El gobierno de Balcázar se encuentra en el ojo de la tormenta tras una controvertida decisión que ha desatado una ola de críticas y amenazas de censura. En medio de una profunda crisis energética, exacerbada por la reciente ruptura del ducto de gas natural y el consiguiente aumento en los precios de los combustibles, el Ejecutivo ha procedido a cambiar el directorio de PetroPerú, reemplazándolo por uno con claras inclinaciones hacia la privatización de la estatal petrolera. Esta medida, ejecutada en una reunión de junta general de accionistas realizada este viernes a las nueve de la noche, ha sido calificada como un “descaro” y una “traición” por parte de la oposición y analistas del sector.
La remoción del directorio anterior, que según fuentes internas, tenía planteadas soluciones para mitigar la crisis de liquidez que aqueja a PetroPerú, ha generado fuertes sospechas sobre las verdaderas intenciones del gobierno. La crisis financiera de la empresa, se recuerda, se originó a raíz de las declaraciones de la actual premier, Denisse Mirelles, quien, en su entonces rol de ministra, anunció públicamente que PetroPerú se encontraba al borde de la quiebra. Esta afirmación, considerada por muchos como irresponsable, provocó la retirada de la confianza de los agentes financieros, sumiendo a la empresa en una espiral de dificultades.
La decisión del gobierno se produce en un contexto particularmente delicado, con una acción de inconstitucionalidad admitida y pendiente de resolución contra el Decreto de Urgencia 010-2025, emitido durante el gobierno de José Jeri. Paradójicamente, el actual presidente Balcázar, en su momento como líder de la oposición, presentó una ley para anular dicho decreto, que facilitaba la privatización de PetroPerú. Sin embargo, ahora, en el poder, parece haber cambiado de parecer, permitiendo que Proinversion, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la propia Mirelles y José Salardi, actual jefe de plan de gobierno del partido de César Acuña, continúen con los esfuerzos para privatizar la empresa estatal.
La oposición, liderada por Waldemar Cerrón de Perú Libre, ha anunciado que no otorgará el voto de confianza al gabinete presidido por Mirelles el próximo 17 de marzo, en respuesta a esta polémica decisión. La falta de confianza podría llevar a la caída del gobierno en un momento crucial para el país.
Analistas del mercado de combustibles advierten que la privatización de PetroPerú, en las actuales circunstancias, podría tener consecuencias devastadoras para la economía nacional. Se estima que los precios de las gasolinas podrían dispararse hasta los 30 soles por galón, lo que afectaría gravemente el bolsillo de los ciudadanos y podría generar una mayor inestabilidad social.
La estrategia detrás de esta jugada gubernamental es vista con escepticismo por expertos en la materia. Se argumenta que el gobierno busca aprovechar la crisis para vender PetroPerú a un precio irrisorio, beneficiando a intereses privados en detrimento del patrimonio nacional. La falta de transparencia en el proceso y la celeridad con la que se están llevando a cabo las acciones han alimentado las sospechas de corrupción y tráfico de influencias.
La situación se complica aún más por la falta de una estrategia clara para enfrentar la crisis energética. En lugar de enfocarse en solucionar los problemas del ducto de gas natural y garantizar el suministro de combustibles, el gobierno parece estar más interesado en deshacerse de PetroPerú, dejando al país vulnerable ante posibles fluctuaciones en los precios internacionales del petróleo.
La controversia ha generado un amplio debate público sobre el rol del Estado en la economía y la importancia de preservar las empresas estratégicas para el desarrollo nacional. Organizaciones sociales y sindicatos han convocado a protestas y movilizaciones para exigir la renuncia de los responsables y la paralización del proceso de privatización.
El futuro de PetroPerú y, por ende, la seguridad energética del país, penden de un hilo. La decisión del gobierno de Balcázar ha abierto una nueva crisis política y económica que podría tener consecuencias impredecibles para el Perú. La ciudadanía observa con preocupación el desarrollo de los acontecimientos, esperando que las autoridades tomen medidas responsables y protejan los intereses nacionales. La pregunta que todos se hacen es si el gobierno está dispuesto a sacrificar el bienestar del país en aras de una privatización que solo beneficiaría a unos pocos. La respuesta, sin duda, determinará el rumbo del Perú en los próximos años.
