La emergencia persiste en las zonas rurales y urbanas de la costa Pacífica colombiana, donde las secuelas del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto continúan marcando la vida de miles de personas. En departamentos como el Chocó y en ciudades como Buenaventura, la falta de infraestructura, la precariedad en los servicios de salud y la ausencia de asistencia gubernamental oportuna han profundizado una vulnerabilidad que ya era crítica antes del sismo.
En el resguardo embera Truakera, ubicado en el Medio Baudó, la situación es desesperante. Los habitantes se ven obligados a subir a los árboles para intentar captar señal telefónica, ya que, a pesar de contar con una antena de la empresa Claro, la comunicación se ha vuelto casi imposible desde el desastre. Para Luis Ángel Gindrama, presidente de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas del Medio Baudó, la tragedia no se limitó al temblor, sino que ha afectado el acceso a servicios básicos. Gindrama denuncia que el acueducto de su comunidad sufrió una fisura que provoca el drenaje del agua por debajo de la bocatoma, dejando a varias comunidades con acceso únicamente a aguas contaminadas.
Este escenario de abandono se replica en diversas zonas rurales del Chocó. Debido al difícil acceso geográfico, las comunidades han tenido que gestionar la emergencia con sus propios medios. Según Gindrama, la crisis alimentaria y de vivienda ha obligado a los afectados a recurrir a los recursos de la naturaleza. Muchas familias han tenido que construir refugios temporales utilizando plásticos para cubrir los techos y dormir en los restos de sus hogares. La salud de los adultos mayores es una preocupación central, ya que la falta de transporte fluvial impide su traslado a los cascos municipales, trayectos que en algunos casos pueden tardar hasta tres días. Asimismo, el aumento del caudal de los ríos ha impedido que los niños asistan a la escuela, bloqueando los caminos ancestrales.
La devastación es particularmente visible en el corregimiento de Brubatá, en Tadó, donde de un total de 65 viviendas, solo una quedó en pie. En Las Palmas, Quibdó, aunque llegaron ayudas iniciales, hoy impera la desolación mientras se llevan a cabo demoliciones de estructuras declaradas inhabitables. Osiris del Carmen Casas, exgerente del hospital Ismael Roldán Valencia de Quibdó, describe la situación actual de la ciudad como "extraña" y dolorosa, señalando que el apoyo recibido ha sido insuficiente para cubrir las necesidades básicas diarias y que el proceso de reconstrucción desde cero resulta abrumador para las familias afectadas, especialmente ante la persistencia de las réplicas.
Desde la perspectiva humanitaria, Siham Hajaj, jefa de misión en Colombia de Médicos Sin Fronteras (MSF), advierte que el terremoto agravó una vulnerabilidad preexistente. Tras visitar Chocó y Buenaventura, MSF evidenció graves problemas de violencia, falta de agua y carencias en infraestructura y salud. Aunque la organización desplegó una clínica móvil, la fragilidad del acceso persiste debido a la falta de asistencia pública. Hajaj critica que la atención en salud siga basada en la lógica de la afiliación, lo que obstaculiza el acceso en centros urbanos, mientras que los servicios extramurales carecen de medicamentos esenciales para pacientes crónicos en zonas remotas.
Además, MSF resalta una crisis de salud mental acumulada. El impacto psicológico se manifiesta en niveles altos de ansiedad, hipervigilancia ante nuevos temblores y alertas por intentos suicidas, subrayando la urgencia de implementar rutas de referencia y respuestas integrales para las poblaciones aisladas.
En cuanto a la infraestructura, la situación es compleja. En Buenaventura, existen barrios con estructuras dañadas donde familias enteras conviven en viviendas que, aunque parecen estables exteriormente, presentan daños internos graves y albergan a otras personas desplazadas por el sismo. Ante esto, el Gobierno nacional ha anunciado la entrega de 3.867 bonos de apoyo en Buenaventura, mientras que la gobernación del Chocó ha presentado un proyecto al Fondo Milagro para la reconstrucción.
Sobre este fondo, el vocero de presidencia, Miller Soto, informó que se está invirtiendo un billón de pesos, de los cuales 624.656 millones provienen de un crédito del Banco Mundial. De este presupuesto, 332 millones de pesos están destinados a la intervención de 7.385 viviendas, 4.600 millones a la reactivación de 920 pequeños comerciantes y más de 50 millones para la demolición de estructuras que representan un riesgo para la población.
