El economista César Barros ha presentado un análisis crítico sobre la situación económica actual de Chile, destacando una tendencia preocupante: mientras el país no logra crecer, el resto de la región latinoamericana muestra signos de avance, incluso enfrentando crisis internas mucho más severas que las chilenas. Según el experto, países como Perú, a pesar de sus constantes cambios presidenciales y un sistema político caótico, están registrando crecimiento no solo en el sector minero, sino también en la fruticultura.
La comparación se extiende a otras naciones de la zona. Barros señala que Colombia crece pese a sus problemas de narcotráfico y crimen, y Brasil lo hace aun con el déficit fiscal, la huida de Bolsonaro Jr. y los efectos del "tarifazo" impuesto por Donald Trump. Del mismo modo, Argentina muestra crecimiento pese al sufrimiento de su industria y México lo hace a pesar de la persistente amenaza de los carteles. El punto central del análisis es que estos países avanzan con problemas más agudos que los que enfrenta Chile.
En el ámbito interno, el diagnóstico sectorial es desalentador. En la minería, la producción de cobre ha retrocedido hasta niveles similares a los del año 2003. La fruticultura se describe como un sector en problemas y carente de inversiones, mientras que la salmonicultura se encuentra estancada, asfixiada por regulaciones y con sus microlocalizaciones —que se presentaban como la solución— vetadas por el Tribunal Constitucional.
El sector de la construcción también presenta un escenario crítico. Barros indica que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) carece de recursos. En cuanto a la construcción habitacional, el economista advierte que, a pesar de la existencia de subsidios, la tasa de asequibilidad de la vivienda ha caído drásticamente, pasando de un índice de 130 en el año 2010 a un 90 en la actualidad. Este fenómeno es atribuido a una combinación de altas tasas de interés, una mala regulación bancaria y un incremento en el costo de la construcción que ha sido el doble que el aumento de los salarios.
Para desmitificar la idea de que la crisis se debe exclusivamente a la minería, Barros expone datos sobre el crecimiento no minero. Durante el primer y segundo trimestre del año, este creció apenas un 0,7%; en julio la cifra fue negativa y en septiembre, tras la desestacionalización, el crecimiento fue de solo un 0,8%. Asimismo, critica la postura de las AFP, afirmando que consideraron mezquinas las tasas de créditos hipotecarios a largo plazo, prefiriendo invertir en bonos extranjeros y derivados.
El análisis descarta que el "bencinazo" de abril sea el único responsable, ya que el aumento del petróleo, las tasas de interés y los aranceles externos han afectado a todos los países. Sin embargo, en Chile, la falta de ventas ha frenado la inversión y el crédito, lo que ha llevado a la reducción de personal y a una tasa de desempleo del 10%, una situación que, según el economista, no es puntual sino que arrastra un largo historial.
Frente a este panorama, Barros critica duramente al sistema político-institucional, describiendo una actitud de pasividad y conflicto interno en lugar de acuerdos. Propone una revisión profunda del sistema de "permisología", el rediseño de la labor de los tribunales ambientales y la limitación de los recursos de protección. Sugiere retomar la inversión en obras públicas, citando el ejemplo de Roosevelt en 1929, y propone no temer al endeudamiento para infraestructura, argumentando que esta se paga sola, rescatando la eficiencia de las grandes concesiones de los gobiernos de Frei y Lagos.
Finalmente, el economista lamenta la polarización política, señalando que desde el Frente Amplio hasta los libertarios deberían coincidir en un diagnóstico común en lugar de enfrentarse. Critica al gobierno por pedirle a los transportistas —quienes luchan por llegar a fin de mes debido al costo del combustible y la presión de los clientes— que "piensen en Chile", calificando como insuficiente la espera de un boom de inversiones futuro o la esperanza puesta en figuras políticas remotas.
