La derogación del límite de dos mandatos para los intendentes de la provincia de Buenos Aires se ha convertido en el epicentro de una compleja disputa política. El retorno al esquema de reelecciones indefinidas no es solo una cuestión administrativa, sino un recurso estratégico vital tanto para el armado territorial de La Libertad Avanza como para la definición de la candidatura presidencial del peronismo de cara a 2027.
Actualmente, la ley 15.315, aprobada durante la gestión de María Eugenia Vidal en acuerdo con Sergio Massa y el Frente Renovador, establece un límite a la cantidad de mandatos. De no modificarse esta normativa a través de la Legislatura bonaerense, un total de 82 jefes comunales quedarían legalmente impedidos de presentarse a un nuevo mandato en las próximas elecciones de 2027.
Dentro del espacio libertario, existen visiones encontradas. Mientras que Sebastián Pareja, el alfil de La Libertad Avanza en la provincia, ha manifestado su rechazo a la reelección indefinida, la "mesa chica" que conduce Karina Milei —integrada también por Lule, Martín Menem y Diego Santilli— sostiene una perspectiva diferente. Para este núcleo de poder, la modificación de la ley representa una oportunidad política estratégica.
El razonamiento del sector liderado por el "karinismo" apunta a fortalecer la candidatura de Diego Santilli, a quien el presidente Javier Milei ya denomina "gobernador". Para lograrlo, el oficialismo busca articular un frente electoral que agrupe a todo el antiperonismo, integrando al PRO y, fundamentalmente, a la Unión Cívica Radical (UCR), espacio que posee una presencia territorial más robusta en la provincia que el partido amarillo.
La estrategia consistiría en reconstruir una coalición similar a la de Juntos por el Cambio, pero bajo el liderazgo de La Libertad Avanza. En este esquema, la reelección indefinida funcionaría como la "moneda de pago" para atraer a los radicales. El objetivo es permitir que los 17 intendentes de la UCR que hoy están limitados por la ley puedan postularse nuevamente. A cambio, los libertarios prometen no presentar candidatos competidores en esos municipios, prefiriendo ceder el control intendencial antes que entregar lugares en las listas de diputados nacionales, legisladores provinciales o concejales, priorizando así la consolidación de su presencia legislativa en el territorio bonaerense.
El mapa de los afectados por la ley actual es diverso: 53 intendentes pertenecen al Partido Justicialista (PJ), 17 a la UCR, cinco son libertarios, tres provienen del PRO y cuatro son vecinalistas.
Sin embargo, el mayor obstáculo para la derogación se encuentra dentro del propio peronismo. Axel Kicillof impulsa el proyecto de modificación tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. En contraste, el sector de Sergio Massa mantiene una postura rígida; el líder del Frente Renovador sostiene que, habiendo aprobado la limitación en su momento junto a Vidal, no reunirá los votos necesarios para revertirla. Por su parte, el kirchnerismo busca que la reelección indefinida sea una pieza más de una negociación global enfocada en la candidatura presidencial para enfrentar a Milei en 2027.
La complejidad del escenario se extiende incluso a la discusión por las vacantes en la Suprema Corte provincial. Ante este panorama, Kicillof se reunió recientemente con intendentes del PJ, acordando que sean las estructuras de los jefes comunales quienes militen la reelección indefinida ante los legisladores, beneficiándose así a sí mismos.
En medio de esta tensión, Sergio Massa intenta posicionarse entre ambos polos sin renunciar a sus aspiraciones presidenciales. Esta ambición surge en un contexto donde Santiago Caputo, asesor presidencial, sugirió que en una eventual interna entre Kicillof y Massa, el tigrense resultaría vencedor. Por su parte, Kicillof ha confirmado que desea que exista una competencia real entre los postulantes presidenciales del PJ, ya sea a través de las PASO o de una interna partidaria.
Finalmente, el factor tiempo presiona la decisión. Algunos sectores peronistas estiman que la ley debe aprobarse antes de fin de año para permitir la definición de candidatos y la inscripción de listas. No obstante, voces escépticas como la del ex intendente Jorge Ferraresi sugieren que es improbable que se logre un consenso, dado el nivel de confrontación interna en el PJ, que podría impedir la aprobación de una norma que beneficiaría a más de medio centenar de sus propios intendentes.
