El exministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien se desempeñó en el gobierno de Gabriel Boric, lanzó duras críticas contra el actual titular de la cartera, Fernando Rabat, en relación con la polémica firma de decretos que permitieron la rebaja de condenas a personas condenadas por abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Durante una intervención en el programa Chilevisión Noticias AM este domingo, Gajardo fue enfático al asegurar que las explicaciones entregadas por el ministro Rabat ante el Congreso Nacional no se ajustan a la verdad.
Para el exministro, el hecho de que el secretario de Estado haya entregado información falsa ante el cuerpo legislativo es un asunto "gravísimo". Gajardo no solo cuestionó la veracidad de los argumentos presentados, sino que fue más allá al señalar que la retórica utilizada por Rabat para justificar la rebaja de las penas es la misma que suelen emplear "los peores criminales" del país cuando litigan sus casos ante la justicia.
En el marco de este escándalo, Gajardo se refirió a la postura del presidente José Antonio Kast, quien ha decidido mantener a Fernando Rabat en su cargo a pesar de la controversia. Aunque el exministro admitió que no posee una explicación clara sobre los motivos de esta decisión presidencial, subrayó que, tras 11 días de polémica, el Gobierno le adeuda una explicación detallada y transparente a la ciudadanía y al país completo.
Uno de los puntos más críticos señalados por Gajardo es la contradicción existente entre el discurso presidencial y la conducta del ministro. Según el exministro, existe una "distancia muy importante" entre la versión del presidente Kast, quien calificó lo sucedido como un "error", y la actitud de Rabat. Gajardo sostiene que el ministro, lejos de reconocer una equivocación, continúa defendiendo su posición incluso frente al Congreso, lo que hace que su permanencia en el cargo resulte, a juicio del exministro, "inexplicable", ya que hasta el momento no se han establecido responsables reales por lo ocurrido.
Respecto al fondo jurídico del asunto, Gajardo fue tajante al afirmar que la explicación del ministro no es cierta. Detalló que la Corte Suprema ha sido clara en su jurisprudencia, señalando que la ley de rebajas de condena debe aplicarse irrestrictamente y que, por consiguiente, no se deben entregar estos beneficios a quienes han sido condenados por violaciones y abusos sexuales contra menores de edad. En este sentido, Gajardo planteó una pregunta fundamental sobre si el Ministerio de Justicia, a pesar de conocer la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema, persistió en otorgar dichas rebajas. La respuesta, según el exministro, es afirmativa: el ministerio siguió otorgando los beneficios.
Finalmente, Jaime Gajardo desglosó y refutó los tres argumentos principales utilizados por el Ministerio de Justicia para justificar la reducción de las condenas. El primer argumento sostiene que los beneficios penitenciarios no son tales, sino que constituyen un derecho. El segundo se basa en la aplicación del principio de irretroactividad de la ley penal. El tercer punto indica que la cartera de Justicia no tiene la facultad de modificar las decisiones emanadas de las comisiones técnicas.
Gajardo aseguró que estos tres planteamientos ya han sido refutados por la jurisprudencia de la Corte Suprema. De manera contundente, calificó estos argumentos como "lo más brutal" de la situación, reiterando que son exactamente los mismos razonamientos que presentan los abogados defensores de los criminales más peligrosos del país para intentar obtener beneficios judiciales.
