jornada electoral”. La denuncia de irregularidades añade una capa de complejidad a la situación y plantea dudas sobre la transparencia del proceso electoral.
La desaparición de Comunes no solo representa un revés para el proceso de paz, sino también un desafío para el sistema de partidos colombiano. El partido, a pesar de sus limitaciones, desempeñó un papel importante en la defensa de los derechos de las víctimas del conflicto armado y en la promoción de la reconciliación nacional. Su ausencia en el Congreso podría dejar un vacío en la representación de los intereses de las comunidades afectadas por la violencia.
El futuro de los excombatientes en la política colombiana es incierto. Algunos podrían buscar integrarse a otros partidos políticos, mientras que otros podrían optar por abandonar la arena política y dedicarse a otras actividades. Sin embargo, es fundamental que el Estado colombiano continúe brindando apoyo y garantías a los excombatientes para que puedan ejercer sus derechos políticos y participar plenamente en la vida democrática del país.
La pérdida de la personería jurídica de Comunes es un llamado de atención para el gobierno colombiano y para la comunidad internacional. Es necesario redoblar los esfuerzos para garantizar la implementación integral del Acuerdo de Paz y para proteger los derechos de los excombatientes. La paz en Colombia no es solo la ausencia de guerra, sino también la construcción de una sociedad más justa, equitativa e inclusiva. La desaparición de Comunes es un recordatorio de que el camino hacia la paz es largo y difícil, y que requiere el compromiso y la voluntad de todos los actores involucrados. La comunidad internacional debe seguir apoyando a Colombia en este proceso, brindando asistencia técnica y financiera para garantizar la sostenibilidad de la paz.
