La Contraloría General de la República (CGR) ha confirmado la recepción de una denuncia formal relacionada con el proceso de adquisición de 40 ambulancias llevado a cabo por el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. La transacción, que asciende a un monto de 13,8 millones de dólares, equivalentes a casi 6.500 millones de colones, fue adjudicada el pasado 27 de setiembre a un consorcio empresarial que, según los datos disponibles, carece de experiencia previa en la comercialización de este tipo de vehículos especializados dentro del territorio nacional.
A través de un comunicado emitido por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, la División de Contratación Pública, la Unidad de Sistemas de Información y la División de Gestión de Apoyo del órgano fiscalizador, la CGR informó que la gestión se encuentra actualmente en fase de admisibilidad. Esta etapa es fundamental para determinar si la denuncia cumple con los requisitos formales necesarios para proceder con una investigación exhaustiva sobre los hechos reportados.
Debido a que el proceso se encuentra en esta fase preliminar, la Contraloría General de la República manifestó que no responderá, por el momento, a las consultas planteadas por el diario La Nación respecto a la legalidad o la procedencia de la justificación utilizada por la Benemérita para implementar un procedimiento de emergencia. Dicho mecanismo fue el camino legal elegido para concretar la compra de las unidades, amparándose en el artículo 66 de la Ley General de Contratación Pública.
De acuerdo con la normativa vigente, la modalidad de procedimiento de emergencia permite que las instituciones públicas realicen adjudicaciones directas. Este mecanismo es aplicable incluso cuando los montos superan el límite establecido para una licitación mayor, siempre y cuando existan riesgos inminentes para la salud pública o se presenten otras amenazas significativas al interés general que justifiquen la celeridad del proceso.
En el caso específico de los Bomberos de Costa Rica, la institución justificó el uso de esta vía excepcional basándose en una instrucción directa de la presidenta de la República, Laura Fernández. La mandataria ordenó ampliar la capacidad de atención prehospitalaria en 25 estaciones distribuidas en el país, como respuesta al incremento registrado en los accidentes de tránsito y laborales, lo que requería una respuesta rápida en la adquisición de equipo.
No obstante, la controversia radica en la selección del adjudicatario. El contrato fue otorgado a un consorcio integrado por la empresa Servicios de Gestión en Seguridad Vial S. A. (SGSV) y la firma brasileña Bem Estar. Tras una revisión de los antecedentes, se determinó que ninguna de las dos compañías registraba experiencia previa en la venta de ambulancias en Costa Rica.
Este hecho contrasta con los resultados del estudio de mercado previo, el cual incluyó la participación de dos compañías costarricenses: AutoStar Vehículos S. A. y Comercializadora Técnica Industrial del Oeste (Cotisa S. A.). Ambas empresas locales no solo contaban con una trayectoria comprobada en el suministro de este tipo de vehículos en el mercado nacional, sino que además presentaron ofertas económicas con precios menores a los del consorcio seleccionado.
El trámite de adquisición fue registrado bajo el número de procedimiento de emergencia 2026XE-000002-0012800001 y fue publicado oficialmente el 10 de setiembre en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
Adicionalmente, se ha identificado que el representante de la empresa SGSV, el empresario de nacionalidad brasileña Igor Oliveira Roquim, también actúa como representante de otro consorcio empresarial. Este último mantiene un contrato vigente con el Ministerio de Justicia y Paz para el suministro de tobilleras electrónicas. Asimismo, se ha observado que los contratos registrados por SGSV en la plataforma Sicop corresponden a negocios realizados con instituciones públicas durante las administraciones de Rodrigo Chaves y Laura Fernández.
