Un grupo compuesto por 25 congresistas demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha enviado una comunicación formal al secretario de Estado, Marco Rubio, solicitando aclaraciones detalladas sobre la gestión del Gobierno estadounidense en relación con la salida de Brasil y el posterior ingreso al territorio estadounidense del senador y excandidato presidencial brasileño, Flávio Bolsonaro.
Los legisladores solicitantes enfatizan la necesidad de obtener un “recuento inmediato” de los hechos, basando su petición en las circunstancias irregulares que rodearon la partida de Bolsonaro de su país de origen. El núcleo de la controversia reside en que el senador brasileño abandonó Brasil apenas dos días después de que se definiera la segunda vuelta electoral, en la cual resultó vencedor el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La salida de Flávio Bolsonaro se produjo en un momento crítico, mientras el político enfrentaba diversas investigaciones judiciales en Brasil. Entre las indagatorias destacan presuntas apuestas ilegales en línea, así como acusaciones de corrupción y lavado de dinero vinculadas al financiamiento de “Dark horse”, una producción cinematográfica centrada en la figura de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro. Este último, quien mantiene un vínculo cercano con el presidente Donald Trump, fue condenado en Brasil en el año 2025 a una pena de 27 años de prisión por su presunta implicación en un intento de golpe de Estado ocurrido en 2023, aunque el exmandatario sostiene firmemente su inocencia.
En cuanto a su situación legal específica, Flávio Bolsonaro ha negado haber cometido cualquier delito. Si bien es cierto que no contaba con órdenes de arresto activas, la Policía de Brasil le había impuesto restricciones severas, exigiéndole la entrega de sus pasaportes y prohibiéndole salir del territorio nacional debido a las investigaciones en curso.
Ante este escenario, los congresistas demócratas cuestionan si el Departamento de Estado tenía pleno conocimiento de las restricciones judiciales impuestas por el tribunal brasileño y cuáles fueron los criterios técnicos y legales utilizados para permitir el ingreso de Bolsonaro a los Estados Unidos. En la carta enviada este jueves a Marco Rubio, los legisladores señalan que estos acontecimientos generan dudas razonables sobre la toma de decisiones del Departamento y la posible intervención de personal gubernamental para facilitar el traslado del senador.
La misiva es explícita en su demanda de transparencia: “La pregunta central es clara: ¿el Departamento de Estado, la Embajada de Estados Unidos en Brasil o cualquier otra agencia del Gobierno de Estados Unidos ayudaron al senador Bolsonaro a viajar a Estados Unidos o a ingresar en el país pese a la restricción judicial brasileña sobre su salida de la que se ha informado?”. Los demócratas subrayan que, en caso de haber existido asistencia, el Congreso debe conocer los detalles sobre qué se proporcionó, quién fue la autoridad que lo autorizó, la fecha exacta de la operación y la información que disponían los funcionarios en ese momento.
Sobre la logística del viaje, se ha informado que Bolsonaro, acompañado por su esposa y sus hijas, aterrizó primero en Argentina el pasado martes por la noche, según datos proporcionados por el Gobierno argentino. Posteriormente, realizaron un vuelo hacia Ecuador antes de iniciar el tramo final de su trayecto, aterrizando finalmente en Miami el miércoles por la tarde. Esta trayectoria sugiere un desplazamiento complejo para alcanzar suelo estadounidense.
Paralelamente, un asesor de Donald Trump confirmó a CNN que el presidente aprobó la entrada de Bolsonaro a los Estados Unidos tras su derrota electoral en Brasil. Asimismo, dos altos funcionarios indicaron el mismo martes que se procederían a expedir visas tanto para el senador como para su núcleo familiar.
Desde su llegada a Miami, Flávio Bolsonaro no ha realizado apariciones públicas. No obstante, el miércoles difundió una carta en la que se autodefine como el “líder de Brasil” y hace un llamado a sus simpatizantes para que mantengan la “lucha por la democracia” en contra del Gobierno encabezado por Lula da Silva.
Los congresistas demócratas han establecido el 13 de noviembre como fecha límite para recibir una respuesta por escrito y han solicitado que funcionarios del Departamento de Estado estén disponibles para resolver consultas adicionales. Los legisladores argumentan que existe un interés legítimo de supervisión para comprender si se utilizaron recursos diplomáticos y migratorios para favorecer a una figura política extranjera bajo estas circunstancias, subrayando que la transparencia es vital cuando están involucrados procedimientos judiciales extranjeros y relaciones bilaterales delicadas.
Hasta el momento, el Departamento de Estado no ha emitido comentarios oficiales tras ser contactado por CNN.
