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México rechaza reclamo de Texas sobre nueve islas en el río Bravo

La postura mexicana se da luego de que una funcionaria de la Oficina General de Tierras de Texas (GLO por su sigla en inglés) declaró el lunes pasado que había identificado nueve islas "como propiedad perteneciente a dicho estado".

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México rechaza reclamo de Texas sobre nueve islas en el río Bravo

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México ha manifestado formalmente su rechazo ante las declaraciones emitidas por el gobierno del estado de Texas, en las cuales se sostiene que nueve islas ubicadas en el río Bravo pertenecen a dicha entidad federativa de los Estados Unidos. Esta respuesta diplomática surge como una medida para salvaguardar la integridad territorial y el respeto a los acuerdos internacionales vigentes.

La controversia se originó el pasado lunes, cuando una funcionaria de la Oficina General de Tierras de Texas (GLO, por sus siglas en inglés) afirmó haber identificado nueve islas como propiedad perteneciente al estado texano. Según la postura de la GLO, el estado tendría la facultad legal de acceder a estas tierras, así como de supervisarlas y protegerlas.

En un comunicado citado, la comisionada de tierras, Dawn Buckingham, señaló que, tras la confirmación de la GLO sobre la pertenencia de estas nueve islas al estado de Texas, las fuerzas del orden estarían habilitadas para intervenir en la zona. El objetivo primordial de estas acciones, según Buckingham, sería "despejarlas de cualquier actividad ilegal que pudieran encontrar" en dichos territorios.

Ante estas aseveraciones, la cancillería mexicana respondió de manera tajante a través de una nota informativa, subrayando que la frontera entre México y Estados Unidos no puede ser modificada mediante la decisión unilateral de un gobierno estatal. La SRE enfatizó que los límites fronterizos no están sujetos a interpretaciones locales, sino que se definen estrictamente bajo criterios establecidos en tratados internacionales.

Para sustentar su postura, el gobierno mexicano detalló que el Tratado de Límites de 1970 es el instrumento legal rector en esta materia. De acuerdo con este tratado, la división internacional entre ambas naciones corre por el centro del cauce normal del río Bravo. Es este límite técnico y legal el que determina la soberanía de las tierras situadas a ambos lados de la frontera, invalidando cualquier reclamo basado en criterios estatales.

Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo hincapié en la función de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA). El despacho señaló que la CILA es la única instancia facultada por los gobiernos federales de México y Estados Unidos para aplicar el Tratado de Límites y determinar técnicamente de qué lado de la frontera se encuentra cada isla. En este sentido, la SRE fue clara al afirmar que ninguna autoridad estatal tiene la atribución legal para realizar tales determinaciones.

Además de la disputa sobre la soberanía de las islas, la cancillería mexicana recordó que el marco normativo del tratado impone restricciones estrictas sobre las obras de infraestructura en la zona. Según la SRE, ningún país puede llevar a cabo la construcción de obras que, a juicio de la CILA, tengan el potencial de desviar u obstruir el escurrimiento normal del río Bravo.

Con esta respuesta, el gobierno de México reafirma la importancia de apegarse a los mecanismos bilaterales establecidos para la gestión de la frontera, rechazando que entidades subnacionales alteren la delimitación territorial acordada entre las dos naciones. La insistencia en el rol de la CILA busca asegurar que cualquier resolución sobre la propiedad de las islas en el cauce del río se base en criterios técnicos y diplomáticos internacionales y no en decisiones administrativas internas de Texas.

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