El Consejo Nacional de Justicia (CNJ) de Brasil ha tomado una decisión unánime que busca transformar la transparencia y el registro de la violencia institucional en el país. El órgano ha determinado que, a partir de ahora, todas las certidones de óbito deben informar detalladamente las circunstancias de la muerte cuando esta sea consecuencia de la acción de los órganos de seguridad pública. Esta medida surge en un contexto donde Brasil ha padecido durante décadas altas tasas de letalidad policial, convirtiendo el monitoreo estadístico de este indicador en una herramienta esencial para intentar contener la violencia estatal.
La nueva disposición del CNJ es amplia en su aplicación. La medida no solo abarca los casos evidentes, sino que incluye también aquellas situaciones de muerte presumida que involucren intervenciones de las fuerzas de seguridad. Asimismo, la norma contempla la rectificación de las actas de defunción en los casos donde exista una decisión judicial que reconozca formalmente la participación de agentes públicos en el fallecimiento de una persona.
Desde una perspectiva de derechos humanos, esta resolución se describe como un avance civilizatorio. El objetivo principal es la estandarización nacional de las reglas para la redacción de los registros de defunción. Al unificar estos criterios, se espera que el Estado brasileño pueda producir datos mucho más precisos y fiables sobre la participación de policías y guardas municipales en muertes violentas. Más allá de la estadística, esta medida tiene un impacto directo en el acceso a la justicia para los familiares de las víctimas, facilitando los procesos de reparación económica o la condena penal de los responsables.
Un punto crítico de la norma es el combate directo a la estigmatización de las víctimas. El CNJ ha prohibido explícitamente el uso de expresiones como "auto de resistencia" o "resistencia seguida de muerte", así como cualquier otra terminología similar. Según se señala, este tipo de frases han sido utilizadas frecuentemente para encubrir abusos policiales, ya que registran el fallecimiento incluyendo una supuesta justificación inmediata que exime a los agentes. Es importante precisar que, a pesar de esta prohibición de términos ambiguos, la causa médica de la muerte seguirá constando en los documentos oficiales.
La urgencia de esta medida se refleja en las alarmantes cifras del Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Durante el año pasado, se registraron 6.602 muertes derivadas de acciones de las fuerzas de seguridad en todo el territorio brasileño. Estos datos se traducen en una tasa de 3,1 muertes por cada 100 mil habitantes, una cifra que supera ampliamente la de otros países. A modo de comparación, Estados Unidos registró una tasa de 0,39 en el mismo periodo, mientras que Colombia, un país vecino también afectado por altos índices de violencia, presentó una tasa de 0,52 en 2022.
A nivel interno, la distribución de esta letalidad es desigual y muestra focos críticos en regiones específicas. El ranking de mayor letalidad policial es liderado por el estado de Amapá con una tasa de 17,1, seguido por Bahía con 10,6 y Sergipe con 8,4. Por su parte, el estado de São Paulo se mantiene por debajo de la media nacional con una tasa de 1,8; sin embargo, se observa un crecimiento preocupante en el volumen absoluto de muertes, pasando de 421 fallecimientos en 2022 (cuando la tasa era de 0,9) a 835 en 2025.
El análisis de estos datos revela una tendencia compleja: la letalidad policial ha aumentado en 17 estados, independientemente de si los gobiernos locales están liderados por partidos de derecha o de izquierda. Lo más llamativo es el descompasso existente entre las estadísticas generales y las policiales. Mientras que la tasa nacional de muertes violentas intencionales ha alcanzado su nivel más bajo desde que se inició la serie estadística en 2012, la letalidad en manos del Estado continúa siendo un problema persistente.
Finalmente, se plantea que la decisión del CNJ es un paso necesario, pero insuficiente por sí solo. Para reducir efectivamente las muertes causadas por el Estado y garantizar justicia a las familias, es imperativo que las autoridades cumplan la ley. Esto implica la necesidad de fortalecer las corregedorías, optimizar la formación profesional de los agentes de seguridad y ampliar significativamente la implementación de cámaras corporales para asegurar la rendición de cuentas en cada intervención.
