La provincia de Córdoba llega a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre presentando un escenario laboral contradictorio. Por un lado, las cifras oficiales reflejan una tendencia a la baja en el desempleo, alcanzando el menor registro para un mes de octubre desde que se inició la serie histórica en el año 2005. Por otro lado, este descenso convive con un malestar social manifiesto, expresado en reivindicaciones salariales, problemas de acceso a la vivienda y demandas de mejores condiciones de trabajo.
Según los datos más recientes difundidos por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a principios de noviembre, Córdoba cerró el mes pasado con 45.620 personas desempleadas. Esta cifra representa una reducción de 583 parados en comparación con el mes de septiembre, situando a la provincia como la zona con el mayor descenso de desempleo en todo el territorio español. De hecho, Córdoba fue una de las tres únicas provincias de España que registró una caída en el paro durante ese periodo, junto a Sevilla, que bajó en 405 personas, y Ceuta, con una reducción de 151. En el resto de las provincias españolas, la tendencia fue opuesta y el desempleo aumentó.
Al analizar la evolución anual, la mejora es todavía más evidente. En comparación con octubre de 2025, la provincia cuenta con 6.764 desempleados menos, lo que supone una caída cercana al 13% en el último año. En sintonía con estos datos, la Seguridad Social contabilizó 320.655 afiliaciones en el décimo mes del año, un incremento de 9.645 personas respecto a octubre de 2025. No obstante, este crecimiento anual del 3% se situó por debajo de la media registrada en la comunidad autónoma de Andalucía.
A pesar de estos indicadores favorables, la evolución del mercado laboral no ha logrado borrar las desigualdades estructurales. Los datos revelan que el desempleo afecta desproporcionadamente a ciertos colectivos: de los parados totales, 28.299 son mujeres, mientras que los hombres representan 17.321 personas. Asimismo, la edad es un factor crítico, ya que 25.367 personas desempleadas tienen más de 45 años. En cuanto a la distribución sectorial, se destaca que 20.952 de las mujeres que no tienen empleo proceden del sector servicios.
Como aspecto positivo adicional, los datos de la Seguridad Social de septiembre indican un crecimiento en la incorporación de trabajadores extranjeros. El mercado laboral cordobés contaba con 17.231 trabajadores extranjeros afiliados, lo que supone un aumento de 2.695 personas desde abril, mes en el que comenzó el proceso de regularización extraordinaria de migrantes.
Este contexto de mejora estadística chocó frontalmente con la realidad social el pasado 11 de noviembre, día en que se llevó a cabo una huelga general. La movilización, impulsada por sindicatos y colectivos por la vivienda, puso el foco en el coste de la vida y la crisis habitacional. Los convocantes exigieron salarios justos, servicios públicos de calidad y una vivienda digna, denunciando que la mayoría de los trabajadores perciben remuneraciones inferiores al coste real de la vida. Para respaldar sus argumentos, señalaron que mientras la vivienda ha sufrido una subida anual del 12%, el incremento medio de los salarios ha sido de apenas el 3%. Además, alertaron sobre el deterioro de los servicios públicos y el impacto negativo que esta situación tiene especialmente sobre las personas migrantes y las mujeres.
El balance de la jornada de huelga fue motivo de fuerte controversia entre las organizaciones sociales y empresariales. Los sindicatos estimaron un seguimiento medio del 70%, detallando un 65% en los sectores de industria y comercio, un 60% en educación y un 40% en hostelería y construcción. En sentido opuesto, la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), a través de su presidente Antonio Díaz, aseguró que la participación no alcanzó el 5% según sus sondeos, cuestionando la convocatoria y atribuyéndole "claros matices políticos".
Más allá de las cifras colectivas, el mercado laboral cordobés sigue presentando barreras individuales significativas. Testimonios de personas desempleadas subrayan que el problema no es solo la existencia de empleo, sino su calidad y estabilidad. Cristina Castillejo, enfermera de 26 años, reclama el reconocimiento de su formación y la creación de más plazas y especializaciones con contratos estables. Por su parte, Rocío Herencia, graduada en Historia y opositora, señala la falta de oportunidades dignas fuera del ámbito de la docencia.
En una línea similar, Clara Rodríguez, periodista despedida tras siete años en una empresa tecnológica, aboga por el fomento del teletrabajo desde Córdoba y la protección frente a despidos a bajo coste. Finalmente, Carlos Kida, ciudadano venezolano, pone el acento en la excesiva burocracia que enfrentan los extranjeros que ya trabajan en el país y la dificultad para homologar sus títulos académicos.
En conclusión, aunque Córdoba afronta el 29 de noviembre con una cifra de paro históricamente baja para el mes de octubre, persiste el desafío de transformar esas cifras en un empleo estable, digno y acorde a la formación de sus ciudadanos.
