El Gobierno Nacional, liderado por el presidente Daniel Noboa, ha hecho oficial la presentación de la proforma del presupuesto general del Estado para el ejercicio fiscal 2027. El documento, que asciende a un monto total de 50.213 millones de dólares, fue entregado formalmente a la Asamblea Nacional este viernes 30 de octubre de 2026. Junto con esta propuesta, el Ejecutivo remitió la programación presupuestaria cuatrianual correspondiente al periodo 2027-2031, con el objetivo de que el cuerpo legislativo inicie el análisis y el tratamiento respectivo.
Uno de los ejes centrales de la propuesta es el Plan Anual de Inversiones (PAI), para el cual se han destinado 2.995,54 millones de dólares. Esta cifra representa un incremento del 23 % en comparación con el presupuesto codificado hasta septiembre de 2026. De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, estos recursos están orientados a financiar diversos proyectos estratégicos distribuidos en las distintas provincias del país.
En cuanto a la descentralización, la proforma contempla una asignación de 4.346 millones de dólares destinados a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Estos fondos corresponden al Modelo de Equidad Territorial y otras competencias específicas, lo que supone un incremento de 618 millones de dólares respecto al periodo anterior. Asimismo, se detalla que los GAD de Ecuador contarán con 455 millones de dólares adicionales en 2026 en comparación con el año precedente, recursos que serán distribuidos entre municipios, prefecturas y juntas parroquiales para la ejecución de servicios públicos y obras.
La distribución sectorial pone un énfasis significativo en los servicios básicos y el bienestar social. El Sistema Nacional de Salud recibirá una asignación de 5.855 millones de dólares, mientras que el sector educativo, específicamente en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, contará con 6.681 millones de dólares. Por su parte, las escuelas politécnicas y universidades tendrán un presupuesto de 1.652 millones de dólares, lo que constituye un aumento del 6,37 % frente a lo codificado a septiembre de 2026.
Para el área de protección social, el Gobierno ha previsto 1.470,9 millones de dólares, destinados principalmente al pago de pensiones, bonos y otros beneficios para ciudadanos en situación de vulnerabilidad. En materia de seguridad, el presupuesto asignado es de 4.251 millones de dólares, fondos que se distribuirán entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) y el ECU 911.
El rubro de seguridad social alcanza los 3.955 millones de dólares. Este monto se desglosa de la siguiente manera: 3.070 millones de dólares para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), 546 millones de dólares para el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) y 339 millones de dólares para el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol).
Desde la perspectiva fiscal, el Ejecutivo proyecta que el déficit fiscal será 1.002 millones de dólares menor que el contemplado en la proforma de 2026, indicando que se recurrirá a operaciones de financiamiento público para cubrir la diferencia. Este presupuesto se fundamenta en supuestos macroeconómicos que estiman un Producto Interno Bruto (PIB) nominal de 142.725 millones de dólares, un crecimiento económico real del 2,5 % y una inflación promedio anual del 2,2 %. En el sector petrolero, se proyecta una producción de 165,6 millones de barriles con un precio promedio de 66 dólares por barril exportado.
Finalmente, el Gobierno activó el Decreto Ejecutivo 527 un día antes de la entrega de la proforma. Esta medida activa una excepción constitucional basada en el artículo 286, permitiendo financiar gastos permanentes en salud, educación y justicia mediante ingresos no permanentes, tales como la venta de activos, deuda pública o recursos petroleros.
De acuerdo con el artículo 295 de la Constitución, la Asamblea Nacional tiene un plazo de 30 días para aprobar u observar la proforma y la programación cuatrianual en un solo debate. Las observaciones deben limitarse a los sectores de ingresos y gastos sin alterar el monto global. Si el Legislativo no se pronuncia en el tiempo establecido, la propuesta del Ejecutivo entrará en vigencia automáticamente.
