El Gobierno de Panamá ha implementado una nueva medida económica destinada a agilizar y reducir los costos de las obras de reconstrucción en las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7.5 que impactó el país el pasado 9 de octubre. A través de una disposición oficial, los contratistas y promotores encargados de rehabilitar edificios, viviendas y diversas infraestructuras podrán quedar exentos de realizar un aporte económico específico relacionado con la seguridad laboral.
Esta medida tiene como objetivo principal disminuir la carga financiera asociada a la recuperación de las áreas donde el movimiento telúrico causó daños severos, dejando a una gran cantidad de viviendas en condiciones inseguras o provocando el colapso total de diversas estructuras. El impacto del desastre natural ha dejado un saldo aproximado de 13,000 damnificados, con afectaciones críticas concentradas principalmente en las provincias de Los Santos, Herrera y Veraguas, donde carreteras y edificaciones públicas y privadas resultaron dañadas.
Específicamente, la exoneración se aplica al aporte destinado al Fondo de Seguridad Ocupacional, Salud e Higiene en el Trabajo. Normalmente, este pago debe ser efectuado por los promotores o los contratistas principales de los proyectos de construcción. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución de Gabinete No. 126 del 20 de octubre de 2026, la cual fue publicada oficialmente el viernes 30 de octubre en la Gaceta Oficial. En dicho documento, se establece que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) se incorpora como una de las instituciones responsables de tramitar estos beneficios económicos.
Para comprender la relevancia de este fondo, es necesario detallar su propósito original. El Fondo de Seguridad Ocupacional busca garantizar que los oficiales de seguridad laboral actúen con total independencia y objetividad. Estos profesionales tienen la responsabilidad fundamental de vigilar las condiciones en que se ejecutan las obras, identificar posibles riesgos en el sitio de trabajo y prevenir accidentes que puedan comprometer la integridad física de los obreros.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 67 de 2015, todos los proyectos de construcción cuya inversión supere el millón de dólares requieren obligatoriamente la designación de uno o varios oficiales de seguridad ocupacional. La cantidad de estos profesionales se determina basándose en las características específicas de cada obra y los riesgos inherentes a su ejecución. Bajo la nueva resolución, aquellos encargados de reconstruir infraestructuras dañadas directamente por el sismo podrán solicitar que se les exima de este aporte económico.
No obstante, la normativa es clara al señalar que la exoneración del pago no implica la eliminación de las obligaciones de seguridad. La resolución enfatiza que no se puede descuidar la obligación de mantener condiciones laborales seguras. Por esta razón, se establece que el Mitradel deberá asumir la tarea de asignar los oficiales de seguridad ocupacional necesarios. El objetivo es asegurar que la supervisión técnica continúe activa para prevenir cualquier tipo de accidente laboral durante el desarrollo de los trabajos de reconstrucción.
Esta acción no es una medida aislada, sino que se suma a un paquete de exoneraciones previamente aprobado por el Consejo de Gabinete el 13 de octubre, apenas cuatro días después del desastre. Anteriormente, mediante la Resolución de Gabinete n.º 109, publicada el 19 de octubre, se había instruido a diversas entidades públicas a tramitar la exoneración de tasas y contribuciones relacionadas con la reconstrucción. Entre las instituciones involucradas en este proceso se encuentran el Cuerpo de Bomberos, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), así como los ministerios de Salud y de Ambiente.
Dichos pagos exonerados corresponden a las tasas que habitualmente se deben abonar a estas instituciones por servicios administrativos o procedimientos específicos vinculados a la ejecución de obras civiles. Todas estas disposiciones legales forman parte de la estrategia de respuesta inmediata tras la declaratoria del estado de emergencia del 10 de octubre, medida adoptada para atender la crisis humanitaria e infraestructural ocasionada por el terremoto en el territorio panameño.
