El procurador Gregorio Eljach ha lanzado una severa crítica al presidente Gustavo Petro y al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, tras la muerte del pequeño Kevin Acosta, un niño de siete años que padecía hemofilia A severa y falleció tras meses sin recibir el medicamento Emicizumab, crucial para controlar sus hemorragias. El llamado a la “sensibilidad y ponderación” se produce en medio de una creciente indignación pública, exacerbada por las controvertidas declaraciones de ambos funcionarios, quienes inicialmente atribuyeron el deceso a un accidente en bicicleta y a la necesidad de medidas preventivas.
El caso de Kevin ha desatado una tormenta política y ha puesto en el centro del debate la eficiencia y la responsabilidad del sistema de salud colombiano. La Procuraduría General de la Nación ha intensificado su investigación sobre la Nueva EPS, la entidad a la que estaba afiliado el menor, exigiendo a la Superintendencia de Salud que implemente controles más rigurosos y garantice el acceso a los medicamentos esenciales para sus afiliados.
El procurador Eljach no escatimó críticas al señalar que las expresiones del presidente Petro y del ministro Jaramillo “han indignado y ofendido a los colombianos”. Petro, en un intento por minimizar la tragedia, sugirió que restringir las actividades físicas del niño, como montar en bicicleta, podría haber prevenido su muerte, una declaración que fue ampliamente rechazada como insensible y descontextualizada. Por su parte, el ministro Jaramillo se limitó a señalar que Kevin llegó a un hospital público en el Huila después de un accidente mientras montaba en bicicleta, minimizando la falta de acceso al tratamiento médico como factor determinante en su fallecimiento.
Eljach enfatizó que el presidente, como representante de la unidad nacional, debe actuar con mayor consideración y ponderación, especialmente en momentos en que el país enfrenta desafíos significativos. “Colombia no atraviesa el mejor momento de su historia y eso exige consideración y ponderación con los demás connacionales en las actuaciones y expresiones de los altos mandos del Estado”, declaró el procurador.
La Procuraduría ha solicitado a la Superintendencia de Salud Ad Hoc para Nueva EPS, Luz Marina Múnera, que presente un informe detallado sobre las medidas de vigilancia y control implementadas para garantizar el derecho fundamental a la salud de los afiliados, así como un plan de trabajo para el cierre, certificación y aprobación de los estados financieros de las vigencias 2023 y 2024. El Ministerio Público también ha solicitado información sobre la legalización de anticipos a la red prestadora, proveedores de servicios y tecnologías en salud, así como la estabilización en la radicación y procesamiento de cuentas médicas.
La investigación de la Procuraduría revela que Kevin Acosta dejó de recibir el medicamento Emicizumab desde diciembre de 2025. Su madre y su familia aseguran que la falta de acceso al tratamiento fue el resultado de la terminación del contrato entre la IPS Medicarte y la Nueva EPS en el municipio de Palestina (Huila) el 1 de enero de este año. La hemofilia A severa, la condición que padecía Kevin, es un trastorno hemorrágico hereditario que requiere un tratamiento continuo para prevenir hemorragias espontáneas o producto de traumatismos. El Emicizumab, en particular, es un medicamento biológico que ayuda a reducir la frecuencia y la gravedad de las hemorragias en pacientes con hemofilia A.
La falta de acceso a este medicamento esencial dejó a Kevin desprotegido y vulnerable a complicaciones potencialmente mortales. Su caso ha puesto de manifiesto las graves deficiencias en el sistema de salud colombiano, especialmente en lo que respecta a la garantía del acceso a medicamentos de alto costo y la coordinación entre las IPS y las EPS.
La Procuraduría ha instado a la Superintendencia de Salud a remitir el informe solicitado en un plazo máximo de cinco días hábiles, con el objetivo de proteger los derechos fundamentales de los más de 11 millones de afiliados a la Nueva EPS. El ente de control ha advertido que no dudará en tomar medidas disciplinarias y legales contra los responsables de la negligencia que condujo a la muerte de Kevin Acosta.
Este caso ha generado una ola de críticas y protestas en todo el país, con ciudadanos exigiendo una respuesta contundente por parte de las autoridades y una reforma integral del sistema de salud. Organizaciones de pacientes con hemofilia han denunciado la falta de acceso a medicamentos y tratamientos esenciales, y han advertido que la historia de Kevin Acosta podría repetirse si no se toman medidas urgentes para garantizar el derecho a la salud de todos los colombianos.
La muerte de Kevin Acosta no solo es una tragedia personal para su familia, sino también un llamado de atención para el país. Es imperativo que las autoridades tomen medidas inmediatas para garantizar que ningún otro niño tenga que sufrir las consecuencias de la falta de acceso a medicamentos esenciales y tratamientos médicos adecuados. La Procuraduría General de la Nación ha asumido un papel fundamental en la investigación de este caso, y se espera que sus hallazgos conduzcan a una reforma profunda del sistema de salud colombiano, que priorice la vida y la salud de todos los ciudadanos. La indignación pública y la presión de la sociedad civil son elementos clave para lograr un cambio real y evitar que tragedias como la de Kevin Acosta se repitan en el futuro.
