Lima, Perú – La Asociación de Transportistas del Servicio Urbano de Transporte del Perú (ATSUPER) ha convocado una masiva marcha para este jueves 5 de marzo, amenazando con paralizar el transporte público en la capital y en Callao. La medida de fuerza responde a la creciente ola de criminalidad y extorsión que azota al sector, dejando un saldo alarmante de seis transportistas asesinados en lo que va del año, según datos de la Cámara Internacional de Transporte. La protesta, denominada “marcha hombre-máquina”, tiene como destino final el Congreso de la República y el Palacio de Gobierno, buscando una respuesta urgente y efectiva por parte de las autoridades nacionales.
Frank Gómez Santillana, vocero de ATSUPER, explicó en entrevista con RPP que la marcha es una medida desesperada ante la inacción del gobierno en la implementación de la Ley N.° 32490, aprobada con el objetivo de proteger a los transportistas y brindar apoyo a los familiares de aquellos que han perdido la vida a causa de la violencia. Esta ley, que contempla medidas preventivas y compensaciones económicas para los deudos, permanece en el limbo, sin que se hayan puesto en marcha las acciones necesarias para su cumplimiento.
“Estamos hartos de promesas vacías y de ver cómo nuestros compañeros siguen siendo víctimas de la extorsión y el sicariato,” declaró Gómez Santillana. “La Ley 32490 es una herramienta fundamental para combatir esta problemática, pero el gobierno no la está implementando. Necesitamos que se tomen medidas concretas para garantizar la seguridad de los transportistas y para que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la justicia.”
Uno de los principales reclamos de ATSUPER es la falta de operatividad del Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES). Este grupo, que debería estar integrado por representantes de la Policía Nacional, el Poder Judicial y la Fiscalía, fue creado con el propósito de coordinar esfuerzos para combatir la extorsión y el sicariato en el sector del transporte. Sin embargo, según denuncia el gremio, el GIES “no funciona”, lo que deja a los transportistas completamente desprotegidos ante las mafias que operan en Lima y Callao.
“El GIES es una estructura vacía, sin recursos ni capacidad para actuar,” afirmó Gómez Santillana. “Necesitamos que se le dote de los recursos necesarios y que se le otorgue la autoridad para investigar y perseguir a los extorsionadores y sicarios que están aterrorizando a los transportistas.”
La marcha se concentrará inicialmente en la plaza 2 de Mayo o la plaza San Martín, desde donde los manifestantes se desplazarán por las calles del centro histórico de Lima, interrumpiendo el tránsito vehicular y generando caos en la ciudad. Los transportistas advierten que la protesta podría prolongarse indefinidamente hasta que las autoridades atiendan sus demandas y garanticen su seguridad.
La situación es particularmente grave en algunas zonas de Lima y Callao, donde las mafias controlan las rutas de transporte y exigen el pago de cupos a los conductores. Aquellos que se niegan a pagar son amenazados, extorsionados e incluso asesinados. La extorsión se ha convertido en una práctica común, afectando la rentabilidad de las empresas de transporte y poniendo en riesgo la vida de los conductores.
La Cámara Internacional de Transporte ha expresado su preocupación por la escalada de violencia en el sector y ha exigido al gobierno que tome medidas urgentes para proteger a los transportistas. La organización ha propuesto una serie de medidas, entre ellas el aumento de la presencia policial en las rutas de transporte, la instalación de cámaras de seguridad en los vehículos y la creación de un sistema de denuncia anónima para que los transportistas puedan reportar las extorsiones sin temor a represalias.
El gobierno, por su parte, ha anunciado que está trabajando en un plan integral para combatir la extorsión y el sicariato en el sector del transporte. Sin embargo, los transportistas se muestran escépticos ante estas promesas y exigen resultados concretos.
La marcha de este jueves podría generar graves inconvenientes para los ciudadanos de Lima y Callao, ya que interrumpirá el transporte público y afectará la movilidad en la ciudad. Las autoridades han recomendado a los ciudadanos evitar las zonas donde se desarrollará la protesta y tomar precauciones para evitar ser afectados por los retrasos y las interrupciones en el tránsito.
La crisis en el sector del transporte público es un reflejo de la inseguridad ciudadana que azota a Lima y Callao. La falta de seguridad, la corrupción y la impunidad son factores que contribuyen a la proliferación de la delincuencia y a la sensación de indefensión de los ciudadanos. La marcha de los transportistas es una llamada de atención para las autoridades, que deben tomar medidas urgentes para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y para combatir la delincuencia en todas sus formas.
La situación se complica aún más en el contexto de la creciente tensión geopolítica a nivel mundial, como la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que podría tener repercusiones económicas y sociales en el país. La inestabilidad internacional podría afectar el suministro de combustible y otros productos básicos, lo que podría agravar la crisis económica y social en Perú.
En resumen, la marcha de los transportistas es una expresión de la frustración y la desesperación de un sector que se siente abandonado por las autoridades. La protesta es una llamada de atención para el gobierno, que debe tomar medidas urgentes para garantizar la seguridad de los transportistas y para combatir la delincuencia en todas sus formas. La solución a esta crisis requiere un esfuerzo conjunto de las autoridades, los transportistas y la sociedad civil, con el objetivo de construir un país más seguro y justo para todos.
