Dirigentes de siete de las organizaciones gremiales más importantes de Costa Rica han denunciado haber sido víctimas de tratos hostiles, obstáculos para el ejercicio de la actividad sindical, ausencia de espacios de diálogo y presuntos actos de vigilancia por parte del Poder Ejecutivo bajo la administración de Laura Fernández. Según los testimonios recogidos, estas tensiones no son un fenómeno reciente, sino que algunos líderes aseguran que se arrastran desde la gestión de Rodrigo Chaves, quien actualmente se desempeña como ministro de Hacienda y de la Presidencia.
Las organizaciones que han expuesto estas situaciones son la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE), la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), el Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae Afines), el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), la Asociación Nacional de Técnicos en Telecomunicaciones y Electricidad (Anttec) y la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE).
Luis Chavarría Vega, secretario general de Undeca, señaló que la relación con el Gobierno ha sido hostil desde la administración de Rodrigo Chaves y que esta línea se mantiene con Laura Fernández. Chavarría vinculó esta actitud a la denuncia realizada por el sindicato sobre el denominado "Caso Barrenador", una investigación judicial por un presunto sobreprecio de 12.400 millones de colones anuales en un contrato de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para la administración de 138 Ebáis. El dirigente afirmó que se han sentido perseguidos, reportando la presencia constante de personas extrañas tomando fotografías y videos frente al sindicato, así como vehículos oscuros en las cercanías de sus instalaciones.
En una línea similar, Lenín Hernández, secretario general de Sinae Afines, denunció restricciones dentro de la CCSS, tales como dificultades para ingresar a los hospitales y obtener los permisos necesarios para realizar labores sindicales. Hernández también mencionó haber sido objeto de seguimientos mediante vehículos sin placas, aunque aclaró que desconoce si los responsables tienen vínculos con entidades públicas o privadas.
Por su parte, Gilda Montero Sánchez, presidenta de ANDE, calificó la relación con el Gobierno como respetuosa y prudente, aunque reveló incidentes que sugieren una vigilancia selectiva. Montero relató que un funcionario gubernamental le sugirió no utilizar el teléfono asignado por el sindicato, lo que interpretó como una señal de que el Gobierno podría estar mapeando a los liderazgos gremiales. Asimismo, denunció un intento de infiltración por parte de una persona que fingió interés en afiliarse a ANDE y que posteriormente resultó estar vinculada a los firmantes de la fallida Ley Jaguar. Además, Montero anunció que el sindicato irá a huelga el 11 de noviembre debido a la falta de pago del costo de vida.
Desde el sector de las telecomunicaciones, Sergio Olivares, presidente de Anttec, aseguró que no han existido espacios de diálogo con el Gobierno actual ni con el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Marco Acuña. Olivares manifestó su preocupación por posibles prácticas de vigilancia, recordando un precedente de 2011 donde la Sala Constitucional condenó al ICE por vigilar arbitrariamente a un dirigente sindical. También mencionó denuncias internas sobre reuniones donde se solicita a los trabajadores no usar celulares y se les advierte sobre procesos disciplinarios si presentan denuncias.
Gilbert Díaz Vásquez, presidente del SEC, fue más tajante al afirmar que la relación con el Ejecutivo está totalmente "rota". Díaz denunció actos de persecución, asegurando que el Ministerio de Educación Pública (MEP) solicitó listas de funcionarios que participaron en la marcha del 20 de octubre. Asimismo, acusó a Rodrigo Chaves de intentar intervenir en las elecciones sindicales mediante un "caballo de Troya", con el objetivo de debilitar a la organización.
Albino Vargas, de ANEP, denunció la existencia de una política antisindical que obstaculiza la negociación colectiva y la obtención de licencias sindicales, especialmente a través del Ministerio de Trabajo. Finalmente, Dennis Javier Solís Cruz, de APSE, reclamó la falta de apertura real al diálogo y señaló que el Gobierno no ha respetado la libertad sindical al no reconocer a la representante legítima del gremio en la Junta Directiva de la CCSS, la exdiputada Rocío Alfaro Molina, a pesar de una orden de la Sala Constitucional.
Ante estas denuncias, se tramitaron consultas a Casa Presidencial, el MEP, el Ministerio de Trabajo, el ICE y la CCSS, pero ninguna de estas entidades emitió respuesta al cierre de la edición.
En el análisis del contexto político, los politólogos Sergio Araya y Daniel Calvo coinciden en que los sindicatos han perdido capacidad de presión y peso político, en parte debido a las restricciones legales actuales sobre las huelgas. No obstante, Araya destacó que sectores como salud y educación aún conservan una influencia estratégica debido a la esencialidad de sus servicios.
