El ministro de Seguridad, Martín Arrau, realizó un análisis crítico sobre el estado actual de la seguridad pública en Chile durante su intervención en el seminario organizado por Clapes UC, titulado “El costo de la la delincuencia en Chile: ¿Cuánto ha cambiado entre 2013 y 2025?”. Durante su exposición, la autoridad enfatizó que el país ha atravesado un proceso de desatención de las funciones fundamentales del Estado, lo que ha derivado en una crisis que requiere medidas urgentes y un cambio de paradigma en la gestión de la seguridad ciudadana.
Arrau fue tajante al señalar que, como sociedad y administración, se ha olvidado que el rol primario del Estado es garantizar la seguridad. Según el ministro, esta responsabilidad, que debería ser central y pública, fue transferida progresivamente hacia el sector privado y hacia los gobiernos municipales. Al respecto, sostuvo que la seguridad debe entenderse estrictamente como un bien público, y que el hecho de haber delegado esta función ha debilitado la capacidad de respuesta estatal frente a la criminalidad.
Uno de los puntos más críticos abordados por el secretario de Estado fue la situación de las fronteras del país. Arrau describió el estado actual del control fronterizo como un escenario marcado por un "abandono e ingenuidad total". El ministro puso especial énfasis en la vulnerabilidad de los complejos fronterizos, particularmente aquellos que manejan un alto tráfico de carga. Denunció que existen puntos estratégicos que ni siquiera cuentan con escáneres, aclarando que el problema no es la falta de operatividad en horarios 24/7, sino que el equipamiento simplemente no existe.
Ante este escenario, el ministro sostuvo que el Gobierno está trabajando para reforzar los controles, instando a las instituciones a dejar atrás la ingenuidad. Para Arrau, la urgencia no radica únicamente en la instalación de escáneres de contenedores, aunque reconoció que esto es muy importante, sino en la capacidad de coordinar la información para prospectar las cargas y desarrollar una inteligencia efectiva sobre la cadena logística.
Sobre el crimen organizado, el ministro reflexionó sobre el impacto real de las incautaciones de estupefacientes. Cuestionó la efectividad de los decomisos si no se ataca el origen del problema, preguntándose a quién se golpea realmente y quién pierde ese patrimonio cuando la droga es incautada en Chile, sugiriendo que, en muchas ocasiones, los responsables se encuentran en otros países. Por esta razón, Arrau subrayó la necesidad imperativa de avanzar en la coordinación internacional para combatir el crimen organizado de manera más estructural.
El sistema penitenciario fue otro eje central de su discurso, el cual calificó como víctima de un "abandono histórico". El ministro advirtió que la situación actual es crítica y que la sociedad debe comprender que la seguridad penitenciaria es un pilar de la seguridad pública. Según detalló, si no se logra una mayor seguridad dentro de las cárceles, el crimen organizado terminará operando desde el interior de los recintos, generando así problemas de seguridad en el exterior.
Para revertir esta situación, Arrau destacó el aumento en el presupuesto destinado a Gendarmería, aunque reconoció que ejecutar dichos recursos representa un desafío enorme. Como ejemplo de la precariedad institucional que se busca superar, mencionó que anteriormente a los gendarmes se les entregaba un uniforme cada 3.5 años. Para solucionar esto, propuso tres ejes de trabajo fundamentales: una inversión considerable en infraestructura, mejoras en la gestión y los recursos, y, en tercer término, un cambio en la cultura organizacional de Gendarmería de Chile, proceso que admitió podría tomar mucho tiempo.
Finalmente, el ministro hizo un llamado a la ciudadanía para generar un cambio cultural respecto a la denuncia de delitos. Arrau instó a las personas a comprender que es fundamental no quedarse callado frente al delito. Según el ministro, este cambio cultural, aunque es un proceso más largo, es esencial para ganar la batalla contra la ingenuidad o el acostumbramiento que, a su juicio, es típico de los chilenos frente a la criminalidad.
