El empresario Mariano Ernesto Páez, de 58 años, fue detenido en el barrio Alberdi de la ciudad de Santiago del Estero, en el marco de una investigación judicial por la sustracción de una importante suma de dinero. El imputado es el padre de Agostina Páez, la abogada argentina que recientemente estuvo involucrada en una causa legal en Brasil por gestos racistas.
La causa que llevó a la detención de Páez investiga el robo de 1.500.000 pesos ocurrido en un comercio de materiales ubicado en la localidad de Las Termas de Río Hondo. El hecho fue coordinado y supervisado por el fiscal Emanuel Sabater, quien lidera la instrucción del caso. Según los registros oficiales, el incidente tuvo lugar el pasado 10 de octubre, en una franja horaria comprendida entre las 12:15 y las 12:40, en un negocio situado sobre la calle Juan Núñez del Prado.
De acuerdo con la reconstrucción detallada por la justicia, Mariano Ernesto Páez y su pareja, María Emilia Soledad Batule, de 34 años, ingresaron al establecimiento con la apariencia de clientes interesados en realizar una compra. Mientras se procedía a la confección de la factura correspondiente a la transacción, una de las empleadas del local habría dejado una cantidad de dinero en efectivo sobre el mostrador del sector de cajas.
La acusación formal sostiene que, aprovechando este descuido, Páez tomó el dinero a través de la ventanilla de pagos y procedió a entregárselo inmediatamente a Batule, quien lo acompañaba. Acto seguido, ambos se retiraron del local. Esta secuencia de hechos habría quedado registrada en las cámaras de seguridad del establecimiento, según informó el diario El Liberal, proporcionando una prueba fundamental para la investigación.
La denuncia fue formalizada por el representante legal de la firma damnificada, lo que activó la intervención del Departamento Robo y Hurto de Las Termas. Tras analizar los elementos probatorios, el juez de Control y Garantías, Silvio Salice, ordenó la ejecución de los procedimientos operativos para dar con el paradero de los sospechosos.
Los allanamientos se llevaron a cabo en una vivienda ubicada en la calle Alvear, dentro del barrio Alberdi de la capital santiagueña. En dicho lugar, la Policía procedió a la detención de Mariano Páez y a la aprehensión de María Emilia Soledad Batule, quien ha quedado vinculada a la causa en calidad de presunta coautora del delito.
Durante el operativo policial, los agentes lograron incautar la suma de 632.600 pesos en efectivo. Asimismo, se secuestró una camioneta Toyota RAV4 perteneciente al empresario. Como parte del material probatorio, la policía incautó también diversas prendas de vestir: un buzo gris y azul con abertura frontal y franjas blancas, una campera azul y una campera turquesa, elementos que los investigadores consideran de interés para el cierre de la causa.
Tanto el vehículo como los objetos secuestrados quedaron bajo resguardo judicial. Actualmente, los dos acusados permanecen detenidos a disposición de la fiscalía y se espera que sean indagados en los próximos días para brindar su declaración oficial.
Este nuevo proceso judicial ocurre mientras la familia Páez aún lidia con las consecuencias legales de Agostina Páez en el exterior. El caso de la abogada santiagueña se originó el 14 de enero en un bar del barrio de Ipanema, en Río de Janeiro, donde fue denunciada por un empleado por haber proferido insultos y realizado gestos racistas durante una disputa originada por el pago de una cuenta.
La Justicia brasileña imputó a Agostina Páez por injuria racial, imponiéndole restricciones estrictas para salir del país. El expediente incluyó videos de seguridad del local, aunque la defensa de la abogada sostuvo que las imágenes revelan que un trabajador realizó gestos obscenos y provocaciones hacia ella y sus acompañantes antes de la reacción investigada. A pesar de esta estrategia judicial, la acusación siguió su curso.
Durante su proceso en Brasil, Agostina Páez tuvo su pasaporte retenido y fue obligada a utilizar una tobillera electrónica. En el mes de febrero se dispuso su prisión preventiva, medida que posteriormente fue revocada. Finalmente, la abogada pudo regresar a la Argentina el 1 de abril, tras el pago de una fianza de 97.000 reales, monto equivalente a aproximadamente 18.000 dólares estadounidenses, aunque el proceso judicial en Brasil continúa sin una sentencia definitiva.
