El exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Miguel Alfredo Maza Márquez, obtuvo la libertad condicional tras cumplir más de 12 años de una condena de 30 años por su responsabilidad en el magnicidio del líder liberal Luis Carlos Galán Sarmiento. La decisión, tomada por un juez de Ejecución de Penas de Bogotá, ha reabierto el debate sobre la justicia transicional en Colombia y la impunidad de los altos mandos responsables de crímenes atroces durante décadas de conflicto.
Maza Márquez, quien permanecía recluido en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), cumplió con el tiempo mínimo exigido por la ley para acceder a este beneficio, así como con los requisitos administrativos y disciplinarios, incluyendo la demostración de buena conducta. El juez impuso un periodo de prueba de 132 meses, 29 días y 13 horas, y solicitó una caución prendaria equivalente a cinco salarios mínimos como garantía de cumplimiento.
La sombra del asesinato de Galán, perpetrado el 18 de agosto de 1989 en Soacha, Cundinamarca, sigue planeando sobre la vida política colombiana. La Corte Suprema de Justicia, en noviembre de 2016, determinó que existió un plan concertado entre las autodefensas del Magdalena Medio y Maza Márquez para facilitar el crimen, debilitando deliberadamente el esquema de seguridad del entonces candidato presidencial.
La sentencia de la Corte fue contundente al señalar que Maza Márquez se sumó a los “protervos finales” de las autodefensas, contribuyendo significativamente a la vulnerabilidad de Galán. Su intervención en el nombramiento del teniente Jacobo Torregrosa como jefe de escoltas, un oficial sin la experiencia necesaria para proteger a “al personaje público más amenazado del país”, fue clave para permitir que el atentado se llevara a cabo.
La Corte no se limitó a señalar la negligencia de Maza Márquez en la protección de Galán. Estableció que existía un acuerdo con estructuras paramilitares orientado a garantizar la ejecución del asesinato, un aporte que calificó como determinante para el éxito del plan. Torregrosa, según el alto tribunal, no era idóneo para el cargo y estaba “cooptado por los grupos delincuenciales que planearon y ejecutaron el homicidio”.
La participación de Maza Márquez se extendió más allá de la alteración del esquema de seguridad. La Corte determinó que, en su condición de servidor público, omitió perseguir a un grupo armado ilegal financiado por el narcotráfico e incluso facilitó la instrucción militar de sus integrantes. De esas filas, recordó el fallo, salió el sicario que disparó contra Galán.
Tras el atentado, Maza Márquez habría desviado el curso de la investigación para apartar sospechas sobre sí mismo y sobre los integrantes de las autodefensas del Magdalena Medio, aunque no interfirió en las pesquisas contra los capos del narcotráfico señalados como determinadores del crimen. Esta última acción, según la Corte, sugiere una protección selectiva y una complicidad con los verdaderos autores intelectuales del magnicidio.
La libertad condicional de Maza Márquez ha generado una ola de críticas y rechazo por parte de las víctimas del conflicto armado y de sectores de la opinión pública. Se cuestiona si el cumplimiento de los requisitos legales es suficiente para otorgar un beneficio a una persona condenada por un crimen de tal magnitud y con un historial de complicidad con grupos paramilitares.
Las víctimas de Luis Carlos Galán han expresado su indignación ante la decisión judicial, argumentando que Maza Márquez nunca ha reconocido su responsabilidad en el magnicidio y que su libertad condicional es una afrenta a la memoria del líder liberal y a la justicia.
El debate sobre la libertad condicional de Maza Márquez se inscribe en el contexto más amplio de la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC y de la política de justicia transicional en Colombia. Esta política, que busca reconciliar a la sociedad colombiana después de décadas de conflicto armado, ha sido objeto de controversia debido a la dificultad de equilibrar la necesidad de justicia para las víctimas con la búsqueda de la paz y la reintegración de los excombatientes.
La decisión del juez de Ejecución de Penas de Bogotá ha puesto de manifiesto las tensiones existentes entre estos dos objetivos y ha reabierto el debate sobre la necesidad de reformar el sistema de justicia transicional para garantizar que las víctimas reciban una reparación integral y que los responsables de crímenes atroces sean sancionados de manera efectiva.
La libertad condicional de Maza Márquez no implica la absolución de sus crímenes. El exdirector del DAS seguirá siendo considerado un responsable del magnicidio de Luis Carlos Galán y estará sujeto a un periodo de prueba durante el cual deberá cumplir con una serie de requisitos para evitar que se revoque su beneficio. Sin embargo, la decisión judicial ha generado un profundo malestar en la sociedad colombiana y ha puesto en tela de juicio la eficacia del sistema de justicia transicional para garantizar la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas del conflicto armado. El caso Maza Márquez, sin duda, seguirá siendo un referente en el debate sobre la impunidad y la reconciliación en Colombia.
