El Ministerio Público de la República Dominicana ha presentado una acusación formal y ha solicitado la apertura de un proceso de juicio contra 13 personas vinculadas a una sofisticada estructura criminal. Esta organización fue desmantelada previamente en el marco de la denominada Operación Discovery 3.0, la cual reveló un complejo sistema de fraudes digitales diseñados para despojar de sus ahorros a ciudadanos extranjeros.
De acuerdo con las autoridades, la red criminal utilizó diversas plataformas digitales para ejecutar estafas que afectaron a un total de 141 ciudadanos de los Estados Unidos, específicamente personas en edad de retiro. El impacto económico de estas acciones fue devastador para las víctimas, quienes habrían perdido una suma aproximada de 5 millones de dólares, según los datos proporcionados por el órgano acusador.
La Fiscalía ha detallado que la organización no solo se dedicaba a la estafa electrónica, sino que operaba bajo un esquema de crimen organizado y lavado de activos. Para lograr sus objetivos y ocultar el origen ilícito de los fondos, la estructura empleó una combinación de tecnología avanzada, la creación de empresas fachada, el uso de cuentas bancarias y la intervención de terceros para blanquear los beneficios obtenidos a través del engaño.
Los individuos acusados en este proceso son Kelvin Bladimir Vásquez Santana, Yliana María Cruz García, Bernardo Taveras Vélez, Jesús Manuel Castaños Colón, Adderly Antonio Polanco Báez, Juan Luis Naranjo Gómez, José Ramón López Tavárez, Luis Eduardo Méndez Ureña, Gipsy Pamela Castaños García, Ana Marleny Estévez Díaz, Justa Vélez Genao, Miguel José Rodríguez Grullón y Natasha Yaleidy Rodríguez de Naranjo.
Además de las personas físicas, el Ministerio Público ha extendido la acusación a cinco entidades jurídicas que habrían servido como soporte para las operaciones criminales. Estas empresas son Inversiones Dolores Santana Inverdosa, E.I.R.L., JLNG Terracell, S.R.L., Rodríguez Vásquez MK Comercial, S.R.L., INVERMEG, E.I.R.L. y Qemert Pro Technology, S.R.L.
La estructura criminal tenía su base de operaciones en la República Dominicana, concentrando gran parte de su actividad en la zona norte del país. Desde allí, mantenían conexiones constantes con diversas ciudades de Estados Unidos. Para captar a sus víctimas, la red utilizaba centros de llamadas clandestinos y aplicaba técnicas de "ingeniería social", suplantación de identidad e intimidación. Entre los métodos más agresivos utilizados se encuentran la "sextorsión" y las falsas representaciones, donde los estafadores se hacían pasar por autoridades oficiales o familiares de las víctimas, enfocándose principalmente en personas de edad avanzada debido a su vulnerabilidad.
Este proceso de investigación fue posible gracias a un esfuerzo coordinado entre las autoridades dominicanas y estadounidenses. El Ministerio Público destacó la cooperación fundamental del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos, así como el apoyo operativo de la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (Deicroi) de la Policía Nacional.
El expediente judicial detalla el ciclo del dinero obtenido mediante los fraudes. Una vez que los fondos eran capturados, se trasladaban hacia la República Dominicana a través de diversos canales, incluyendo transferencias bancarias, remesadoras, el uso de criptomonedas, intermediarios y terceros. Posteriormente, estos recursos eran introducidos en el sistema económico formal mediante la adquisición de bienes inmuebles, vehículos y la inversión en empresas, con el objetivo final de ocultar la procedencia ilegal del dinero.
La investigación financiera fue determinante para sustentar la acusación, ya que reveló movimientos económicos millonarios entre los miembros de la estructura, tanto personas físicas como jurídicas. Estos hallazgos evidenciaron un incremento patrimonial significativo durante el periodo comprendido entre los años 2022 y 2023.
Específicamente, las pesquisas identificaron transacciones que oscilaban entre los 12 millones y más de 120 millones de pesos. Asimismo, se hallaron registros financieros que superaban los 134.8 millones de pesos y acreditaciones bancarias que excedieron los 20 millones de pesos en un lapso inferior a un año. El Ministerio Público sostiene que estas cantidades no guardan consonancia con las actividades económicas ni con las fuentes de ingresos lícitos declaradas por los acusados, revelando una capacidad financiera que no pueden justificar razonablemente.
Finalmente, el órgano acusador recordó que los principales líderes de esta organización ya han sido extraditados a los Estados Unidos. Se trata de Óscar Manuel Castaños García, Joel José Cruz Rodríguez, Edward José Puello García y Gerardo Heriberto Núñez Núñez, quienes actualmente se encuentran enfrentando su proceso judicial ante un tribunal en Boston, Massachusetts.
