Una reciente investigación periodística ha puesto en el centro del debate la gestión del alcalde de Ate, Franco Vidal, tras revelarse presuntas irregularidades en el proceso de contrataciones ejecutadas por la municipalidad. Según la denuncia, el gobierno local habría incurrido en manejos anómalos para la organización de festejos, actividades deportivas y diversos espectáculos artísticos dentro del distrito limeño, movilizando sumas millonarias a través de mecanismos de contratación directa.
De acuerdo con la información difundida por el programa periodístico Cuarto Poder, la Municipalidad de Ate destinó un monto total de S/34 890 000 para la realización de eventos que incluyeron conciertos, torneos de boxeo y celebraciones de aniversario. El reportaje basó sus revelaciones en un informe técnico emitido por la Contraloría General de la República, el cual detalla la distribución de estos fondos y las presuntas anomalías en su ejecución.
El organismo auditor reveló que, durante el año 2024, la comuna gastó la suma de 25 millones de soles mediante la modalidad de contrataciones menores a ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Este mecanismo, frecuentemente cuestionado por reducir la competitividad y la transparencia, fue el medio principal para los desembolsos. Asimismo, el informe señala que para el año 2025 el monto destinado bajo esquemas similares asciende a aproximadamente 10 millones de soles.
La Contraloría General de la República estableció que la entidad municipal realizó diversos desembolsos financieros correspondientes a servicios que, presuntamente, nunca fueron ejecutados. El organismo de control advirtió que existen pagos realizados sin que medie la documentación necesaria que acreditara la prestación efectiva de los servicios contratados, lo que sugiere una gestión administrativa deficiente o deliberadamente irregular.
Uno de los hallazgos más detallados y escandalosos del informe se centra en la figura de Miguel Ángel Ruelas Quillatupa. Según la investigación, existe una "contratación recurrente" de este ciudadano, quien posee un antecedente particular: antes de convertirse en un proveedor recurrente del Estado, Ruelas Quillatupa había postulado a un puesto de chofer de Serenazgo en la propia Municipalidad de Ate.
A pesar de no contar con experiencia previa en el ámbito de las contrataciones públicas, Ruelas logró obtener diversas órdenes de servicio con la comuna que, hasta la fecha, suman un total de S/918 725. La versatilidad de los servicios provistos por este contratista resultó sorprendente para los auditores, ya que Ruelas facturó a la municipalidad por conceptos tan variados como la provisión de baños portátiles, arreglos florales, servicios de catering, alquiler de estrados y el suministro de equipo de sonido profesional.
El informe de control detalla casos específicos de presunto perjuicio económico. Durante las festividades por el 40.º aniversario de Huaycán y un desfile realizado para exalumnos de Ate, el municipio abonó a favor de Miguel Ángel Ruelas la suma de S/61 500. Este monto correspondía a ocho servicios logísticos que, según el órgano de control, nunca fueron prestados por el contratista. El informe es enfático al señalar que no se cumplieron las condiciones establecidas en las órdenes de servicio ni en sus adjuntos de Términos de Referencia (TDR), lo que resultó en pagos indebidos que afectaron el patrimonio de la entidad.
Otro caso relevante ocurrió el 4 de mayo de 2024, durante el evento denominado "Festival de Box Amateur", llevado a cabo en el complejo Ollantaytambo. En dicha ocasión, la Municipalidad de Ate pagó nuevamente a Ruelas Quillatupa la suma de S/3 800 por el alquiler de sillas y baños temporales. No obstante, la investigación resalta que dicho recinto deportivo ya contaba con instalaciones sanitarias aptas y graderías equipadas con butacas, lo que llevó al programa periodístico a calificar estos contratos como innecesarios.
Ante la gravedad de los hallazgos y la evidencia de pagos por servicios no prestados o redundantes, la Contraloría General de la República ha tomado medidas legales. El organismo auditor recomendó a la Procuraduría Pública Anticorrupción que interponga las denuncias penales correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios. Esta acción busca determinar la responsabilidad penal de los implicados en el trámite y aprobación de las órdenes de servicio que habrían ocasionado el perjuicio económico al distrito de Ate.
