La Alcaldía de Tarija, bajo la administración del alcalde Jhonny Torres, se encuentra en el centro de una creciente polémica debido a la adquisición de cemento asfáltico a un precio significativamente superior al presupuestado inicialmente, generando un presunto sobreprecio que asciende a 2.831.446,51 bolivianos. Una investigación basada en documentación oficial del Sistema de Contratación Estatales (Sicoes) revela una serie de irregularidades en el proceso de licitación y adjudicación que levantan serias interrogantes sobre la gestión de los recursos públicos.
El caso se remonta a marzo de 2025, cuando la Alcaldía lanzó una primera licitación (CUCE: 25-1601-00-1509203-1-3) con un presupuesto de 11.679.718 bolivianos para la compra de cemento asfáltico destinado a la construcción de vías en los distritos 6, 7, 8 y 11 de la ciudad de Tarija. El precio unitario del cemento asfáltico se fijó en 15 bolivianos por kilo. La licitación contemplaba la adquisición de 203.603,4 kilos para el distrito 6, 290.860,58 kilos para el distrito 7, 175.275,1 kilos para el distrito 8 y 108.908,8 kilos para el distrito 11.
Sin embargo, la Alcaldía emitió una segunda convocatoria el 3 de julio de 2025 (CUCE: 25-1601-00-1509203-2-3), también por 11.679.716 bolivianos, pero esta vez el contrato fue adjudicado a la Asociación Accidental Tarija, una unión temporal de empresas conformada por Heriberto Victorio Lema Trigo (50% de las acciones) y Semaed Construcciones e Instalaciones SRL (50%). Lo más llamativo es que el precio por kilo de cemento asfáltico se elevó a 19,80 bolivianos, un incremento considerable que disparó el costo total de la operación.
La cantidad de cemento asfáltico adquirido en la segunda licitación también se redujo significativamente en todos los distritos. Para el distrito 6 se compraron 154.244,99 kilos (48.359 kilos menos que en la primera licitación), para el distrito 7 se obtuvieron 220.348,93 kilos (70.512 kilos menos), para el distrito 8 se recibieron 123.784,15 kilos (42.491 kilos menos) y para el distrito 11 se adquirieron 82.506,62 kilos (26.402 kilos menos). A pesar de la menor cantidad adquirida, el sobreprecio total asciende a más de 2,8 millones de bolivianos.
El contrato fue firmado por el propio alcalde Jhonny Torres, lo que lo vincula directamente a la decisión de adjudicar el contrato a la Asociación Accidental Tarija en condiciones menos favorables para las arcas municipales. La documentación del Sicoes confirma el presupuesto sobreprecio, lo que sugiere una posible falta de transparencia en el proceso de contratación.
La situación se agrava al comparar los precios pagados por la Alcaldía de Tarija con los de otras administraciones municipales. El Sicoes revela que la Alcaldía de Cochabamba adquirió 29.157 kilos de cemento asfáltico en 2025 a un precio de 12 bolivianos por kilo, un costo considerablemente inferior al que pagó la Alcaldía de Tarija. Esta disparidad en los precios plantea interrogantes sobre la justificación del sobreprecio en Tarija y la posible existencia de intereses ocultos.
La oposición local ha exigido una investigación exhaustiva del caso, acusando a la administración de Torres de corrupción y malversación de fondos públicos. Los concejales de la oposición han anunciado que presentarán una denuncia formal ante la Fiscalía para que se investigue a fondo el proceso de licitación y adjudicación, así como la responsabilidad de los funcionarios involucrados.
La Asociación Accidental Tarija aún no ha emitido una declaración oficial sobre el tema. Se ha intentado contactar a Heriberto Victorio Lema Trigo y a representantes de Semaed Construcciones e Instalaciones SRL, pero hasta el momento no han respondido a las solicitudes de información.
Este caso ha generado indignación entre los ciudadanos de Tarija, quienes temen que el sobreprecio en la compra de cemento asfáltico afecte la calidad de las obras de infraestructura y la disponibilidad de recursos para otros proyectos importantes. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para garantizar una gestión eficiente y responsable de los fondos públicos, y este caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización en la administración municipal.
La Alcaldía de Tarija enfrenta ahora una crisis de credibilidad y deberá responder a las acusaciones de corrupción y malversación de fondos públicos. La investigación fiscal será clave para determinar si hubo irregularidades en el proceso de licitación y adjudicación, y para identificar a los responsables de este presunto sobreprecio millonario. El futuro de la administración de Jhonny Torres podría depender del resultado de esta investigación.
