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Cochabamba: Víctima de feminicidio permanece sin identidad y sin familia que reclame sus restos

La víctima del caso número 14 de feminicidio en el departamento de Cochabamba, no sólo perdió la vida siendo brutalmente golpeada por su pareja y enterrada en su habitación, sino…

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Cochabamba: Víctima de feminicidio permanece sin identidad y sin familia que reclame sus restos

El departamento de Cochabamba se enfrenta a un caso de feminicidio que destaca no solo por la extrema violencia del crimen, sino por la desoladora situación de abandono en la que se encuentra la víctima. Se trata del caso número 14 de feminicidio registrado en la región, una tragedia que ha dejado en evidencia la vulnerabilidad de la mujer y la indolencia de los vínculos familiares. La víctima no solo perdió la vida de manera violenta, sino que, tras su muerte, ha sido sumida en un olvido absoluto por parte de sus propios parientes.

Los detalles del crimen son estremecedores. De acuerdo con los informes recabados, la mujer fue brutalmente golpeada por su pareja, quien posteriormente procedió a enterrar el cuerpo dentro de su propia habitación, intentando ocultar el rastro del asesinato. Este acto de crueldad marca el inicio de una serie de complicaciones que han impedido que la víctima reciba un trato digno incluso después de su fallecimiento, ya que, hasta la fecha, ningún familiar ha aparecido para reclamar el cuerpo y darle una cristiana sepultura.

A la tragedia del asesinato y el abandono familiar se suma una complicación administrativa y judicial: la falta de una identidad plenamente establecida. Las autoridades han informado que el nombre proporcionado inicialmente no coincidía con la identidad de la mujer, lo que ha generado un vacío en el registro oficial del caso. Ante esta situación, se ha hecho indispensable la intervención del Servicio de Registro Cívico (SEGIP), entidad encargada de realizar las gestiones necesarias para obtener las huellas dactilares de la víctima. Solo a través de este proceso pericial se podrá establecer la verdadera identidad de la mujer y, eventualmente, intentar localizar a sus allegados.

Nivia Coca, representante del colectivo que brinda acompañamiento en estos casos, ha proporcionado detalles adicionales sobre la víctima, estimando que su edad estaría comprendida entre los 30 y 35 años. Coca manifestó que, a pesar de los esfuerzos desplegados, no han logrado contactar a ningún familiar. La representante explicó que el colectivo tomó conocimiento del hecho y se apersonó inmediatamente al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) con el objetivo de brindar el apoyo necesario a la familia; sin embargo, la ausencia total de parientes ha dejado este propósito en pausa.

Ante el panorama de abandono, el colectivo ha trazado una hoja de ruta legal y humanitaria. Nivia Coca señaló que, si persiste la imposibilidad de ubicar a algún familiar, el colectivo presentará los requerimientos formales ante el Ministerio Público. El objetivo es que el fiscal evalúe la situación y autorice el retiro del cuerpo una vez que las investigaciones judiciales y forenses hayan concluido, evitando que los restos permanezcan indefinidamente en el IDIF.

La solidaridad civil ha comenzado a movilizarse para garantizar que la víctima no sea enterrada en el anonimato y la indiferencia. La Asociación de Funerarias de Cochabamba ha anunciado la donación del ataúd, mientras que el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) se encuentra gestionando los trámites administrativos para conseguir un espacio en el Cementerio General. En caso de que los familiares sigan sin aparecer, el grupo "Mujeres de Fuego", junto con otros sectores de la población, se han comprometido a organizar y brindar el último adiós a la víctima.

En cuanto al proceso judicial, el principal acusado de este horrendo crimen se encuentra actualmente detenido, a la espera de su audiencia de medidas cautelares. La gravedad del hecho se ve acentuada por la confesión del sujeto, quien admitió la autoría del crimen. Debido a esta confesión, la representante del colectivo ha expresado que se busca impulsar que el caso avance hacia un juicio abreviado. La pretensión es que el imputado reciba una sentencia condenatoria de 30 años de prisión, la pena máxima establecida para este tipo de delitos, asegurando así que la justicia sea impartida con el rigor que el caso amerita.

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