La ciudad de La Plata es escenario de una preocupante crisis sanitaria que afecta a los afiliados de la obra social PAMI, quienes denuncian un sistemático freno administrativo y judicial en la provisión de tratamientos oncológicos esenciales. Ante la falta de respuestas institucionales y el agotamiento provocado por la obligatoriedad de renovar trámites de manera recurrente, los reclamos de los pacientes y sus familias se han multiplicado con el objetivo de visibilizar una problemática que pone en riesgo la vida de personas en estado crítico.
La gravedad de la situación se manifiesta a través de historias individuales que reflejan un problema sistémico. Uno de los casos más complejos es el de Soledad Matamala, una paciente que lucha contra un cáncer de mama metastásico. A pesar de contar con la validación técnica de su médica tratante, Matamala se encuentra atrapada en una red de rechazos burocráticos constantes. La situación ha llegado a un punto crítico donde la paciente se ve obligada a enfrentar la exigencia de costear un amparo judicial para obtener los fármacos que por derecho le corresponden.
El esquema terapéutico que Soledad requiere es sumamente específico y vital para el control de su enfermedad. Su tratamiento incluye Letrozol de 2,5 mg y un tratamiento endovenoso compuesto por Ácido zolidronico (Ac 4mg/5ml x 1), además de la combinación de inyectables pertuzumab y trastuzumab en dosis de 600/600 mg. Asimismo, a partir de julio del corriente año, debido a un incremento en sus marcadores, se le agregó la necesidad de Palbociclib ultraciclib, medicación que se suma a la lista de insumos demorados por la obra social.
En paralelo, la situación de Sebastián Medina, un hombre de 52 años diagnosticado con cáncer de pulmón en etapa 4, evidencia la ineficacia de los fallos judiciales cuando no hay operatividad administrativa. Medina cuenta con un amparo ya aprobado por la justicia, el cual debería garantizar la entrega inmediata de su medicación. Sin embargo, la obra social no ha cumplido con lo ordenado, mientras la salud del paciente sufre un deterioro grave. Según denuncian sus allegados, la medicación representa la única esperanza restante para el paciente.
El tratamiento prescripto por el médico tratante de Medina consiste en un esquema de PEMBROLIZUMAB, CISPLATINO y PEMETREXED, suministrados en las cantidades y formas establecidas profesionalmente. A este escenario se suma otro obstáculo crítico: el rechazo de los traslados necesarios para que el paciente pueda asistir a sus sesiones de rayos, un servicio fundamental para el abordaje de su cuadro clínico. La angustia de Medina es palpable en sus propias palabras: «Me estoy sintiendo mal, siento que me muero y es la única posibilidad de seguir adelante».
La problemática se agrava por el desgaste psicológico y físico que implica la gestión de los trámites. Los afiliados denuncian que deben renovar la documentación cada cuatro meses, un proceso que resulta agotador para personas que atraviesan enfermedades terminales o críticas. Soledad Matamala describió el impacto emocional de este ciclo: «Venir a presentar todo a PAMI y siempre tener una situación distinta me causó mucho estrés; es injusto no solo para mí sino para todos los que estamos en esta situación».
Este escenario expone una brecha alarmante entre los derechos consagrados legalmente y la capacidad operativa de la obra social de jubilados y pensionados. El hecho de que existan fallos judiciales favorables que no se traducen en la entrega efectiva de fármacos esenciales revela una falla profunda en la gestión de PAMI en la región.
Mientras los afectados impulsan movilizaciones y recurren a nuevas instancias legales para destrabar los tratamientos demorados, la comunidad de La Plata exige una respuesta urgente. El reclamo es claro: es imperativo que los tiempos administrativos de la institución no sigan prevaleciendo sobre la urgencia médica y el derecho a la vida de los afiliados.
