En los primeros días de noviembre de 2026, el régimen nicaragüense ha ejecutado una serie de detenciones contra altos mandos del Hospital Carlos Roberto Huembes. Este centro asistencial, que se encontraba bajo el control operativo de la Policía Nacional, ha sido el escenario de una purga interna tras los resultados de una auditoría realizada por la Procuraduría General de Justicia (PGJ). Según fuentes cercanas a la institución, dicha auditoría reveló irregularidades graves que incluyen el desvío de fondos públicos, el pago de sobresueldos y diversos actos calificados como “corrupción no autorizada”.
Estas acciones no representan un hecho aislado, sino que forman parte de una estrategia de intervención ejecutada por la “copresidenta” Rosario Murillo sobre la estructura de la Policía Nacional. El objetivo parece ser el control absoluto de las instituciones que brindan servicios críticos, especialmente aquellos relacionados con la salud de la cúpula del poder.
Entre los detenidos destaca la figura del comisionado general Julio César Paladino, quien se desempeñaba como director del hospital. Paladino no solo lideraba el centro médico, sino que también era el director de la División de Servicios Médicos Policiales y rector de la Universidad de Ciencias Médicas y Enfermería. De manera fundamental, el alto oficial era el encargado de supervisar directamente la salud del dictador Daniel Ortega Saavedra. Actualmente, Paladino permanece bajo una medida de “casa por cárcel”.
La red de detenciones se extendió a otros cargos clave. El comisionado mayor Jorge Rivas Castillo, subdirector financiero del hospital, fue arrestado junto a su esposa, la comisionada Aracely Solís, quien fungía como jefa del Departamento de Enfermería. Cabe destacar que Solís es hermana de Rosa Solís, madre de los hijos del exdiputado sandinista Evert Carcamo, quien se encuentra detenido desde marzo de 2026.
Asimismo, fue detenida Jana Briceño Lewites, jefa del área de finanzas del nosocomio. Briceño posee un historial laboral en Albanisa, el conglomerado de empresas propiedad de la familia Ortega-Murillo que se encuentra sancionado internacionalmente. Además, es sobrina de Herty Lewites, exalcalde de Managua y precandidato presidencial del MRS en 2006.
El Hospital Escuela Carlos Roberto Huembes tiene un historial de cambios administrativos estratégicos. El 13 de marzo de 2020, fue traspasado al Ministerio de Gobernación (actualmente Ministerio del Interior), una maniobra realizada apenas ocho días después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impusiera sanciones a la Policía Nacional de Nicaragua. A pesar de este cambio formal, la institución continuó operando bajo el control efectivo de la Policía, hecho corroborado por la propaganda oficial y las notas de prensa que seguían citando a los directores policiales ahora encarcelados.
Tras la filtración de los arrestos, la dictadura emitió un comunicado oficial donde confirmó el traspaso de la administración del hospital a la empresa Servicios Médicos Especializados (SERMESA), la cual es propiedad del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). El régimen justificó esta decisión alegando que se realizó “luego de culminar distintos procesos de verificación y validación sobre los servicios que brinda el hospital”, asegurando que el traslado de la dirección busca “garantizar la mejor atención posible”.
Resulta significativo que, mientras el comunicado admitía la llegada de una “nueva gerencia y administración”, omitió por completo cualquier mención a las detenciones de los oficiales. Para las fuentes internas, este movimiento representa un “golpe durísimo” para la Policía Nacional y su sistema de seguro social.
Esta intervención ha generado un clima de temor e incertidumbre en otras instituciones, específicamente en el Hospital Militar Escuela “Dr. Alejandro Dávila Bolaños”, administrado por el Ejército de Nicaragua. Aunque existe la preocupación de que se repita un esquema similar, se señala que Rosario Murillo mantiene una relación distinta con el Ejército a través del General Julio César Avilés. No obstante, una fuente médica del hospital reveló que, a pesar de que el Hospital Militar dispone de un piso entero para el presidente Ortega, la copresidenta ha decidido que la atención médica del dictador sea exclusiva del hospital de la Policía, el cual ahora se encuentra bajo su intervención directa.
Finalmente, el rol de la Procuraduría General de la Justicia (PGJ), liderada por Wendy Morales, ha sido crucial en este proceso. Bajo las órdenes directas de Rosario Murillo, la PGJ ha dejado de actuar como el abogado del Estado para convertirse en un instrumento de purga. Esta institución ha intervenido alcaldías, universidades y ha procesado a figuras como el ex asesor presidencial Bayardo Arce, condenado por presunto lavado de activos. La PGJ se ha transformado en un ente con poderes crecientes que vigila, despide a trabajadores públicos y confisca ilegalmente propiedades en todo el país.
