Harmeet Dhillon ha presentado su renuncia al cargo de jefa de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, marcando así la salida de la primera funcionaria de alto rango de la administración desde que se celebraran las elecciones intermedias. La noticia fue difundida oficialmente por el secretario de Justicia, Todd Blanche, quien utilizó sus redes sociales para comunicar la decisión.
En una publicación realizada a través de la plataforma X, Blanche destacó la gestión de Dhillon, afirmando que la funcionaria ha “liderado la División de Derechos Civiles con convicción”. Asimismo, el secretario de Justicia subrayó que Dhillon defendió las libertades civiles de todos los ciudadanos estadounidenses y aplicó la ley sin temor ni favoritismos, agradeciendo su servicio público y deseándole éxito en sus proyectos futuros.
Durante su periodo de un año y medio como secretaria adjunta de Justicia, Dhillon llevó a cabo una transformación radical de la división con el objetivo de adaptar su funcionamiento a la era Trump. Bajo su mando, la labor de la oficina se desplazó desde sus funciones tradicionales —que se centraban en el cumplimiento de leyes para fomentar la reforma policial y el acceso a las urnas— hacia una agenda enfocada en combatir lo que ella definió como “ideología woke”.
Sin embargo, en las semanas previas a su salida, Dhillon, quien anteriormente se desempeñó como asesora legal de la campaña del presidente Donald Trump, parecía haber perdido protagonismo. Mientras el Departamento de Justicia emprendía diversos casos legales de alto perfil relacionados con las elecciones y de gran interés para el presidente, la presencia de Dhillon se volvió menos visible. Esta ausencia fue notada incluso por funcionarios republicanos vinculados a los casos legales que buscaban respaldar las afirmaciones de Trump sobre supuestos intentos demócratas de robar las elecciones, quienes llegaron a cuestionar su paradero.
Paralelamente a su labor oficial, Dhillon mantuvo una presencia activa y poco convencional en las redes sociales. En sus perfiles, combinaba el anuncio de iniciativas gubernamentales con la publicación de su afición por el tejido, mientras promovía causas de derecha, incluyendo la creación de una sección dedicada a la Segunda Enmienda y el fomento de la tenencia de armas.
El legado administrativo de Dhillon queda marcado por una división debilitada estructuralmente. Durante su gestión, más del 75% de los integrantes de la División de Derechos Civiles renunciaron o fueron despedidos. Aunque la funcionaria reclutó a abogados conservadores para llenar esas vacantes, estas contrataciones no lograron compensar la pérdida de décadas de experiencia y conocimiento especializado en leyes de derechos civiles. Este desmantelamiento terminó afectando la propia gestión de Dhillon, ya que sectores conservadores se quejaron de que el personal inexperto no tenía la capacidad necesaria para gestionar los casos remitidos a la división.
El declive de su influencia se vio acelerado por una serie de derrotas judiciales. Sus intentos por acceder a los padrones electorales para ayudar a los estados a “depurar” las listas de votantes y eliminar a personas que no fueran ciudadanas fueron desestimados por jueces en todo el país. Los magistrados fueron críticos con estas demandas, calificándolas como intentos de utilizar la ley para privar a los ciudadanos de su derecho al voto o para acceder a datos personales.
Con la proximidad de las elecciones intermedias y el hecho de que los demócratas asumieran el control del Senado y la Cámara de Representantes, la salida de Dhillon se consideraba previsible. Fuentes familiarizadas con el asunto indican que su control sobre la división había disminuido durante meses, debido tanto a los reveses judiciales como a la percepción interna de que era más hábil anunciando iniciativas que ejecutándolas.
En la etapa final, Dhillon quedó al margen de las iniciativas electorales más relevantes. Fue Trent McCotter, secretario adjunto de Justicia interino, quien suscribió las demandas de mayor impacto, mientras que Stanley Woodward, fiscal general asociado y con quien Dhillon mantenía una relación tensa, asumió el liderazgo en las comparecencias judiciales para defender las acciones de la administración.
Finalmente, otras de sus gestiones mostraron resultados inconsistentes. Dhillon presentó demandas y envió cartas a universidades acusándolas de discriminación contra estudiantes blancos y de antisemitismo generalizado. No obstante, estas acciones rara vez se transformaron en demandas formales o victorias judiciales. Aunque algunas instituciones se comprometieron a luchar contra el antisemitismo, fuentes informaron a CNN que el departamento no estableció un marco de actuación ni realizó un seguimiento adecuado. Hasta el momento, Dhillon no ha respondido a las solicitudes de comentarios.
