El expresidente surcoreano Yoon Suk-yeol fue condenado este jueves a cadena perpetua por su efímera imposición de la ley marcial a finales de 2024, un acto que la justicia calificó de insurrección ante el despliegue de tropas en la Asamblea Nacional, su Parlamento, para obstaculizar sus funciones.
El tribunal consideró que lo que terminó siendo un estado de excepción de apenas unas seis horas, tenía el propósito de “subvertir la Constitución”, al obstruir las instituciones constitucionales y socavar los valores democráticos fundamentales.
El fallo del caso penal contra el exmandatario, que fue destituido por el suceso, tuvo lugar en la misma sala del Tribunal de Distrito de Seúl donde en 1996 fue condenado a muerte el expresidente Chun Doo-hwan por su participación en el golpe de Estado de 1979 que lo llevó al poder, y la violenta represión militar del movimiento de democratización de Gwangju en 1980.
El grupo especial de la fiscalía que lleva el caso contra Yoon había pedido también para él la pena capital, para la que existe una moratoria en el país. El tribunal, no obstante, esgrimió como atenuantes el uso limitado de la fuerza, la desorganización del plan, sus décadas de servicio público y su edad, 65 años.
Yoon además había acusado al principal partido opositor, el Partido Democrático, de simpatizar con el régimen norcoreano aunque nunca entregó pruebas que lo respaldara.
Yoon declaró la ley marcial la noche del 3 de diciembre de 2024, un decreto que fue bloqueado por el Parlamento unas horas después. El exmandatario fue destituido en abril del año pasado por el Tribunal Constitucional, al considerar que no había indicios de una situación de emergencia que justificara el decreto.
Nacido en 1960 en Seúl, Yoon creció en un entorno acomodado y cursó estudios en la escuela privada Choongam, donde forjó relaciones clave para su mandato. Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de Seúl, su carrera en la fiscalía, iniciada en 1994, se caracterizó por procesar a figuras poderosas, incluidos altos funcionarios y magnates empresariales.
En 2016 fue designado para liderar la investigación sobre la presidenta conservadora Park Geun-hye en un caso de corrupción que también implicaba al líder de Samsung, Lee Jae-yong, y que se saldó con la destitución de la mandataria y el encarcelamiento de ambos.
Su reputación le permitió ascender rápidamente, llegando a ser fiscal general en 2019 bajo el Gobierno liberal de Moon Jae-in. Sin embargo, su enfrentamiento con la Administración Moon lo llevó a renunciar en 2021 y a postularse como candidato del conservador Partido del Poder Popular (PPP), al que llevó de vuelta al poder en 2022 con una ajustada victoria electoral.
Yoon adoptó desde el inicio de su mandato una postura de confrontación desencadenante de una profunda división social, que estalló precisamente con la declaración de la ley marcial.
Su decisión de reubicar la Oficina Presidencial, sus intentos por suprimir el Ministerio de Igualdad de Género y su retórica beligerante contra algunos sindicatos y los medios lo distanciaron rápidamente de buena parte de la opinión pública.
A ello se sumaron escándalos que involucraban a su esposa, Kim Keon-hee, y acusaciones de negligencia en su Administración.
En abril de 2024, su partido sufrió una derrota aplastante en las elecciones legislativas, dejándolo como el primer presidente en la historia democrática surcoreana sin mayoría parlamentaria.
Acorralado por una oposición que bloqueaba sus iniciativas, Yoon empezó a rodearse de un círculo de leales, muchos de ellos excompañeros de su escuela Choongam.
Fue entonces cuando se aferró a la idea de que su Gobierno estaba siendo saboteado desde dentro, y pasó los meses siguientes alimentando en silencio la teoría de que las elecciones legislativas fueron manipuladas por hackers norcoreanos.
El 3 de diciembre de 2024, Yoon declaró inesperadamente la ley marcial, justificándola como una respuesta a lo que consideraba una amenaza interna por parte de “fuerzas antinacionales pro-Pyongyang” dentro de la oposición.
Argumentó que la Asamblea Nacional estaba saboteando el Estado, recortando presupuestos clave y destituyendo a funcionarios esenciales.
La medida fue rechazada de inmediato tanto por la oposición como por sectores de su propio partido, que la vieron como un intento desesperado de mantenerse en el poder. En apenas seis horas, la Asamblea logró revocar la declaración de la ley marcial, a pesar de que el Ejército trató de impedirlo.
El Parlamento aprobó la destitución del presidente el 14 de diciembre de 2024. Un mes después y tras un despliegue en la residencia presidencial donde se había atrincherado, Yoon fue arrestado por cargos de insurrección, convirtiéndose en el primer mandatario surcoreano en ejercicio, aunque suspendido, en enfrentar un juicio penal.
En marzo, el exmandatario fue liberado tras considerarse irregularidades formales en su arresto, solo para volver a ser encarcelado en julio, donde esperó al juicio y este veredicto.
Yoon negó hasta el final haber cometido alguna irregularidad. Este caso marca un punto de inflexión en la historia política de Corea del Sur, evidenciando la fragilidad de sus instituciones democráticas y la polarización extrema que ha caracterizado los últimos años. La condena a cadena perpetua de Yoon Suk-yeol no solo representa un castigo para el exmandatario, sino también una advertencia para futuros líderes sobre los límites del poder y la importancia de respetar el estado de derecho. La sentencia también plantea interrogantes sobre el futuro del Partido del Poder Popular y su capacidad para recuperarse de este duro golpe. La sociedad surcoreana se encuentra ahora dividida entre aquellos que ven en la condena una victoria para la democracia y aquellos que la consideran una persecución política. El impacto de este caso se extenderá más allá de las fronteras de Corea del Sur, sirviendo como un ejemplo para otros países que enfrentan desafíos similares en materia de gobernabilidad y respeto a las instituciones democráticas. La comunidad internacional ha seguido de cerca este caso, y la condena de Yoon Suk-yeol ha generado reacciones diversas. Algunos países han expresado su preocupación por la situación en Corea del Sur, mientras que otros han elogiado la independencia del poder judicial y el respeto al estado de derecho. La condena a cadena perpetua de Yoon Suk-yeol es un evento sin precedentes en la historia de Corea del Sur, y sus consecuencias a largo plazo aún están por verse. Sin embargo, una cosa es segura: este caso ha dejado una marca indeleble en la política surcoreana y ha puesto a prueba la solidez de su democracia.
