El senador Antonio Taveras Guzmán, representante de la provincia Santo Domingo por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), ha presentado una propuesta formal para solicitar la comparecencia ante el Senado de la ministra de Interior y Policía, así como del director general de la Policía Nacional. El objetivo central de esta iniciativa es que las máximas autoridades de seguridad expliquen detalladamente las circunstancias que rodean las muertes ocurridas en operativos catalogados como «intercambios de disparos», además de desglosar los protocolos vigentes para el uso de la fuerza letal por parte de los agentes del orden.
En su argumentación, el legislador fue enfático al señalar que, si bien es imperativo combatir la criminalidad con firmeza y determinación, el Estado dominicano no contempla la pena de muerte. Taveras Guzmán advirtió que el uso recurrente de la expresión «intercambio de disparos» en los informes oficiales no puede ser utilizado como un sustituto de las investigaciones judiciales exhaustivas, ni debe servir como una justificación automática para la muerte de ciudadanos durante las intervenciones policiales.
Para sustentar la necesidad de este escrutinio, el senador recordó casos emblemáticos que han generado conmoción social. Entre ellos, destacó lo sucedido el 30 de marzo de 2021 en Villa Altagracia, donde los esposos evangélicos Joel Eusebio Díaz Ferrer y Elisa Muñoz Marte fueron abatidos por agentes policiales. Asimismo, mencionó la intervención ocurrida en septiembre de 2025 en el sector de La Barranquita, en Santiago, la cual resultó en la muerte de cinco hombres.
La propuesta del senador se apoya en datos concretos provenientes de boletines de seguridad ciudadana. Según las cifras citadas, durante el año 2025 se registraron 215 muertes clasificadas bajo la etiqueta de «intervención legal», lo que representa casi el 16 % del total de los 1,371 homicidios contabilizados en ese periodo. La tendencia parece haberse acentuado en el año siguiente; durante el primer semestre de 2026, la cifra ascendió a 144 muertes en circunstancias similares, lo que equivale al 23 % de los 625 homicidios reportados en esos seis meses.
A través de esta resolución, la iniciativa legislativa busca que las autoridades policiales detallen los mecanismos técnicos y legales que utilizan para verificar las versiones entregadas por los agentes involucrados en estos incidentes. Específicamente, Taveras Guzmán solicita información sobre las investigaciones que realiza la Dirección de Asuntos Internos, cuáles han sido los resultados de dichas indagatorias y cómo se lleva a cabo la coordinación con el Ministerio Público para garantizar que no haya impunidad.
Un punto neurálgico de la propuesta es la aclaración sobre los criterios de uso de la fuerza. La resolución sostiene firmemente que el hecho de que una persona tenga antecedentes penales, se encuentre bajo investigación o cuente con una orden de arresto vigente no justifica, por sí solo, el uso de fuerza letal por parte de la autoridad. Aunque el senador reconoció que las cifras presentadas no demuestran necesariamente un patrón sistemático de uso desproporcionado de la fuerza, insistió en que es fundamental garantizar que todas las investigaciones sean objetivas, transparentes y apegadas a la ley.
Este planteamiento surge en un contexto de fuerte polarización social respecto a la seguridad ciudadana. Mientras sectores de la población demandan una mayor transparencia y el respeto a los derechos humanos para evitar ejecuciones extrajudiciales, otros sectores expresan desesperación ante la epidemia de robos y asaltos. Existe una crítica recurrente hacia la debilidad del sistema de justicia, señalando que la etiqueta de «reconocido delincuente» es evidencia de un fallo sistémico, ya que personas con múltiples fichas policiales permanecen en las calles, lo que en ocasiones lleva a la comunidad a ver las medidas draconianas como una respuesta a la ineficiencia judicial.
La solicitud del senador Taveras Guzmán pone sobre la mesa la necesidad de equilibrar la efectividad operativa de la Policía Nacional con la observancia de los protocolos legales, asegurando que la lucha contra el crimen no derive en prácticas que vulneren el debido proceso ni fomenten la figura del sicariato institucional.
