La Fiscalía Penal Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo ha puesto en marcha una investigación preliminar contra el ciudadano Augusto Nava. El proceso legal se ha iniciado tras la denuncia por la presunta comisión del delito de discriminación, cometido en agravio de dos ciudadanos en el distrito de Miraflores.
Los hechos que motivan esta acción judicial ocurrieron el pasado 12 de octubre en el interior de un establecimiento de la cadena de comida rápida McDonald’s. Según el expediente, las víctimas, identificadas como Reinaldo Rivas y Cristhian Palomino, habrían sido blanco de agresiones verbales motivadas por su orientación sexual.
De acuerdo con el reporte oficial emitido por las autoridades, los denunciantes fueron víctimas de expresiones homofóbicas, actos de hostigamiento y una presunta amenaza de muerte proferida por Nava. Durante el altercado, el investigando habría manifestado que la homosexualidad constituye un pecado y aseguró que las personas con dicha orientación sexual se dirigirían al infierno en caso de no arrepentirse. Asimismo, el reporte indica que Nava expresó un rechazo explícito a que las víctimas se acercaran a él o lo miraran.
Ante la gravedad de lo sucedido, uno de los afectados manifestó la necesidad de que estos actos no queden impunes, subrayando que este tipo de agresiones pueden generar un impacto significativamente mayor en personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. El afectado anunció que emprenderá todas las acciones legales correspondientes para llevar el caso hasta el final.
La conducción jurídica de esta investigación está a cargo del fiscal provincial Luis Valdivia Calderón, quien cuenta con el apoyo operativo de la Policía Nacional del Perú (PNP). El Ministerio Público ha desplegado una serie de diligencias enfocadas en el esclarecimiento de los hechos y la recolección de pruebas materiales y testimoniales.
Dentro de las acciones programadas por la fiscalía, se encuentra la recopilación de las grabaciones de los sistemas de videovigilancia instalados en el local comercial donde ocurrió el incidente. Además, se procederá con la toma de declaraciones formales tanto de los agraviados como de los testigos presenciales. La investigación también integrará los testimonios de personas vinculadas a las denuncias que circularon a través de las redes sociales y se llevarán a cabo pericias psicológicas para evaluar el daño causado a las víctimas.
Al respecto, el Ministerio Público ha sido enfático al recordar que los insultos, el hostigamiento y las amenazas basadas en la orientación sexual o la identidad de género configuran el delito de discriminación. A través de este proceso, la institución reafirma su compromiso institucional de proteger a las víctimas de este tipo de conductas.
En paralelo al proceso judicial, la familia de Augusto Nava emitió un comunicado público el pasado martes, en el cual solicitó disculpas formales a los afectados por el temor y el daño ocasionado. En dicho documento, los familiares informaron que el agresor padece de un diagnóstico médico de trastorno bipolar tipo I. Asimismo, señalaron que Nava ha sido internado para recibir atención psiquiátrica especializada debido a que habría atravesado un episodio maníaco grave al momento de los hechos.
Los familiares precisaron que el hombre, quien se desempeña profesionalmente como entrenador deportivo, había permanecido estable durante varios años gracias al cumplimiento de su tratamiento médico.
Por su parte, la empresa Arcos Dorados, operador de la franquicia McDonald’s en el país, manifestó su rechazo total a los acontecimientos reportados. La compañía condenó los hechos y reafirmó su política corporativa de “cero tolerancia” frente a cualquier acto de discriminación dentro de sus establecimientos.
El caso continúa en etapa de investigación preliminar, mientras el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú recaban los elementos necesarios para determinar la responsabilidad penal del investigado, considerando tanto los hechos denunciados como el estado de salud mental reportado por la defensa del imputado.
