En las afueras del Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras, en el centro de La Habana, Magalys, una mujer de 63 años, cumple una rutina diaria de lunes a viernes: vender café desde un termo que ella misma prepara en su hogar. Magalys, quien se desempeñó como contable durante toda su vida profesional, representa hoy una realidad creciente en las ciudades cubanas: la precariedad laboral de las personas de la tercera edad que, a pesar de estar jubiladas, se ven obligadas a recurrir al trabajo informal para sobrevivir.
“Aunque cobre una jubilación, tengo que salir a luchar, porque el dinero no alcanza”, explica Magalys a un cliente, a quien además le vende un cigarro. Su pensión mensual es de 5.000 pesos cubanos, una cifra que, según las tasas de cambio vigentes, equivale a aproximadamente seis dólares. Para ella, la posibilidad de recontratarse en su antiguo puesto estatal no es una opción viable, ya que considera que no es rentable trabajar por un salario medio estatal que representa menos de 10 dólares, sumado a las responsabilidades, el cumplimiento de horarios y las dificultades cotidianas como los apagones, la escasez de agua y la falta de transporte.
Esta situación evidencia la brecha existente entre la realidad cubana y el concepto de "empleo decente" definido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este ideal, propuesto en 1999 por Juan Somavia, primer director general de la OIT, plantea que el trabajo debe ser un medio de autorrealización basado en la libertad y no simplemente una herramienta de subsistencia. En este sentido, Virgilio Levaggi, director regional adjunto de la OIT para América Latina y el Caribe, ha subrayado que no puede considerarse decente aquel empleo que no respete los derechos laborales fundamentales, que no permita un ingreso justo y proporcional al esfuerzo, que carezca de protección social o que excluya el diálogo.
La crisis no afecta solo a los adultos mayores, sino también a las nuevas generaciones. En una comunidad rural de la provincia de Artemisa, un joven de 23 años relató que, desde que las aulas universitarias cerraron en febrero para pasar a una modalidad digital —consecuencia del cerco petrolero impuesto por Estados Unidos en enero—, ha intentado encontrar un empleo remunerado justamente. Tras rechazar una oferta en una escuela primaria debido al bajo salario y la alta carga horaria, optó por el sector informal utilizando una moto eléctrica para realizar viajes cortos a personas conocidas.
El ecosistema laboral en la isla se encuentra gravemente deteriorado. Según la Encuesta Nacional de Ocupación (ENO) de 2024, Cuba presenta una de las tasas de ocupación más bajas de América Latina y el Caribe, con solo un 49,1% de su población en edad laboral empleada, frente a una media regional del 58,9%. De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, el país cerró 2025 con una población en edad laboral de 5.606.541 personas, dentro de una población total de 9,4 millones de habitantes.
La economía cubana enfrenta una "policrisis" que ha afectado sectores estratégicos como el turismo, el tabaco, la construcción, la agroindustria azucarera y no azucarera, la industria alimentaria y el sector farmacéutico y biotecnológico. A esto se suma una inflación estimada del 25% para el cierre del año actual, con un incremento de precios que, en el primer semestre de 2026, rozó el 20% respecto al año anterior, según el Centro de Estudios de la Economía Cubana.
Esta erosión del poder adquisitivo hace que el empleo informal sea cada vez más atractivo. Actualmente, este sector, que carece de garantías y derechos laborales, ya representa el 25% de la fuerza de trabajo del país, concentrándose mayormente en el sector privado. Ileana Díaz, del Centro de Estudios de la Economía Cubana, señala que, aunque el sector estatal posee un gran número de vacantes, los bajos salarios impulsan a los empleados calificados a migrar hacia la economía informal o el sector privado.
A nivel oficial, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz, admitió en junio pasado ante la OIT que la situación agravada de 2026 hace más complejo el cumplimiento de las prerrogativas internacionales de empleo. Aunque el gobierno afirma haber ampliado presupuestos y trabajadores sociales, un estudio de la Universidad de La Habana de 2025 advierte que los sectores vulnerables aún enfrentan barreras sistémicas como la discriminación y la falta de accesibilidad.
A pesar de que el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030 se propone generar empleos "suficientes y productivos", la realidad se refleja en testimonios como el de Ana Fundora, graduada de Historia de la Universidad de La Habana. A sus 22 años, Ana manifiesta que su principal motivación es terminar el servicio social obligatorio, pues, aunque le apasiona su carrera, el salario actual no le permite ejercerla plenamente, impulsándola a buscar actividades que realmente generen ingresos. Como alternativa, se apunta a la expansión de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que ya superan las 16.100 aprobadas, intentando absorber parte de la demanda laboral en un contexto de profunda crisis económica.
