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Bogotá, 5 de marzo de 2026 – A tan solo 72 horas de las cruciales elecciones legislativas, una controversia de gran magnitud amenaza con socavar la transparencia y la vigilancia del proceso electoral en Colombia. Organismos de control como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las Personerías y la Fiscalía General de la Nación se encuentran a la espera de una corrección urgente a un artículo del Decreto 0188 de 2026 que, de mantenerse vigente, los dejaría virtualmente imposibilitados para realizar un seguimiento efectivo de la jornada electoral.
El artículo 14 del mencionado decreto establece una prohibición sin precedentes para que funcionarios de estos organismos, asignados a la vigilancia electoral, utilicen teléfonos celulares, cámaras fotográficas o de video dentro de los puestos de votación. La redacción del decreto es explícita: “No podrán usarse dentro del puesto de votación, teléfonos celulares, cámaras fotográficas o de video entre los funcionarios Ministerio Público, esto es de la Procuraduría General la Nación, la Defensoría del Pueblo y las Personerías, al igual que otros órganos de control o de la Fiscalía General de la Nación, que sean asignados a la vigilancia electoral el día de la votación y/o que deban cumplir con actos propios del marco de su competencia con propios su competencia”.
Esta restricción, que ha generado una ola de preocupación y críticas, impide a los funcionarios documentar posibles irregularidades, delitos electorales o cualquier anomalía que pueda surgir durante el proceso de votación. Tradicionalmente, la documentación fotográfica y de video, así como el registro de notas en dispositivos móviles, han sido herramientas esenciales para la recolección de pruebas y la posterior investigación de denuncias.
La inquietud ha sido planteada directamente al ministro del Interior, Armando Benedetti, quien, según fuentes cercanas, habría manifestado su intención de modificar el artículo en cuestión. Sin embargo, a pesar de las promesas, la modificación no se ha materializado, lo que ha elevado la alerta al máximo entre los organismos de control y ha generado un clima de incertidumbre en torno a la integridad del proceso electoral.
La justificación oficial detrás de la prohibición se centra en evitar la toma de fotografías del tarjetón de votación por parte de los ciudadanos, una práctica que se busca erradicar para prevenir la compra de votos. La lógica es que los compradores de votos podrían exigir a los electores fotografías del tarjetón como prueba de su voto a cambio de un pago. Sin embargo, los organismos de control argumentan que la prohibición indiscriminada que se extiende a los funcionarios encargados de la vigilancia electoral es desproporcionada y contraproducente.
“Esta medida es inaceptable y pone en riesgo la transparencia de las elecciones”, declaró un alto funcionario de la Procuraduría, quien prefirió mantener su anonimato por temor a represalias. “Sin la posibilidad de documentar lo que ocurre en los puestos de votación, nos limitamos a ser meros espectadores, imposibilitados para actuar ante cualquier irregularidad. ¿Cómo vamos a reportar un posible caso de doble votación, intimidación a los votantes o manipulación de las urnas si no podemos tomar una fotografía o grabar un video como evidencia?”.
La Defensoría del Pueblo también ha expresado su preocupación por la medida, señalando que podría afectar la capacidad de los defensores públicos para proteger los derechos de los votantes y garantizar un proceso electoral libre y justo. “La vigilancia electoral es fundamental para prevenir y sancionar cualquier tipo de irregularidad que pueda afectar la voluntad popular”, afirmó un vocero de la Defensoría. “Esta prohibición limita nuestra capacidad para cumplir con nuestra función de proteger los derechos de los ciudadanos”.
Expertos en derecho electoral coinciden en que la medida es inconstitucional y viola el principio de transparencia que debe regir los procesos electorales. “La Constitución Colombiana garantiza el derecho a la información y la libertad de expresión”, explicó el abogado constitucionalista Carlos Alberto Pérez. “La prohibición de utilizar dispositivos de grabación para documentar lo que ocurre en los puestos de votación es una restricción injustificada a estos derechos y podría ser impugnada ante la Corte Constitucional”.
La situación ha generado un debate público sobre la necesidad de equilibrar la protección contra la compra de votos con la garantía de la transparencia y la vigilancia del proceso electoral. Algunos sectores han propuesto alternativas, como permitir el uso de dispositivos de grabación por parte de los funcionarios de control, pero estableciendo protocolos estrictos para garantizar la privacidad de los votantes y evitar cualquier tipo de manipulación.
El tiempo apremia. Con menos de tres días para las elecciones, la incertidumbre persiste y la posibilidad de que el decreto sea modificado se desvanece rápidamente. La comunidad internacional y las organizaciones de observación electoral han expresado su preocupación por la situación y han instado al Gobierno Nacional a tomar medidas urgentes para garantizar la transparencia y la integridad del proceso electoral.
La falta de una solución a este problema podría tener consecuencias graves para la credibilidad de las elecciones y la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático. La pregunta que se plantea la opinión pública es si el Gobierno Nacional está dispuesto a priorizar la transparencia y la vigilancia del proceso electoral por encima de cualquier otra consideración. El próximo domingo, Colombia definirá a sus nuevos representantes legislativos, pero la sombra de este polémico decreto amenaza con empañar la celebración de la democracia.
