En una resolución judicial que pone fin a un prolongado y polémico proceso legal, los tribunales de justicia de Honduras han dictado el sobreseimiento definitivo a favor de cuatro ciudadanos que habían sido procesados bajo la acusación de planificar un presunto atentado contra el expresidente de la República, Manuel Zelaya Rosales, el cual habría estado programado para el año 2025.
El fallo judicial, emitido el 2 ножembre de 2026, permite que los imputados recuperen su libertad plenamente. Tras la lectura de la sentencia, los ciudadanos abandonaron las instalaciones judiciales portando sus respectivas cartas de libertad, momento en el cual aprovecharon para expresar su malestar y denunciar una serie de irregularidades procesales que consideraron graves durante el tiempo que duró el litigio.
La defensa técnica, encabezada por la abogada Doris Imelda Madrid, fue enfática al ratificar que la resolución judicial fue contundente tras un examen exhaustivo del expediente. De acuerdo con las declaraciones de la togada, el tribunal superior llegó a la conclusión de que la valoración de las pruebas presentadas por la Fiscalía fue ilícita, lo que invalidó el sustento de la acusación original. Madrid señaló específicamente que la corte fue determinante en su análisis sobre la probanza, catalogando la metodología y la valoración de los elementos presentados por el ente acusador como contrarias a la ley.
Por su parte, los ciudadanos liberados manifestaron su satisfacción y alivio al recuperar su libertad. Uno de ellos, Carlos Katán, enfatizó que mantuvo su postura de inocencia durante todo el desarrollo del litigio judicial. Con sus documentos de libertad en mano, Katán lanzó duras críticas contra las acciones ejecutadas por el ente acusador del Estado, asegurando que nunca existieron pruebas reales que los vincularan con el supuesto plan atentatorio. Katán calificó como ilegales todas las actuaciones realizadas tanto por la Fiscalía como por los juzgados involucrados en las etapas iniciales del proceso.
En el mismo sentido, el ciudadano Arcadio Corrales describió el proceso penal original como un "absurdo jurídico". Corrales manifestó que el fallo emitido por la Corte de Apelaciones no solo representa una victoria legal, sino que constituye una reivindicación de sus derechos fundamentales y una vía para recuperar la paz mental y familiar. Según Corrales, resultaba incomprensible que hubieran sido acusados de un problema de tal magnitud, subrayando que su único interés en este momento es retomar la tranquilidad y continuar con sus quehaceres diarios.
Para comprender el contexto de este caso, es necesario remontarse a agosto de 2025, fecha en la que se inició el proceso penal. En aquel entonces, el fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, presentó una denuncia formal sobre la existencia de un supuesto plan coordinado para atentar contra la vida y la integridad del exmandatario Manuel Zelaya Rosales. Esta denuncia activó la maquinaria del Ministerio Público, que procedió a ejecutar capturas inmediatas contra los ahora liberados, imputándoles cargos relacionados con supuestos actos preparatorios de terrorismo.
Durante el transcurso del juicio, el Ministerio Público intentó sostener la acusación basándose en evidencias digitales y conversaciones que habían sido intervenidas. No obstante, el equipo de defensa técnica interpuso diversos recursos de apelación, logrando demostrar ante los magistrados que se habían vulnerado garantías procesales básicas y que las pruebas presentadas carecían de validez legal.
Este desenlace judicial pone de relieve las deficiencias en la recolección y valoración de la prueba digital por parte de la Fiscalía, culminando en el sobreseimiento definitivo de los cuatro ciudadanos, quienes ahora se encuentran libres de cualquier cargo relacionado con este caso.
