La tranquilidad que manifestó Claudio “Chiqui” Tapia a comienzos de este año ha quedado relegada frente a una compleja realidad judicial. Tras haber asegurado en enero que se encontraba tranquilo y que no estaba imputado, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se encuentra ahora alcanzado, junto a otros miembros de la conducción de la entidad, por al menos seis investigaciones judiciales que se desarrollan simultáneamente en Argentina y Estados Unidos. Las hipótesis que manejan los investigadores incluyen presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito, evasión tributaria y la apropiación indebida de tributos y aportes.
En el terreno internacional, la situación es delicada. Fiscales federales y agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos han establecido contacto con exempleados jerárquicos y exfuncionarios de la AFA. El objetivo de estas maniobras es reconstruir, bajo reserva, el funcionamiento de la estructura de decisiones y los circuitos financieros de la entidad liderada por Tapia y Pablo Toviggino.
Según se ha reconstruido, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha mostrado un interés particular en obtener el testimonio de Juan Pablo Beacon, quien se desempeñó como presidente ejecutivo del Consejo Federal de la AFA. Beacon fue, durante varios años, el lugarteniente de Toviggino y estuvo vinculado a operaciones financieras de la AFA que involucraron millones de dólares en transferencias desde y hacia territorio estadounidense. Asimismo, los investigadores buscan recabar información de Leandro Petersen, quien fue el responsable de las áreas de marketing y comercial de la organización.
En Argentina, el panorama judicial presenta múltiples frentes con distintas condiciones procesales para los implicados. En el fuero Penal Económico, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una denuncia contra la AFA por la presunta apropiación indebida de recursos de la seguridad social y tributos, cifra que asciende al menos a 19.000 millones de pesos. En esta causa, el juez Diego Amarante procesó a Tapia y a Toviggino, decisión que fue posteriormente confirmada por la Cámara de Apelaciones, dejando el camino expedito hacia un juicio oral.
Esta situación procesal tuvo consecuencias directas en la movilidad del presidente de la AFA. Tapia se vio obligado a solicitar una autorización judicial para poder viajar a Estados Unidos con el fin de presenciar el Mundial, mientras que Pablo Toviggino decidió permanecer en el país. Al regresar de su viaje, Tapia protagonizó un episodio confuso con las autoridades aeroportuarias en Nueva York, instancia en la que debió aclarar que el FBI no le había incautado su teléfono celular.
Paralelamente, en el fuero federal, se desarrolla una disputa de competencia que actualmente debe resolver la Corte Suprema de Justicia. La investigación versa sobre la propiedad de una mansión ubicada en Villa Rosa, Pilar, la cual se atribuye a Toviggino. Este expediente ha transitado por las manos de cuatro jueces diferentes: Daniel Rafecas, Marcelo Aguinsky, Adrián González Charvay y Verónica Straccia.
El proceso tuvo un impulso inicial en diciembre pasado con el allanamiento del predio de Pilar llevado a cabo por el juez Rafecas. Posteriormente, la Cámara Federal dispuso que la causa tramitara en el fuero Penal Económico bajo la órbita de Aguinsky, pero el juez federal de Campana, González Charvay, reclamó la competencia. Tras una serie de idas y vueltas judiciales y decisiones contradictorias en la Cámara Federal de Casación Penal, donde el juez Mariano Borinsky votó en sentidos opuestos, la definición final quedó en manos del máximo tribunal del país. Cabe destacar que González Charvay había incorporado a esta pesquisa la investigación del juez Luis Armella, vinculada con TourProdEnter.
A estas causas se suma una investigación impulsada por el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, quien solicitó la detención de Tapia y Toviggino bajo cargos de presunto lavado de activos y asociación ilícita. No obstante, dicho pedido no fue prosperado y ambos permanecen en libertad.
Finalmente, en la ciudad de Buenos Aires, Claudio Tapia ha quedado formalmente imputado en una causa por presunto enriquecimiento ilícito. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo más de 20 medidas de prueba para avanzar en la reconstrucción del patrimonio del dirigente, incluyendo el levantamiento de sus secretos bursátil, fiscal y bancario. En un giro llamativo, horas antes de ser imputado, Tapia rectificó su declaración jurada patrimonial, añadiendo casi 1.000 millones de pesos que no habían sido informados previamente. Al respecto, Gregorio Dalbón, abogado defensor de la AFA, justificó este hecho calificándolo como una “omisión material en una declaración administrativa”.
