El Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador ha emitido una resolución judicial determinante en el caso seguido contra Juan Francisco S. M., quien enfrenta cargos legales por el delito de estafa. Tras la evaluación de las pruebas presentadas, el tribunal ha ordenado formalmente la apertura a juicio contra el procesado, determinando que existen elementos suficientes para que el caso avance hacia la etapa de sentencia.
Además de la orden de apertura a juicio, la autoridad judicial ratificó la medida de detención provisional para el imputado. Esta decisión implica que Juan Francisco S. M. permanecerá bajo custodia mientras el proceso judicial continúa su curso, asegurando así su comparecencia ante las instancias correspondientes y evitando posibles riesgos procesales.
De acuerdo con el dictamen de acusación presentado ante el juzgado, los hechos que originaron este proceso se desarrollaron en un periodo comprendido entre marzo y septiembre de 2023. Durante este lapso, el imputado presuntamente implementó un esquema de engaño dirigido a dos personas, a quienes contactó bajo la apariencia de ser un importador y comercializador de vehículos automotores.
La modalidad del presunto delito comenzó cuando el acusado se reunió con cada una de las víctimas de manera individual. En dichos encuentros, Juan Francisco S. M. habría acordado los detalles específicos de los automóviles que las víctimas deseaban adquirir, definiendo las características técnicas de los vehículos y estableciendo los precios de venta correspondientes. Para dar una apariencia de legalidad y formalidad a la transacción, el imputado procedió a la firma de contratos de promesa de venta con cada una de las partes afectadas.
Como condición fundamental de los acuerdos alcanzados en los contratos, el procesado solicitó un anticipo económico para proceder con la gestión de los automóviles. Bajo estas premisas, cada una de las víctimas entregó la cantidad de $4,000 dólares en concepto de adelanto. En consecuencia, el monto total que el imputado recibió de ambas personas ascendió a la suma de $8,000 dólares.
Sin embargo, la situación cambió drásticamente una vez que venció el plazo establecido en los contratos para la entrega efectiva de los vehículos. Al notar el incumplimiento de los tiempos acordados, las víctimas intentaron establecer comunicación con el supuesto importador para obtener información sobre el estado de sus automóviles. Según consta en el expediente, el acusado respondió inicialmente con reiteradas excusas que justificaban el retraso en la entrega.
Ante la falta de respuestas concretas y el paso del tiempo, las personas afectadas decidieron solicitar la devolución íntegra del dinero entregado como anticipo. No obstante, en lugar de reintegrar los fondos o entregar los bienes prometidos, el acusado habría cortado toda vía de comunicación con las víctimas, desapareciendo y dejando sin respuesta las solicitudes de reembolso.
Ante la evidencia del incumplimiento de los contratos y la imposibilidad de recuperar su dinero por vías directas, ambas personas procedieron a interponer las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes, detallando la secuencia de los hechos y aportando los contratos de promesa de venta como prueba de la transacción.
Tras un análisis exhaustivo de los elementos probatorios presentados durante la fase de instrucción, el Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador consideró que el material aportado era relevante y suficiente para sustentar la acusación. Por tal motivo, el juez determinó que el proceso debía avanzar a la siguiente etapa procesal, ordenando la apertura a juicio para que se determine la responsabilidad penal de Juan Francisco S. M. en los hechos descritos.
