El proceso judicial contra la influencer cubana Anna Sofía Benítez Silvente, ampliamente conocida en redes sociales como Anna Bensi, y su madre, Caridad Silvente, ha generado una fuerte reacción y condena por parte de legisladores de los Estados Unidos. Tras concluir la sesión en el Tribunal este jueves, la propia Bensi informó que tanto ella como su madre fueron declaradas culpables y sancionadas con una pena de dos años de limitación de libertad cada una.
La noticia de la sentencia provocó que los congresistas cubanoamericanos Carlos Giménez, María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart emitieran declaraciones contundentes denunciando lo que consideran un acto de represión política. El congresista Carlos Giménez, a través de una publicación en la red social X, calificó la condena impuesta por el gobierno cubano como "totalmente draconiana, inaceptable y cínica". Giménez fue enfático al señalar que el proceso judicial no fue un acto de justicia, sino que el "juicio" fue "todo un teatro", denunciando desde el Congreso de Estados Unidos una severa violación de los Derechos Humanos.
Por su parte, la congresista María Elvira Salazar puso el foco no solo en la sentencia, sino en el entorno de intimidación que rodeó el proceso. Salazar denunció que la Seguridad del Estado mantuvo una vigilancia activa sobre las casas de periodistas y activistas que intentaban brindar acompañamiento a la joven y a su madre durante el juicio en La Habana. Según la legisladora, este despliegue de vigilancia es una prueba de que, mientras el régimen cubano se derrumba debido a sus propios fracasos, la represión se convierte en la única herramienta que le queda para mantenerse.
Salazar destacó especialmente la figura de Anna Bensi, quien tiene apenas 21 años, presentándola como un ejemplo de resistencia frente a la intimidación. La congresista sostuvo que la joven representa la valentía de una gran cantidad de cubanos que se niegan a guardar silencio y a dejarse intimidar por el sistema. Para Salazar, voces como la de Anna se vuelven cada vez más fuertes a pesar de los intentos de silenciarlas.
En sintonía con estas denuncias, el congresista Mario Díaz-Balart calificó el proceso como una "farsa de juicio". Díaz-Balart reiteró la postura de Estados Unidos al afirmar que no se tolerarán las acciones de represión ejecutadas por una dictadura que describió como "decadente, corrupta y abusiva". El legislador subrayó que Anna Bensi y Caridad Silvente son representativas de la valentía de un pueblo que ha llegado al límite de su tolerancia frente a la represión de un régimen comunista que calificó de "fracasado e inepto".
Díaz-Balart lanzó una advertencia directa al gobierno cubano, asegurando que Estados Unidos no aceptará esta persecución política. Afirmó que los abusos cometidos no quedarán impunes y que aquellas personas que se encargan de reprimir, encarcelar e intimidar al pueblo cubano deberán rendir cuentas por sus acciones en el futuro.
Desde la perspectiva oficial, la Policía informó este jueves que el proceso penal contra Anna Bensi y su madre se fundamentó en el hecho de haber "quebrantado los límites legales". No obstante, esta justificación ha sido cuestionada por expertos legales. El abogado Alain Espinosa, perteneciente a Cubalex, aclaró en declaraciones a Martí Noticias que el acto de filmar a un funcionario público mientras este se encuentra en el ejercicio de sus funciones no constituye un delito.
Espinosa explicó detalladamente que documentar la actividad de un funcionario público con el fin de evidenciar cualquier posible delito o violación que este pueda cometer no es una infracción legal. El abogado señaló que este derecho está protegido específicamente por el artículo 326 de la Ley del Proceso Penal, lo que pone en duda la legalidad de los cargos utilizados para condenar a la influencer y a su madre.
