¿Hasta dónde llega la libertad de expresión en la política? La Procuraduría Pública del Jurado Nacional de Elecciones, el JNE, ha presentado una denuncia penal contra el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, y el excandidato presidencial Carlos Álvarez. Ambos son acusados de los delitos de acoso y coacción.
El motivo son expresiones con connotación sexual dirigidas hacia el presidente del organismo electoral, Roberto Burneo. Según el procurador Ronald Angulo, la denuncia se basa en hechos ocurridos el pasado 24 de octubre en el distrito de Lurín. En un evento público, Carlos Álvarez retomó declaraciones previas de López Aliaga sobre introducir un “morrocoy” a Burneo, haciendo referencia a una agresión sexual. Las imágenes difundidas muestran que el comediante pronunció estas palabras mientras cinco niños presentes en el estrado observaban la escena y López Aliaga reía.
El procurador Angulo señaló que estas expresiones, que se originaron en abril de 2026, constituyen un patrón y no un hecho aislado. Para la Procuraduría, los dichos excedieron el margen de la crítica legítima a un funcionario público, afectando la tranquilidad personal y la libertad de Burneo. Además, se sostiene que estas declaraciones buscarían condicionar las decisiones del magistrado respecto a los primeros regidores electos que fueron alcaldes en el periodo anterior.
Ante esto, el JNE calificó las manifestaciones como contrarias a los límites de la discrepancia política y anunció que pondrá el caso en conocimiento del Ministerio de la Mujer, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. El caso ya se encuentra en la fiscalía de turno de Lurín para evaluar el inicio de una investigación. Previamente, figuras como Susel Paredes e Indira Huilca habían repudiado los dichos, calificándolos como una amenaza de agresión sexual y uno de los episodios más repudiables de la política actual.
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