Los padres de Alex Pretti, un ciudadano estadounidense y enfermero de cuidados intensivos de 37 años, han presentado graves acusaciones contra el Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos. Michael y Susan Pretti denuncian que el organismo ha violado sus derechos amparados por una ley federal de derechos de las víctimas, mientras exigen transparencia y justicia tras la muerte de su hijo, quien murió a tiros a manos de agentes de inmigración en Minneapolis el pasado mes de enero.
A través de una carta enviada en julio al secretario de Justicia, Todd Blanche, y obtenida en exclusiva por CNN, el abogado de la familia Pretti manifestó la frustración de los padres ante la falta de actualizaciones sustanciales sobre la investigación. El documento califica de "cruel" la actitud del Departamento de Justicia y sostiene que el patrón de conducta del Gobierno es "inconcebible" e "ilegal".
La tensión entre la familia y las autoridades federales se hizo evidente el 13 de julio, día en que los padres se reunieron con el fiscal federal para el Distrito de Minnesota, Dan Rosen. En esa misma fecha, la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, había anunciado públicamente que las autoridades federales habían entregado una gran cantidad de pruebas relacionadas con el tiroteo. Sin embargo, la carta revela que, en la reunión privada, el fiscal Rosen se negó a facilitar información e incluso rechazó confirmar la existencia del acuerdo de intercambio de pruebas. Según el texto, Rosen evitó explicar los fundamentos de su postura, limitándose a responder que no podía dar detalles "por todo tipo de razones", sin especificar ninguna.
Este conflicto legal se enmarca en una serie de contradicciones entre la versión oficial y las evidencias fílmicas. El incidente quedó registrado íntegramente en video, mostrando una secuencia de hechos que difiere de la narrativa ofrecida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Inicialmente, Kristi Noem, entonces secretaria del DHS, describió a Pretti como un "terrorista" que había "atacado" a los agentes tras "empuñar" un arma. Por su parte, Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, se refirió al enfermero como un "asesino" que intentó matar a agentes federales.
No obstante, las imágenes muestran una realidad distinta. El video revela que agentes de inmigración patrullaban una calle de Minneapolis e interactuaban con transeúntes mientras intentaban detener a una persona que huyó hacia una tienda de donas. El incidente escaló cuando Pretti intentó intervenir en un forcejeo entre los agentes y un observador. Durante el altercado, Pretti recibió gas pimienta en el rostro. Mientras se encontraba arrodillado e inclinado hacia adelante, un agente gritó "¡Arma! ¡Arma! ¡Arma!".
La grabación muestra cómo un agente retiró el arma de la cintura de Pretti y se alejó del lugar. Casi simultáneamente, otro agente desenfundó su arma reglamentaria y, aproximadamente un segundo después de que el primer agente se retirara con el arma de Pretti, disparó varias veces contra él. Poco después, un tercer agente se sumó al tiroteo. En total, se escuchan al menos 10 disparos en el video. A pesar de esto, el informe inicial del DHS insiste en que un agente gritó repetidamente que Pretti tenía un arma antes de abrir fuego.
La muerte de Pretti no fue un hecho aislado, sino que ocurrió en el contexto de la "Operación Metro Surge", que ya había dejado otras víctimas: el tiroteo mortal de Renee Good el 7 de enero y el ataque contra Julio Sosa-Celis el 14 de enero. Estos eventos desencadenaron masivas protestas en Minneapolis y en diversas ciudades del país.
La batalla por las pruebas ha sido ardua. Desde el primer día, las autoridades federales impidieron que la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota (BCA) accediera a la escena del crimen, permitiéndolo solo al día siguiente mediante una orden judicial. Aunque en junio se alcanzó un acuerdo para compartir evidencias entre el DOJ y los investigadores de Minnesota, el Departamento de Justicia cambió repentinamente su postura semanas después. Documentos judiciales presentados el 13 de octubre indican que el DOJ dejó de compartir información crucial, incluyendo el acceso a las armas utilizadas por los agentes y el arma que Pretti portaba en su cintura.
En su misiva, la familia Pretti solicita formalmente que el DOJ identifique a los empleados federales que dispararon, se comprometa a compartir información con los investigadores locales, confirme si el FBI mantiene abierta la investigación por homicidio y devuelva las pertenencias personales de la víctima. La carta concluye sentenciando que "ninguna familia debería tener que suplicar al Gobierno de Estados Unidos que haga su trabajo".
Se ha programado una conferencia de prensa para el 27 de octubre a las 11:00 a.m. (hora del centro), donde los padres y el abogado de Pretti se dirigirán a los medios por primera vez desde el fallecimiento del enfermero.
