En el mercado financiero se ha consolidado un consenso crítico: el programa presentado por el Gobierno en julio pasado para transitar el año electoral ha quedado obsoleto. Las premisas originales sobre la capacidad del Tesoro para conseguir dólares y el volumen de reservas con el que se iniciaría el año 2027 no se han cumplido íntegramente, transformando la certeza inicial en un nerviosismo que impacta directamente en la cotización de los bonos argentinos.
Esta situación se refleja con claridad en el riesgo país, el indicador que mide la sobretasa que exigen los inversores para prestarle a la Argentina en comparación con los Estados Unidos. El viernes, este indicador cerró en 830 puntos básicos. Para ponerlo en perspectiva, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el plan, el riesgo país rondaba los 400 puntos, marcando el nivel más bajo del año. En apenas cuatro meses, la cifra se ha duplicado, alcanzando un pico de 939 puntos el pasado 6 de este mes.
Si bien existen factores externos que han contribuido a este escenario, como el triunfo de Luiz Lula da Silva en Brasil y la victoria demócrata en las elecciones de Estados Unidos, el ruido predominante es de carácter local. Fernando Sedano, analista de Morgan Stanley, señaló la semana pasada que el esquema financiero, que parecía razonable hace tres meses, ha quedado desactualizado.
El plan original suponía que el Tesoro lograría recaudar US$6000 millones este año mediante la colocación de bonos en dólares bajo ley local, y otros US$5000 millones en 2027. No obstante, la realidad operativa ha sido distinta: desde agosto no se coloca el AO29, el título clave para alcanzar dicha meta. Según datos de la consultora Invecq, todavía faltan unos US$800 millones para completar el objetivo anual, y con el riesgo país en los niveles actuales, acceder a ese financiamiento resulta significativamente más costoso.
Otro punto crítico es la disponibilidad de caja. El programa preveía que el Tesoro cerraría el año con US$3700 millones depositados en su cuenta del Banco Central, funcionando como un colchón financiero para iniciar 2027 con mayor margen. Sin embargo, tras el último pago de intereses al FMI, esos depósitos se encuentran hoy en US$59 millones. Esta cifra resulta preocupante considerando que en enero vence un pago de aproximadamente US$4500 millones con los tenedores de bonos.
Las privatizaciones, diseñadas como una fuente alternativa de divisas, también presentan un avance más lento de lo previsto. Antes de presentar el programa, el Gobierno ya había obtenido US$707 millones por cuatro hidroeléctricas del Comahue y US$356 millones por la venta de su participación en Transener. En julio, la proyección era ingresar US$800 millones este año y US$1500 millones en 2027. No obstante, la mejor oferta recibida por AySA fue de US$340 millones, cifra inferior a los US$450 millones esperados por Economía. Además, licitaciones como las de AMBA I, el Belgrano Cargas y las centrales eléctricas han sufrido atrasos.
A pesar de este panorama, en el mercado no se cuestiona el compromiso del Gobierno de honrar sus obligaciones, sino la procedencia de los dólares para hacerlo. Según Sedano, el país requerirá conseguir al menos US$10.000 millones durante 2027. Aunque los funcionarios aseguraron al economista que el programa está cerrado y existen fuentes alternativas, la incertidumbre persiste. Consultados por LA NACION, desde el Ministerio de Economía no confirmaron si planean presentar un nuevo programa financiero.
Desde una perspectiva estructural, la Argentina no enfrenta un problema masivo de deuda, ya que esta representa menos del 70% del PBI. El desafío es estrictamente de calendario: en 2027, entre el Tesoro y el Banco Central, deberán pagar US$21.300 millones a privados y al FMI, y US$27.700 millones en 2028. A esto se suma que el país aún no ha recuperado el acceso al mercado internacional de crédito.
El margen con el Fondo Monetario Internacional es limitado, dado que la Argentina es su principal deudor con más de US$57.000 millones prestados. Kristalina Georgieva, directora gerente del organismo, manifestó en julio que no veía necesario un financiamiento adicional. Por ello, si no se retoma la colocación de bonos locales, la variable de ajuste serían las compras de dólares al Banco Central. Portfolio Personal Inversiones (PPI) estima que, en ese caso, las compras deberían pasar de los US$4900 millones previstos a US$13.100 millones.
Este escenario se complica con la tendencia de dolarización de los ahorristas. El mercado estima que en 2027, año electoral, las personas podrían comprar unos US$2600 millones por mes, totalizando US$32.000 millones anuales. Esta demanda compite directamente con el Tesoro por las mismas reservas. Como referencia, en agosto se compraron US$2853 millones y en septiembre US$2896 millones.
Para el expresidente del Banco Central, Martín Redrado, se perdió la oportunidad de buscar financiamiento externo a principios de julio, cuando el riesgo país estaba en 400 puntos. Resulta llamativo que, mientras el riesgo país subía, el dólar oficial se mantuvo estable en $1570, con un incremento anual de apenas 6,1% frente a una inflación del 26,3%.
Desde la consultora 1816 explican que esta divergencia ocurre porque quienes venden bonos son principalmente inversores extranjeros en Wall Street, cuyos dólares no ingresan al mercado local. Asimismo, el Banco Central ha comprado más de US$16.000 millones en el año y ha controlado la base monetaria, limitando la presión sobre el tipo de cambio, aunque el ritmo de compras se ha frenado en noviembre. Para Invecq, la clave será la respuesta del equipo económico en las próximas semanas para reducir el premio que los inversores exigen por prestarle al país más allá de 2027.
