El gobierno del expresidente Donald Trump admitió la deportación de decenas de jóvenes inmigrantes protegidos por el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), argumentando que enfrentaban cargos criminales. La revelación, hecha pública a través de una carta de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, al senador demócrata por Illinois, Richard Durbin, ha desatado una nueva ola de indignación y preocupación entre defensores de los inmigrantes y beneficiarios del programa.
Según la carta, citada por Politico, entre el 1 de enero y el 19 de noviembre de 2025, un total de 261 beneficiarios de DACA fueron detenidos, de los cuales 86 fueron finalmente deportados. Noem justificó estas acciones señalando que 241 de los detenidos tenían antecedentes penales, aunque no especificó la naturaleza de estos cargos. Esta falta de transparencia ha generado críticas, ya que organizaciones de defensa de los inmigrantes denuncian que muchos de estos arrestos se basaron en acusaciones criminales infundadas o que posteriormente fueron desestimadas.
DACA, creado por el expresidente Barack Obama en 2012, ha sido un salvavidas para cientos de miles de jóvenes inmigrantes que llegaron a Estados Unidos siendo niños, conocidos como “Dreamers”. El programa les otorga una suspensión temporal de la deportación y les permite obtener autorización para trabajar y estudiar, brindándoles la oportunidad de contribuir a la sociedad estadounidense. Sin embargo, DACA nunca ha otorgado un estatus migratorio permanente, dejando a sus beneficiarios en una situación de incertidumbre constante.
La administración Trump, desde el principio, mostró una fuerte oposición a DACA, considerándolo una amnistía ilegal. Durante su primer mandato (2017-2021), Trump intentó repetidamente poner fin al programa, pero sus esfuerzos fueron bloqueados por los tribunales. En 2020, el Tribunal Supremo dictaminó que el procedimiento utilizado por Trump para cancelar DACA era ilegal, permitiendo que el programa continuara operando, aunque con restricciones.
La secretaria Noem, en su carta, citó la decisión de un juez federal en Texas que declaró el programa ilegal, argumentando que se trataba de una disposición administrativa que excedía la autoridad del poder ejecutivo. Esta decisión judicial ha complicado aún más el futuro de DACA, dejando a sus beneficiarios en una situación precaria.
La admisión de las deportaciones por parte del gobierno de Trump ha reavivado el debate sobre la política migratoria de Estados Unidos y el destino de los “Dreamers”. Defensores de los inmigrantes argumentan que deportar a jóvenes que han crecido en Estados Unidos, que se han integrado en la sociedad y que han contribuido a la economía, es inhumano e injusto. Señalan que estos jóvenes no tienen vínculos significativos con sus países de origen y que su deportación los separaría de sus familias, amigos y comunidades.
Organizaciones como United We Dream y el National Immigration Law Center han condenado enérgicamente las deportaciones y han pedido al gobierno que proteja a los beneficiarios de DACA. Han denunciado que la administración Trump ha utilizado tácticas agresivas para identificar y detener a jóvenes inmigrantes, incluso aquellos que no tienen antecedentes penales.
“Estas deportaciones son una traición a los ‘Dreamers’ y a los valores de Estados Unidos”, declaró Greisa Martínez, directora de United We Dream. “El gobierno de Trump está destrozando familias y negando a estos jóvenes la oportunidad de alcanzar su máximo potencial”.
La situación de los beneficiarios de DACA se ha vuelto aún más compleja debido a la pandemia de COVID-19. Muchos “Dreamers” trabajan en empleos esenciales, como trabajadores de la salud y agricultores, y han estado en la primera línea de la lucha contra el virus. Sin embargo, la pandemia también ha dificultado que los beneficiarios de DACA renueven su estatus migratorio, debido a los retrasos en el procesamiento de solicitudes y la falta de acceso a servicios legales.
El futuro de DACA sigue siendo incierto. La administración Biden ha prometido defender el programa y buscar una solución legislativa permanente para los “Dreamers”. Sin embargo, la oposición republicana en el Congreso ha dificultado la aprobación de una ley que brinde un estatus migratorio seguro a estos jóvenes.
Mientras tanto, los beneficiarios de DACA continúan viviendo con miedo e incertidumbre. Saben que su futuro en Estados Unidos depende de decisiones políticas y judiciales que están fuera de su control. La admisión de las deportaciones por parte del gobierno de Trump ha exacerbado este miedo y ha recordado a los “Dreamers” que su sueño americano podría desvanecerse en cualquier momento.
La historia de los “Dreamers” es un reflejo de la compleja realidad de la inmigración en Estados Unidos. Son jóvenes que han crecido en este país, que se consideran estadounidenses y que han contribuido a la sociedad de muchas maneras. Sin embargo, debido a su estatus migratorio, se enfrentan a la amenaza constante de la deportación. Su destino depende de la voluntad política de los líderes estadounidenses y de la capacidad de encontrar una solución justa y humana a este problema. La reciente admisión de deportaciones bajo la administración Trump subraya la urgencia de abordar esta situación y brindar una solución permanente a los “Dreamers”, permitiéndoles continuar contribuyendo al país que llaman hogar.
