El sistema de salud en el norte del departamento del Cauca atraviesa una crisis profunda tras el asesinato de un paciente en el interior del hospital de Suárez. Este hecho violento no solo ha dejado una víctima mortal, sino que ha desencadenado una reacción en cadena que incluye la renuncia masiva del personal sanitario y la suspensión temporal de servicios críticos, poniendo en riesgo la atención de toda una comunidad.
El crimen ocurrió el pasado lunes 26 de octubre, aproximadamente a las 11:10 a. m. Según los reportes, un grupo de hombres armados ingresó sin restricciones al centro asistencial, que pertenece a la Empresa Social del Estado (ESE) Norte 1. Una vez dentro, los atacantes localizaron a Javier Antonio Delgado Carabalí, quien se encontraba recibiendo atención médica en ese momento, y le dispararon en repetidas ocasiones. El ataque, ejecutado en un espacio destinado a la sanación, generó un clima de terror generalizado entre los pacientes, sus acompañantes y todo el personal que laboraba en la institución.
La gravedad de la incursión armada llevó a que una parte considerable de los médicos, enfermeras y empleados administrativos anunciaran su salida inmediata de la institución. El personal sanitario ha sido enfático en que no puede continuar desempeñando sus labores sin contar con garantías reales de seguridad, ya que el entorno se ha vuelto hostil y peligroso.
Carolina Camargo, secretaria de Salud departamental, brindó declaraciones contradictorias sobre el estado operativo del centro médico durante el desarrollo de la crisis. En una primera instancia, la funcionaria advirtió que el hospital se encontraba totalmente cerrado y que no había disponibilidad de atención para la población, subrayando la delicadeza de la situación al afirmar que "ningún hospital puede cerrar sus puertas". No obstante, posteriormente informó que se estaban realizando gestiones para mantener la institución abierta y evitar la interrupción prolongada de los servicios esenciales.
Ante este escenario, la Gobernación del Cauca, la Alcaldía de Suárez y diversas autoridades de seguridad activaron protocolos de emergencia para contener la crisis. El objetivo principal de estas acciones es persuadir al personal médico y asistencial para que permanezcan en sus puestos, aunque los trabajadores sostienen que requieren medidas concretas de protección antes de retomar sus actividades con normalidad.
La secretaria Camargo expresó su rechazo absoluto al ataque, señalando que el ingreso de hombres armados y el posterior homicidio de Delgado Carabalí demuestran una falta total de respeto por la vida y las instituciones. "Interrumpir las instalaciones de un hospital nos deja claro que no hay respeto por absolutamente nada", manifestó la funcionaria, resaltando el impacto psicológico que este evento ha dejado en los trabajadores y habitantes del municipio.
Por su parte, la Administración municipal de Suárez y la ESE Norte 1 emitieron comunicados condenando el ataque. Ambas entidades exigieron el respeto irrestricto a la misión médica y solicitaron protección inmediata para los pacientes y garantías de seguridad para el personal. Asimismo, la Alcaldía solicitó a las autoridades competentes esclarecer las circunstancias del crimen, identificar a los autores materiales e intelectuales y determinar si este homicidio está vinculado con otros conflictos armados que afectan la zona. Hasta la fecha, no se han reportado capturas ni se han confirmado los móviles del asesinato.
Es importante destacar que la jornada de violencia en el centro médico no comenzó con el homicidio. Horas antes del ataque armado, la Secretaría de Salud reportó que familiares de una persona que ingresó al hospital sin signos vitales agredieron física y verbalmente a varios trabajadores. Este incidente derivó en daños materiales a equipos biomédicos y afectaciones en el área de urgencias. A este caos se sumó la detención de una ambulancia, creando una secuencia de eventos que profundizó la incertidumbre y la sensación de vulnerabilidad entre el personal de salud.
Como consecuencia directa de estos hechos, el hospital se vio obligado a suspender temporalmente los servicios de urgencias, así como las consultas externas tanto intramurales como extramurales. La Alcaldía recordó que, según el Derecho Internacional Humanitario (DIH), los hospitales, las ambulancias, los pacientes y el personal sanitario gozan de una protección especial, subrayando que los centros médicos jamás deben ser escenario de acciones armadas.
Este trágico evento se suma a un panorama regional alarmante. La Secretaría de Salud informó que, durante el año 2026, se han reportado ya 21 afectaciones a la misión médica en el departamento del Cauca. Estas cifras incluyen agresiones directas al personal sanitario, daños en la infraestructura de salud e interferencias deliberadas en la atención y el traslado de pacientes.
Para abordar esta problemática, las autoridades departamentales han convocado a un consejo de seguridad y a una mesa extraordinaria de misión médica, con el fin de definir medidas urgentes que permitan restablecer la seguridad en los centros de salud y garantizar el derecho fundamental a la salud de la población en el norte del Cauca.
