Diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado la muerte de al menos 450 personas que se encontraban detenidas bajo custodia del Estado salvadoreño. Estas revelaciones tuvieron lugar este lunes durante una audiencia organizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), llevada a cabo en la ciudad de Panamá. Las acusaciones se centran en las condiciones y el manejo de los prisioneros bajo el régimen de excepción implementado por el gobierno del presidente Nayib Bukele.
El estado de excepción, que se mantiene vigente desde hace cuatro años, constituye el pilar fundamental de la estrategia de guerra antipandillas impulsada por la administración de Bukele. Si bien esta medida ha logrado reducir la criminalidad a mínimos históricos en El Salvador, el costo humano ha sido objeto de severas críticas internacionales. Desde la implementación de este régimen, se ha reportado la detención de más de 93.000 personas. De acuerdo con admisiones recientes de la fiscalía, casi el 90% de estos arrestados permanecen encarcelados sin haber sido sometidos a un proceso judicial o enjuiciados.
Durante la sesión en Panamá, David Morales, abogado de la organización no gubernamental Cristosal, presentó datos alarmantes sobre la mortalidad en los centros de detención. Morales afirmó que se han documentado al menos 454 muertes de personas bajo custodia estatal durante la vigencia del régimen de excepción. El análisis de estos registros revela que el 78% de los fallecidos no presentaba vínculos con pandillas. Asimismo, en 87 de estos casos se encontraron señales evidentes de violencia, lo que llevó al representante de Cristosal a advertir sobre la existencia de "posibles ejecuciones extrajudiciales".
La audiencia se desarrolló sin la participación de ningún representante del gobierno de El Salvador, quienes declinaron asistir al encuentro. Esta ausencia fue lamentada por Stuardo Ralón, presidente de la CIDH, quien señaló que la presencia de funcionarios salvadoreños habría sido fundamental para escuchar sus explicaciones, obtener información oficial y enriquecer el diálogo constructivo sobre la situación del país. Ralón enfatizó durante su intervención que la seguridad y el respeto a los derechos humanos no deben considerarse objetivos contrarios.
Por su parte, Ingrid Escobar, directora de la organización Socorro Jurídico Humanitario, aportó cifras aún más elevadas, contabilizando un total de 582 presos fallecidos bajo el estado de excepción. En declaraciones brindadas a la AFP, Escobar describió un panorama desolador dentro de los penales destinados a los supuestos pandilleros, asegurando que los detenidos son recibidos con golpizas inmediatamente después de su ingreso. La directora denunció además que se producen violaciones sexuales y que se niega a los prisioneros el acceso a tratamiento médico, alimentación e hidratación básica. Escobar añadió un componente personal a su denuncia, revelando la muerte de su propio hermano tras haber sido detenido por una supuesta infracción menor.
En sintonía con estas denuncias, un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha asegurado que en El Salvador se han cometido "crímenes de lesa humanidad" bajo el amparo del régimen de excepción, el cual autoriza la realización de detenciones sin la necesidad de una orden judicial previa.
En un giro reciente, el presidente Nayib Bukele reveló la existencia de un plan de excarcelación anticipada. Este proyecto beneficiaría a aproximadamente 5.000 personas que han sido señaladas de colaborar ocasionalmente con bandas criminales. Según el mandatario, los beneficiarios recibirían medidas de libertad basadas en su grado de participación en actividades delictivas, aunque insistió en que todas estas personas son culpables de delitos, independientemente de que estos sean menores.
Sin embargo, esta propuesta ha generado nuevas preocupaciones en los organismos internacionales. Riyad Insanally, relator de la CIDH para El Salvador, advirtió durante la audiencia sobre el riesgo inherente a este plan. Insanally señaló que existe la posibilidad de que personas inocentes se vean obligadas o motivadas a declararse culpables de delitos que no cometieron con el único fin de acceder a los beneficios de libertad planteados por el mandatario.
