¿Puede la religión ser un impedimento para ocupar un cargo público en Estados Unidos? En Michigan, la contienda por el Senado ha escalado a un nivel de retórica discriminatoria que pone a prueba los principios constitucionales del país.
El candidato demócrata Abdul El-Sayed es el centro de una virulenta campaña republicana. El presidente Donald Trump lo ha calificado de “yihadista” y ha sugerido, burlándose de su fe, que se necesitarían detectores de metales en el Senado si resultara electo. Por su parte, el candidato republicano Mike Rogers ha cuestionado la lealtad de El-Sayed, vinculándolo con los Hermanos Musulmanes.
Aún más lejos ha llegado Bernie Moreno, quien argumentó que El-Sayed no debería estar cerca de Washington porque no comparte la fe cristiana. Esta postura choca frontalmente con el Artículo VI de la Constitución, que prohíbe cualquier prueba religiosa para ocupar un cargo público, y con la Primera Enmienda, que garantiza el libre ejercicio de la religión.
Es cierto que el pasado de El-Sayed y sus posturas sobre la política exterior hacia Israel generan debate. Sus críticos se apoyan en publicaciones antiguas sobre la Primavera Árabe y vínculos familiares lejanos con organizaciones islamistas. Sin embargo, El-Sayed sostiene que su única guía es la Constitución.
A pesar de los ataques, una encuesta de CNN muestra que El-Sayed aventaja a Rogers con un 49% frente a un 42% entre los posibles votantes.
Más allá de quién gane el escaño este martes, esta elección ha dejado al descubierto una fractura profunda sobre la diversidad y el pluralismo. La disputa en Michigan ya no es solo partidista; es un enfrentamiento sobre qué significa realmente ser estadounidense.
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